México debe investigar ataques contra defensores de derechos humanos en Chihuahua Human Rights Watch

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Un grupo de organizaciones mexicanas de derechos humanos elaboró un modelo de mecanismo de protección que cumple con estos requisitos y lo presentó ante las autoridades en octubre. Si bien el gobierno de Calderón afirma que trabaja actualmente en la formulación de un plan para el mecanismo de protección, aún no ha presentado ninguna propuesta ni ha convocado debidamente a las organizaciones de la sociedad civil a un proceso de consulta y diseño del mismo, afirmó Human Rights Watch.

México debe investigar ataques contra defensores de derechos humanos en Chihuahua

Los asesinatos y secuestros alertan sobre la necesidad de un mecanismo de protección a nivel federal

Febrero 23, 2011

(Washington, DC) - Las autoridades federales y de los estados deben impulsar una investigación imparcial y exhaustiva de los ataques perpetrados contra defensores de derechos humanos y sus familiares en el estado de Chihuahua, señaló hoy Human Rights Watch. Los ataques evidencian la necesidad de adoptar un mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos y la importancia de convocar a las organizaciones no gubernamentales para que participen en el diseño de este sistema, afirmó Human Rights Watch.

Durante los ataques más recientes, ocurridos el 15 y el 16 de febrero de 2011, las viviendas de las defensoras de derechos humanos María Luisa García Andrade y Sara Salazar, quienes trabajaban para la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fueron incendiadas en dos incidentes distintos.

"Al documentar abusos graves, los defensores de derechos humanos en Chihuahua asumen enormes riesgos para ellos y sus familias", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "¿Cuántos defensores más tendrán que ser amenazados, secuestrados o asesinados para que el gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar su seguridad?".

Los incendios de las viviendas han sido los últimos incidentes en una serie de ataques y amenazas recientes contra defensores de derechos humanos. Dos de los hijos de Salazar, Elías y Magdalena Reyes Salazar, así como la esposa de Elías, Luisa Ornelas, fueron secuestrados el 7 de febrero y aún se desconoce su paradero. El día que incendiaron su vivienda, García se encontraba con familiares de Salazar, quienes iniciaron una huelga de hambre para exigir justicia por los asesinatos y secuestros sufridos por la familia. Josefina Reyes Salazar, hija de Salazar y también defensora de derechos humanos, fue asesinada en enero de 2010. La hermana de García, Lilia Alejandra, fue violada y asesinada en febrero de 2001.

El 6 de enero, Susan Chávez, defensora de derechos humanos y poetisa, fue asesinada brutalmente en Ciudad Juárez. El 16 de diciembre de 2010, otra defensora de derechos humanos, Marisela Escobedo Ortiz, fue asesinada de un disparo frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, donde había iniciado una serie de protestas diarias para reclamar que se haga justicia en el caso de su hija, Rubí Marisol Frayre, quien fue asesinada en septiembre de 2008. Las investigaciones de las autoridades en general no han logrado identificar ni juzgar a los responsables de ninguno de estos ataques contra defensores de derechos humanos.

En junio de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas de protección en favor de García, Salazar y otros integrantes de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, así como a miembros del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, otra organización de derechos humanos en Chihuahua. Nuestras Hijas de Regreso a Casa fue fundada en 2001 por amigos y familiares de mujeres asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez y Chihuahua, y tiene por objeto "hacer que las autoridades y los diferentes niveles de gobierno asuman la responsabilidad en esta problemática que es grave y dolorosa". La misión del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, fundado en 2005, consiste en promover el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y exigir justicia para las mujeres de Chihuahua.

Pese a las medidas concedidas por la Comisión, representantes de ambas organizaciones informaron a Human Rights Watch que las autoridades federales y de los estados no han adoptado medidas adecuadas para brindarles protección. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos de la Mujer señaló que los reiterados pedidos presentados ante las autoridades para que protegieran las ventanas de sus oficinas con rejas e instalaran cámaras de seguridad habían sido ignorados, y que finalmente el Centro financió estas medidas con fondos propios. Afirmaron que el número telefónico para emergencias proporcionado por el gobierno del estado no funcionaba desde julio de 2010, cuando el actual gobernador César Horacio Duarte Jáquez inició su mandato.

Otros defensores de derechos humanos de Chihuahua dijeron a Human Rights Watch que pese a que presentaron varias denuncias de amenazas ante las autoridades, el gobierno no ha reforzado las medidas de protección. A fines de 2009, por ejemplo, alguien ingresó por la fuerza en la vivienda de García y dejó una nota que le advertía que si no abandonaba su trabajo a favor de los derechos humanos sería ejecutada. Si bien García es escoltada por agentes de la policía estatal, debido a estas amenazas y otras similares ha pedido reiteradamente a las autoridades que amplíen la protección a sus dos hijos y que instalen cámaras de seguridad afuera de su vivienda. Los abogados de su organización informaron a Human Rights Watch que habían presentado más de una decena de pedidos ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y la Procuraduría General de Justicia del Estado sin obtener ninguna respuesta, y que las autoridades recién habían intervenido luego del último ataque, cuando se incendió su vivienda.

Poco después del asesinato de Escobedo Ortiz en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exhortó a México a: "adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que fueran necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de los deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto incluye la necesidad de implementar una política integral y coordinada, respaldada con recursos adecuados, para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y sus víctimas reparadas".

Varios defensores de derechos humanos de Chihuahua dijeron a Human Rights Watch que los asesinatos y los demás ataques contra defensores de derechos humanos han despertado un profundo temor entre otros miembros de la sociedad civil y que, en consecuencia, algunos miembros de sus organizaciones han asumido un perfil más bajo durante las actividades públicas, tales como las protestas organizadas para exigir que se ponga fin a la impunidad por los asesinatos de mujeres. "Nos damos cuenta que tenemos que ser prudentes, que nuestro trabajo genera riesgos", dijo a Human Rights Watch una defensora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, un grupo de familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en Chihuahua.

Luego del ataque contra su vivienda, García ha decidido abandonar Chihuahua junto con su familia. García anunció su partida con las siguientes palabras: "el terror y el miedo invadió mi corazón ya que por primera vez vi de cerca la muerte, no sólo me preocupó mi vida sino me aterra la idea de que a mis niños les pueda pasar algo".

Human Rights Watch ha documentado en reiteradas oportunidades que las autoridades no han adoptado las medidas necesarias para proteger a defensores de derechos humanos que están en riesgo. En mayo de 2010, por ejemplo, Human Rights Watch envió una carta al Secretario de Gobernación de México para advertirle sobre la difícil situación que atravesaban defensores de derechos humanos que debieron abandonar Tijuana ante la falta de medidas de seguridad adecuadas. Al igual que otros tantos defensores de derechos humanos de Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también les había concedido medidas de protección, pero su implementación fue deficiente. Ante este problema sistemático, Human Rights Watch ha instado en varias oportunidades al gobierno federal a que establezca un mecanismo de protección efectivo para defensores de derechos humanos, y en una carta enviada en septiembre de 2010 ha instado al Presidente Felipe Calderón a priorizar el desarrollo de este mecanismo de protección.

"Un mecanismo de protección efectivo deberá incluir funciones de prevención, protección e investigación, ser de jurisdicción federal y contar con suficientes recursos e independencia", señaló Vivanco. "Si el gobierno tiene la intención de diseñar un mecanismo de protección que realmente funcione, las organizaciones de derechos humanos deberán participar en todos los aspectos de su diseño, implementación y seguimiento".

Un grupo de organizaciones mexicanas de derechos humanos elaboró un modelo de mecanismo de protección que cumple con estos requisitos y lo presentó ante las autoridades en octubre. Si bien el gobierno de Calderón afirma que trabaja actualmente en la formulación de un plan para el mecanismo de protección, aún no ha presentado ninguna propuesta ni ha convocado debidamente a las organizaciones de la sociedad civil a un proceso de consulta y diseño del mismo, afirmó Human Rights Watch.

"Los ataques contra defensores de derechos humanos en Chihuahua evidencian la necesidad urgente de que el gobierno de Calderón trabaje con la sociedad civil en la creación de un mecanismo que proteja a los defensores de derechos humanos y a sus familiares", afirmó Vivanco.

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