Articles

La Jornada; El operativo, "acto de intimidación" que debe esclarecerse, señalan ONG

07 de junio de 2011

El sacerdote católico Óscar Enríquez, director del centro, dijo que por tratarse de un “operativo anticonstitucional”, para amedrentar a los defensores de las garantías individuales, presentó quejas ante las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por abuso de autoridad, allanamiento de morada y daños.

Agentes buscaban a narcotraficante, justifica Seguridad Pública

El operativo, "acto de intimidación" que debe esclarecerse, señalan ONG

Miroslava Breach, Rubén Villalpando y Alfredo Méndez

Corresponsales y reportero

Periódico La Jornada

Martes 7 de junio de 2011, p. 13

Ciudad Juárez, Chih., 6 de junio. Organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales exigieron a autoridades estatales y federales esclarecer el cateo realizado por la Policía Federal (PF) a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez, y calificaron el operativo de "acto de intimidación" para los organizadores de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia y llegará a esta frontera el viernes próximo.

El sacerdote católico Óscar Enríquez, director del centro, dijo que por tratarse de un “operativo anticonstitucional”, para amedrentar a los defensores de las garantías individuales, presentó quejas ante las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por abuso de autoridad, allanamiento de morada y daños.

La ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, demandó a la fiscalía mexicana realizar una investigación exhaustiva e imparcial, luego de que a las 20:30 horas del domingo unos 20 agentes irrumpieron en las instalaciones del centro, el cual se caracteriza por su férrea defensa de las garantías de personas detenidas por militares durante operativos anticrimen.

Los uniformados revisaron archivos, rompieron con mazos ventanas y puertas y causaron daños en otras áreas del inmueble, en momentos en que colaboradores de dicho centro no se encontraba, por lo que fueron informados por vecinos de lo sucedido. "Los allanamientos sin orden judicial vulneran el derecho fundamental a la privacidad de los ciudadanos", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Representantes de ONG, entre ellas de la Asamblea Juarense por la Paz con Justicia y Dignidad, Mujeres por México, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, expresaron su repudio a lo que calificaron de "acto de intimidación" y demandaron garantías para los organizadores de la marcha.

Óscar Enríquez comentó que la versión de la PF sobre lo sucedido no tiene lógica ni credibilidad. Afirmó que cinco patrullas se colocaron frente a las oficinas –números 12427, 13972, 13943, 13748 y 10573–, pero más de 10 las participaron en el operativo, cuyos elementos acordonaron la zona.

Los argumentos de la policía

La PF justificó el operativo: "Se trató de una búsqueda posterior a una detención y de ninguna manera se llevó a cabo cateo alguno", aseguró la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en un comunicado.

La dependencia expuso que los agentes entraron al inmueble luego de que dos detenidos con drogas señalaron a un tercer hombre como el encargado de surtirles los narcóticos.

Según la versión oficial, la persona acusada fue ubicada en una calle cercana a las instalaciones del centro de derechos, pero el sospechoso detectó que la policía lo seguía y se introdujo al inmueble.

No obstante, los policías no lo encontraron, "a pesar de haber realizado una revisión exhaustiva", expuso la SSP. Sólo comentó que fueron arrestados David "N", de 16 años, y Alan Arzate Barrientos, de 23.

Agregó que del operativo "tomó conocimiento Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión de Derechos Humanos en Ciudad Juárez".