Documento preparado con motivo de la visita oficial a México de Rodrigo Escobar Gil, Relator para México y Relator Especial sobre personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 29 de septiembre de 2011

, por  acuddeh , popularidad : 6%

La decisión de desplegar a soldados mexicanos como una fuerza dominante en operaciones antidrogas (casi 50.000 en los últimos cuatro años y medio) no ha mejorado la seguridad en México. Al contrario, hasta mayo de 2011 aproximadamente 40,000 personas han sido asesinadas a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. El gobierno considera como principales responsables de la violencia a los grupos delincuenciales, eludiendo la responsabilidad de las policías locales y los militares en el número creciente de violaciones a los derechos humanos. El despliegue militar por todo el territorio no ha aminorado esta crisis de violencia sino que la ha incrementado. Desde que Felipe Calderón inició la estrategia de combate contra el narcotráfico, las quejas contra militares por violación de derechos humanos se incrementaron en más de 300 por ciento: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido denunciada en 1,415 ocasiones mediante quejas presentadas ante la CNDH. En 2010, la CNDH registró más de 1.600 denuncias de abusos a manos de miembros de las fuerzas armadas. La ausencia de un mecanismo efectivo para los operativos y responsabilizar a las fuerzas de seguridad por sus acciones cuando éstas violan derechos humanos perpetúa mayores abusos y mina la capacidad civil para confiar y colaborar con las instituciones de seguridad en la guerra contra cualquier tipo de crimen.

Contexto Nacional

México atraviesa por una difícil situación en materia de seguridad pública. De facto, hay una ausencia del estado en varias regiones del país y la situación de los derechos humanos se ha degradado considerablemente. La estrategia de combate al narcotráfico iniciada con el gobierno de Felipe Calderón está basada en el despliegue de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública y la reforma del sistema nacional de seguridad pública. Esta estrategia no está dando resultados y tiene al país sumido en una espiral de violencia.

La decisión de desplegar a soldados mexicanos como una fuerza dominante en operaciones antidrogas (casi 50.000 en los últimos cuatro años y medio) no ha mejorado la seguridad en México. Al contrario, hasta mayo de 2011 aproximadamente 40,000 personas han sido asesinadas a causa de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. El gobierno considera como principales responsables de la violencia a los grupos delincuenciales, eludiendo la responsabilidad de las policías locales y los militares en el número creciente de violaciones a los derechos humanos. El despliegue militar por todo el territorio no ha aminorado esta crisis de violencia sino que la ha incrementado. Desde que Felipe Calderón inició la estrategia de combate contra el narcotráfico, las quejas contra militares por violación de derechos humanos se incrementaron en más de 300 por ciento: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido denunciada en 1,415 ocasiones mediante quejas presentadas ante la CNDH. En 2010, la CNDH registró más de 1.600 denuncias de abusos a manos de miembros de las fuerzas armadas. La ausencia de un mecanismo efectivo para los operativos y responsabilizar a las fuerzas de seguridad por sus acciones cuando éstas violan derechos humanos perpetúa mayores abusos y mina la capacidad civil para confiar y colaborar con las instituciones de seguridad en la guerra contra cualquier tipo de crimen.

Las Fuerzas armadas no se han limitado a actuar como apoyo a las policías y autoridades civiles sino que han asumido las tareas que les corresponden a éstas. El Ejército patrulla las calles e instaura retenes y controles de revisión, se encarga de desmantelar centros de distribución de drogas y de realizar arrestos y cateos sin que necesariamente se cuente con la orden de aprehensión correspondiente. En varias ciudades y estados del país han asumido tareas de investigación de crímenes y la custodia de individuos detenidos, así como el control de unidades policíacas. En este proceso de militarización se observa de manera creciente la presencia de militares como titulares de las Secretarías de Seguridad Pública estatales o de las diferentes corporaciones policíacas.

Este panorama de inseguridad descrito se da en un contexto donde persiste la impunidad, que afecta en especial a los derechos humanos situación que se ha acrecentado en los últimos años. La población, especialmente los grupos vulnerables y quienes viven en zonas marginales, percibe generalmente el sistema de justicia como algo distante y ve en sus operadores a figuras alejadas a las que no se puede acceder con facilidad; mujeres, pueblos indígenas, migrantes, jóvenes, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas son víctimas constantes de un sistema que los discrimina sistemáticamente.

El sistema de justicia en México ha sido señalado como deficiente en numerosas ocasiones, tanto por organizaciones no gubernamentales como por organismos de Naciones Unidas o el Sistema Interamericano. Muchas de esas deficiencias no son atribuibles a factores económicos, ni siquiera a los problemas de seguridad que vive el país; por el contrario, podemos asegurar que estas deficiencias son derivadas de falta de voluntad política y vicios históricos que han dado como resultado una cultura de impunidad. Prueba de ello es la aplicación del nuevo sistema de justicia, que no se está llevando a cabo de manera efectiva. Falta voluntad política para combatir el alto nivel de corrupción que caracteriza a las instancias de procuración y administración de justicia e impulsar cambios necesarios para revertir esta situación.

Asimismo, la concepción que sobre la seguridad subyace a esa estrategia ha repercutido en el impulso de diversas reformas legislativas relacionadas con este tema, en el plano federal, que implican serias amenazas respecto de la vigencia de los derechos humanos en México. Ejemplo de ello es la discusión sobre la Ley de Seguridad Nacional y la iniciativa de reformas relativas a la procuración y administración de justicia militar que pretende eliminar la competencia del fuero militar tan sólo en tres delitos: desaparición forzada, tortura y violación, con la engañosa pretensión de cumplir las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto, a pesar de la emisión de diversas sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los esfuerzos de las organizaciones y víctimas, los avances en las investigaciones por parte de las autoridades federales son nulos.

Ejemplo de ello, son las dos sentencias condenando al Estado Mexicano en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, por la violación sexual y tortura que sufrieron ambas mujeres indígenas en el año 2002, así como por la detención arbitraria, violaciones al debido proceso y falta de investigación por tortura en el caso de los Campesinos Ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Los dos casos referidos se enmarcan en los abusos cometidos por miembros del Ejército en el estado de Guerrero y tienen varios rasgos en común, en particular, la impunidad absoluta en la que han permanecido por años al haber sido remitidas las investigaciones al fuero militar, en el cual a la fecha, permanecen sin avances y con preocupación por las actuaciones llevadas a cabo por parte del Ejército Mexicano.

En la medida que ambas sentencias llaman la atención sobre fallas estructurales del Estado mexicano, es de trascendencia que al momento de llevar a cabo la implementación, se atiendan las prioridades de las víctimas abordando cada uno de los aspectos para atacar esas fallas de manera efectiva. Asimismo, con dichas sentencias, se presenta un momento histórico propicio para profundizar en temas fundamentales de la agenda actual de derechos humanos en México y para ordenar, con carácter legalmente vinculatorio, las reparaciones necesarias para revertir los patrones mencionados.

En este panorama, se presentan en el plano nacional algunos avances paulatinos. Tal es el caso de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, que después de muchos años cristalizó algunas de las demandas más añejas de la sociedad civil respecto de la constitucionalización de los derechos humanos, si bien en el proceso quedaron fuera otras demandas igualmente centrales. También es el caso, por ejemplo, de la reforma del juicio de amparo, promulgada el 3 de junio, que simplificaría el funcionamiento de esta herramienta legal cuando se materialice la expedición de la nueva ley reglamentaria, y que podría generar un círculo virtuoso al engarzarse con la reforma en materia de derechos humanos, y representar un avance hacia la justiciabilidad de los derechos.

Para seguir leyendo puedes bajar el archivo.

Ver en línea : Documento preparado con motivo de la visita oficial a México de Rodrigo Escobar Gil, Relator para México y Relator Especial sobre personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Navegar por las

AgendaTous les événements

septiembre de 2018 :

Nada para este mes

agosto de 2018 | octubre de 2018