PROCESO; 1843; Sección: Narcotráfico; 26 febrero 2012: Toda la estructura de seguridad, infiltrada 27 de febrero de 2012

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Toda la estructura de seguridad, infiltrada

La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al
descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del
Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de
Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y
municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.

Proceso: 1843

Sección: Narcotráfico

26 febrero 2012

Toda la estructura de seguridad, infiltrada

Arturo Rodríguez García

La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no
pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora general
Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por
asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo los capos de ese cártel.
Así lo muestra un expediente judicial en el que se describe –con detalles, nombres y montos
de sobornos– cómo los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo
protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes,
pagadores y hasta sicarios.

La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al
descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del
Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de
Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y
municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.

A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más
de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad
federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye insistentemente a policías
e instituciones locales.

De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas
el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que
denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR
cargamentos de droga.

La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban
y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos
les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas
Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera temporal a combatir al narco.

Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se
encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que
estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las
anónimas.

En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la
narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno
estatal para mantener a salvo su estructura.

En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó
como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado del
secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.

La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior
Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida
desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de
febrero.

La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al
comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz
Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas
después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue
llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los
Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión.

El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate
frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia
dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin precedente
en el combate que estamos dando contra los agentes federales de investigación, contra los
ministerios públicos, contra quien sea en cualquier nivel (que sean corruptos)”.

Morales adelantó que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación.
Sin embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de los elementos ya
mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.

En cuanto a la corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del
Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han dado casos
excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los valores que ennoblecen al
instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada”.

Esos “casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor
violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos
documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas
por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Ojinaga, así como la
implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora,
el caso del 69 Batallón de Infantería, radicado en Saltillo.

Poder corruptor

Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011
revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta
Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán,
quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a
Guanajuato.

Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando
testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada
tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y Gerardo
Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.

Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave
confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación
mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaraciones de
los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y confiable, por haber
sido de utilidad para la captura de otros integrantes de Los Zetas”.

En su declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos,
a los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián
Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros, que sólo
obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.

Los Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier
Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia Cárdenas
y Evencio Castillo Castro.

Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar
Alejandro Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar
las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.

Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien
presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con la
organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina. Los soldados detenidos se
acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un
teniente de apellido Hoyos.

A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y
Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los sargentos
Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé Juárez Cuéllar, los
soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.

En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en
efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos
asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del
batallón.

“Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se
encargaba de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de Los Zetas,
ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en Saltillo,
Monclova y Torreón”, declaró Treviño. Añadió: “Tengo conocimiento de que el Rumbo y
su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), levantaron a tres
personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de
Monclova, porque le habían puesto el dedo a Los Zetas”.

El martes 21, el diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la
causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está
relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y portaba un
radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.

Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y
celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y montos a la
PGR, por lo que el general ordenó matarlo.

Narcosueldazos

Las declaraciones de Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis Jesús
Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y
Nuevo León. Ante el Ministerio Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005
como encargado de las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño
Morales, L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se integró a
“la operativa”, es decir, a la escolta de L-40 y de su hermano Omar Treviño Morales ( L-
42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y
Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los Zetas, luchaba por el control de
Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán
Leyva, El Barbas, asesinado en Cuernavaca.

En 2007 Sarabia fue enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir como “tranca” o
encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo
convirtió en jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo
también como jefe de plaza, pero para entonces “ya formaba parte de la polla”, es decir,
invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares mensuales. Según el
testigo, la clave L seguida de un número se asigna a quienes responden al mando de Nuevo
Laredo.

En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sérpico
asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos
mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30
mil. Además se les regalaban costosos vehículos.

Para identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres letras”.
Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la
PGR en Saltillo, Claudia González López.

Cuenta Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –
que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100 mil
pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán
(con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco
agentes del ministerio público y la subdelegada.

En febrero de 2010 la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se encontraron
con Sarabia y El Gerry en la agencia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la
funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de doble cabina.
Los vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconómina, se
entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en la
colonia Topochico.

Y contra la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está
implicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil
pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a quien conocían desde
2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González Nava, este
último responsable estatal de la AFI, radicado en Torreón y quien recibía 600 mil pesos
mensuales para repartirlos entre los policías asignados a Coahuila. Según Sarabia, así los
jefes de su grupo delictivo andaban por el estado sin ser molestados.

Además, los elementos de la PGR y la AFI debían liberar mercancías vehículos y armas
aseguradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los zetas detenidos,
informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir
la información enviada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El
Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos para
dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con Sarabia y otros
zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la
plaza de Nuevo Laredo.

No fue posible liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la
Ciudad de México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo
ocurrido y liberar el soborno retenido.

El capitán Valbuena

Los cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán
Jorge Luis Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo León. De
acuerdo con Sérpico, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y
empezó a entregarle la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de Sérpico y
abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en Monterrey.

Escorpión afirma que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la
nómina para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.

El mismo testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique
González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en
enero de 2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos zetas le
entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales
durante su estancia en los dos estados.

Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de
ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes detenidos,
pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que Valbuena
dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, donde escapó, haciéndose pasar por
muerto, tras una balacera contra militares en 2010.

El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia
de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la
autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la
altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus
cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.

Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de
México, de la PF y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito
Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehículos, vuelos,
horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de los operativos federales en la
zona.

El capitán también “resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las
carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos
para él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la corporación se
encuentra comprometida con Los Zetas”, señala Escorpión.

Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres
rotulados con los nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le atribuye al capitán el
robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009,
tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como el
Comandante Chabelo.

La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y
vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así
como tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene como
destino el Distrito Federal.

Según Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de
contrabando mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un
proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de
ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de gasolinas en
Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le entregaba al ahora testigo
protegido una pipa grande de tres ejes al mes.

Los Torres Charles

Por la información de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León
operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y
municipales en presencia de representantes de Los Zetas. Uno de los individuos que así
recibía su soborno era el “Licenciado Muñoz”, enlace con el gobierno estatal.
En Coahuila el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero
Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a mediados de 2008
fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de
Saltillo.

El Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que
consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros
oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las
jefaturas de seguridad pública municipales. Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de
febrero de 2010: “Todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados,
después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La
mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus
órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.

Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares
que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder,
viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su “jefe moral” era el
entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera,
hoy inspector y contralor general de la Sedena.

Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras
acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el
hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo después en
otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue
designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo
callejero en Cancún.

Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la
escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las instalaciones de
la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones
de los testigos protegidos se desprende que Pepito Sarabia le entregaba 500 mil pesos
mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de
regalarle una camioneta Cherokee.

Otro implicado era Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo,
quien pagaba la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de
diciembre con su hijo de 12 años.

Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del
exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador en los años
noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual
gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.

Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo.
Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil
dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.

El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la
corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Calderón a
Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el cargo desde 2010.

Pese a estos antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que
llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna
indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de desaparición
forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde
mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen
justicia.

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