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FNLS-OCEZ: Chiapas

28 de febrero de 2012

Martes 28 de febrero de 2012, por acuddeh

El 14 de febrero se efectuó un operativo policiaco en nuestra contra, que dejó como saldo compañeros golpeados, 4 detenidos sin orden judicial Eleazar Cruz Cruz, Rodolfo Pérez Espinoza, las compañeras Alicia Sántiz López, Blanca Estela Albores Gómez; tres unidades retenidas, dos tipo tsuru y uno tipo sentra.

Exigimos al gobierno:

· La cancelación de las órdenes de aprehensión.

· La entrega de las tres unidades tipo tsuru, retenidas por la policía estatal en el operativo y una unidad tipo sentra.

· La entrega de concesiones o permisos para poder laborar como transportistas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 28 de febrero de 2012.

A los medios de comunicación y medios alternativos de comunicación.

A los organismos defensores de los derechos humanos.

A las organizaciones sociales, políticas, democráticas e independientes.

A la opinión pública.

El 14 de febrero se efectuó un operativo policiaco en nuestra contra, que dejó como saldo compañeros golpeados, 4 detenidos sin orden judicial Eleazar Cruz Cruz, Rodolfo Pérez Espinoza, las compañeras Alicia Sántiz López, Blanca Estela Albores Gómez; tres unidades retenidas, dos tipo tsuru y uno tipo sentra.

El operativo fue promovido por los caciques dueños de las concesiones de autotransporte en Altamirano y Ocosingo, en contubernio con el gobierno de Juan Sabines.

El operativo policiaco es la más reciente acción violenta represiva del gobierno en nuestra contra, ya que anteriormente se vino preparando por parte de algunos funcionarios del gobierno, y los caciques de Altamirano y Ocosingo, Lic. Rubén García Matus (Subsecretario de Gobierno Región XII Selva Lacandona), Manuel Morales Vázquez (Delegado de gobierno), Lic. Manuel Núñez García (Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo).

Documentos que nos incriminaran y nos hacen ver como delincuentes; para ello iniciaron varias averiguaciones previas acusándonos a nosotros de supuestos delitos, actos que validaron los ministerios públicos de Altamirano y Ocosingo.

A ello se sumó la campaña mediática de desprestigió a través del periodista Juan Sánchez, quien en todo momento dio voz a los caciques, tergiversando las cosas, actuando de manera parcial y negándonos el derechos de réplica, ya que no retomaba la información que nosotros emitíamos.

En una nota de prensa publicada el miércoles 15 de febrero, el diario cuarto Poder firmada por el corresponsal Juan Sánchez se lee “Cuatro detenidos en un operativo” como encabezado, en la que el periodista afirma que durante el operativo realizado el 12 de febrero a las siete de la mañana en la comunidad de Santa María Las Flores, se detuvieron a 4 personas y cuatro vehículos piratas por parte de la policía; donde “la reacción de la comunidad… fue retener a dos operadores políticos de la Delegación de Gobierno”, y “se presume que podrían estar…en la comunidad de Las Perlas”.

Negamos categóricamente que se hayan detenido a los operadores políticos de la Delegación de Gobierno y el señalamiento de que pudieran estar en la comunidad de Las Perlas, constituye una mentira que solamente alienta la perversa intención de invadir mediante un operativo policiaco-militar a la comunidad de Las Perlas, donde se encuentran compañeros integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS).

La nota prosigue mencionando que “…las combis concesionadas de los indígenas pertenecientes a la organización de transportistas Santa María El Quetzalito, no pudieron ser recuperadas”.

Aclaramos que el gobierno del estado a través de la Secretaría de comunicaciones y transportes, se han negado a proporcionarnos las concesiones a petición de los caciques de la región Ocosingo y Altamirano quienes en distintas ocasiones han realizado constantes agresiones y hostigamiento a nuestros compañeros; y que el escrito solo confunde y tergiversa la información y los hechos que han estado suscitando.

Al día siguiente en el mismo diario se publica la nota “Operativo policiaco genera calma en vía” firmada por Juan Sánchez en la que se señala que los compañeros de la comunidad de Santa María Las Flores de “establecer un paso de cuota” con “cobros de 20 pesos”,”…lo que significa que están retando al gobierno de medir fuerzas, para ver quien aguanta más”.

Las declaraciones constituyen otra mentira, ya que los que se ha hecho en la comunidad de Santa María Las flores es realizar la difusión del problema a través del volanteo en la carretera, como forma de sensibilización de la población del problema que se está padeciendo por las actitudes del gobierno al proteger los intereses de sus amigos que tienen las concesiones en Ocosingo y en Altamirano.

Esta nota publicada se hace de manera dolosa que solamente justifica la consecuente represión hacia nuestros compañeros a través del uso de la fuerza pública en nombre del estado de derecho.

Preguntamos al corresponsal Juan Sánchez, ¿qué pretende al publicar estas notas, acaso nuestros compañeros que necesitan un trabajo merecen un trato cruel y degradante con el empleo de las fuerzas policiacas?

El encarcelamiento injusto de nuestros compañeros se terminó el 23 de febrero, pero nuestras compañeras y compañeros fueron obligados por autoridades judiciales de Palenque a firmar documentos en contra de su voluntad. Documentos que incriminan a todos los que estábamos luchando por poder trabajar como transportistas. De esa manera es que nuestros compañeros salen bajo fianza, en la que tienen que estar firmando cada semana en el Juzgado de Playas de Catazajá.

En la cárcel nuestros compañeros fueron objeto de burlas, amenazas, intimidaciones, tortura psicológica, violaciones a sus derechos humanos y constitucionales. El encarcelamiento injusto es muestra el actuar represivo y demagógico del gobierno de Sabines, ya que públicamente hizo alarde en los medios de comunicación masiva, oral, visual y escrita, de haber eliminado el arraigo en Chiapas, pero en la práctica a personas que tienen la necesidad de trabajar, los reprimen, encarcelan y aplican el arraigo como forma para obligarlos a desistir de sus peticiones y necesidades.

A todas estas agresiones hemos dado parte a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para su conocimiento e intervención (anexamos copia).

El actuar represivo y la judicialización como respuesta a un problema social como es el desempleo, por parte del gobierno viola constantemente los derechos humanos y constitucionales. Viola los pactos internacionales contraídos por México en materia de derechos humanos como los Derechos Económicos, Sociales y culturales, ya que el Estado, a través de la figura del gobernador del estado no garantiza “el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado…”

Ante el gran desempleo que existe y que se acrecienta debido a las crisis económicas recurrentes, hemos optado por emplearnos como transportistas, pero son los caciques de Altamirano y Ocosingo en coordinación con el gobierno del estado quienes se oponen y actúan en contra de esta petición.

Por ello, responsabilizamos:

Al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, al secretario de gobierno Noé Castañón León, a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Lic. Rubén García Matus (Subsecretario de gobierno región XII Selva Lacandona), C.P. Manuel Morales Vázquez (delegado de gobierno), Lic. Manuel Núñez García (Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo), a Walter Irecta presidente del grupo de autotransporte “Laguna Miramar”, al periodista Juan Sánchez, de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros antes mencionados y de quienes forman parte de nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

Hacemos el llamado a los organismos defensores de los derechos humanos a que dirijan sus atenciones a este problema, y sus llamamientos al gobierno del estado para la solución del problema.

Solicitamos públicamente la audiencia con el gobierno del estado para ir dando cauces a la problemática, de manera que se generen las condiciones para las actividades laborales de todos los que necesitamos el trabajo.

Exigimos al gobierno:

· La cancelación de las órdenes de aprehensión.

· La entrega de las tres unidades tipo tsuru, retenidas por la policía estatal en el operativo y una unidad tipo sentra.

· La entrega de concesiones o permisos para poder laborar como transportistas.

¡POR NUESTRO DERECHO A TRABAJAR, ALTO A LA REPRESIÓN!

UNIÓN DE TRANSPORTISTAS “EL QUETZALITO”-FNLS.

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

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