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Apro; Preocupa a la ONU situación de riesgo de activistas en México

Martes 6 de marzo de 2012, por acuddeh

La relatora de ONU resaltó que México no es ajeno a un contexto prevaleciente en América Latina, caracterizado por
constantes ataques a los defensores de derechos humanos, los que incluyen “asesinatos, agresiones, hostigamientos, amenazas y estigmatización por parte de autoridades y agentes no estatales, los que impiden a los activistas llevar a cabo su legítima labor”.

Preocupa a la ONU situación de riesgo de activistas en México

Gloria Leticia Díaz

5 de marzo de 2012 ·

MEXICO, D.F. (apro).- Los riesgos que enfrentan los activistas en México, entre ellos asesinatos, agresiones, hostigamiento, amenazas y estigmatización, así como desprotección a su labor por parte del gobierno, son temas de preocupación para Naciones Unidas (ONU), destacó la relatora especial sobre la situación de defensoras y defensores del organismo, Margaret Sekaggya.

La relatora especial aseguró, en video conferencia desde Ginebra, Suiza, que en su gestión y en administraciones previas han enviado “continuos comunicados y peticiones al gobierno mexicano y autoridades del más alto nivel para dar la mayor protección a los defensores y dar mayor atención a la creciente impunidad en torno a las violaciones de derechos humanos” de los activistas.

Al presentar el reporte Comentarios a la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Margaret Sekaggya recordó al gobierno de Felipe Calderón su responsabilidad de “proteger a los defensores ante cualquier violación de sus derechos y amenazas a su vida (…), de proveerles de cualquier recurso ante cualquier tipo de amenaza contra su vida”.

También hizo un llamado a “reconocer el trabajo de los defensores de derechos humanos”, y diseñar un programa de protección a los activistas, el cual integre los parámetros descritos en la informe presentado este lunes 5.

La relatora de ONU resaltó que México no es ajeno a un contexto prevaleciente en América Latina, caracterizado por
constantes ataques a los defensores de derechos humanos, los que incluyen “asesinatos, agresiones, hostigamientos, amenazas y estigmatización por parte de autoridades y agentes no estatales, los que impiden a los activistas llevar a cabo su legítima labor”.

En el acto, el secretario general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Gerardo Gil Valdivia, puntualizó que, de 2005 a 2011, el número de quejas por agresiones a defensores de derechos humanos creció exponencialmente.

Explicó que en 2005, fecha de creación del programa de agravios a defensores y periodistas, el organismo público documentó 21 quejas; en 2010, la cifra de reportes ascendió a 48 y, un año después, sumaron 158 quejas, de las que 59 correspondieron a denuncias por agresiones a defensores civiles de derechos humanos.

El funcionario de la CNDH precisó que en 2011 la oficina encargada de atender a defensores y periodistas dio seguimiento a ocho casos y otorgó 16 medidas cautelares; además, emitió cuatro recomendaciones por agresiones a defensores en Coahuila, Oaxaca y Baja California.

Pero la cifra de agravios es mayor, apuntó Gil Valdivia, si se toma en cuenta que en esos seis años el número de expedientes abiertos –que no siempre se traducen en quejas porque el agraviado no da seguimiento— se ubicó en 523, de los que resaltan 27 asesinatos a defensores.

En el acto, la defensora Malú García Andrade, hija de Norma Andrade, ambas fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, denunció la indiferencia de la Secretaría de Gobernación (Segob) para proporcionarle medidas de seguridad, toda vez que desde el año pasado se vio obligada a huir de Ciudad Juárez, Chihuahua, para proteger su vida.

Con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictadas desde 2008, García Andrade salió huyendo de la ciudad fronteriza después de que desconocidos quemaran su casa el 16 de febrero de 2011, en el décimo aniversario del asesinato de su hermana, Alejandra García Andrade.

En la sesión de preguntas y respuestas, García Andrade hizo la denuncia en presencia de una funcionaria de la Unidad para la Promoción de Derechos Humanos de la Segob, Gabriela Galvani, quien acudió en representación de la titular, Omehira López Reyna.

La activista sostuvo que la indiferencia de las autoridades federales para concretar medidas de protección dictadas por instancias internacionales “nos han puesto en mayor riesgo, tanto que mi madre (Norma) sufrió dos atentados a su vida y, como yo, también ha tenido que salir huyendo de Juárez, sin que hasta ahora la Segob nos haya recibido para explicarnos cómo va a asumir su responsabilidad”, acusó.

Luego de la denuncia, la funcionaria de Segob informó que Malú García sería recibida por López Reyna el próximo viernes 9, aunque pidió a la defensora “no dar detalles de su expediente porque es confidencial”.

Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Agnieszka Raczinska, secretaria técnica de la Red Todos los Derechos para Todos (Red TDT), manifestaron su indignación, pues mientras en los foros internacionales los representantes de México presumen el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, así como de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, persiste la violencia y la impunidad contra los activistas y comunicadores.

Álvarez Icaza alertó que en este año la situación para los defensores tenderá a agravarse, pues “la atención de los actores políticos y del Estado va a estar enfocada en el proceso electoral”, y reclamó que sólo se haya presupuestado para el mecanismo 2.5 millones de pesos, recursos “que no sirven para dar garantías de seguridad ni a un defensor”.

Por su parte, la secretaria técnica de la Red TDT destacó las dificultades para materializar el mecanismo de protección a defensoras, y la falta de interés de autoridades federales para coordinarse con sus similares de los estados.

Y también tachó de “absurdo” que uno de los pretextos para no ejecutar los mecanismos de protección sea la no existencia de convenios entre instituciones federales para dar seguridad a los defensores.


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