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AI; México: Continúan los ataques a la libertad de expresión con el homicidio de seis periodistas

23 de mayo de 2012

Miércoles 23 de mayo de 2012, por acuddeh

Asimismo siguen sin entrar en vigor las reformas constitucionales que permiten la investigación federal de delitos cometidos contra periodistas.

“Las autoridades estatales y federales mexicanas deben redoblar sus esfuerzos para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos y acabar con los homicidios selectivos, que representan una grave amenaza a la libertad de expresión”, ha dicho Knox.

“La nueva ley no valdrá ni el papel en que está impresa si no viene acompañada de un esfuerzo serio y coordinado sobre el terreno para proteger a las organizaciones de medios de comunicación y activistas de derechos humanos de México que cada vez más son blanco de ataques.

México: Continúan los ataques a la libertad de expresión con el homicidio de seis periodistas

Seis periodistas han sido asesinados en México en menos de un mes, lo que pone de manifiesto la incapacidad que siguen demostrando las autoridades para defender la libertad de expresión protegiendo a las plantillas de los medios de comunicación de las amenazas y los actos violentos de que son víctimas por desempeñar su trabajo.

El viernes, el cadáver mutilado de Marco Antonio Ávila García, de 39 años, experimentado periodista especializado en sucesos, fue hallado dentro de una bolsa de basura tirada en una cuneta en el estado de Sonora, al noroeste del país. Fue secuestrado el día anterior en un taller de lavado de Ciudad Obregón, donde residía y trabajaba para dos periódicos.

La muerte de Ávila se produjo unos días después de que se encontrase a un ex periodista muerto en el maletero de un vehículo en la ciudad mexicana de Cuernavaca, en el centro del país, y dos semanas después de que se hallaran en el estado de Veracruz, al este del país, los cadáveres mutilados de tres periodistas. El 28 de abril también fue hallada asesinada en su domicilio de Xalapa, Veracruz, una corresponsal de la publicación semanal Proceso.

“Esta nueva oleada de homicidios de trabajadores de medios de comunicación debe servir de llamada de atención a las autoridades mexicanas, que deben adoptar más medidas para proteger a los periodistas que corren peligro por desempeñar su labor”, ha declarado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.

“Las autoridades rara vez identifican o ponen a disposición de la justicia a quienes perpetran ataques contra periodistas, lo que crea un clima de temor y vulnerabilidad entre quienes son lo bastante valientes para seguir con su labor. Resulta de vital importancia que se lleven a cabo de inmediato investigaciones exhaustivas e imparciales sobre cada uno de estos casos, utilizando incluso nuevas atribuciones de investigación federales, a fin de garantizar que los autores son puestos a disposición judicial.”

Según el portavoz de la Procuraduría del estado de Sonora, la policía encontró junto al cadáver de Marco Ávila una nota firmada por un cártel de la delincuencia organizada, pero el contenido de la misma no se ha hecho público.

El 13 de mayo, unos días antes del secuestro y la muerte de Marco Ávila, se encontró en Cuernavaca, al sur de Ciudad de México, el cadáver del ex periodista René Orta Salgado, al que habían estrangulado y metido en el maletero de su vehículo. En enero Salgado había abandonado el periódico El Sol.

El 3 de mayo, la policía halló los cadáveres de tres fotógrafos y el trabajador de un periódico en Boca del Río, en el estado de Veracruz, situado en el Golfo de México, al este del país.

Los tres fotógrafos —Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez— estaban todos especializados en informar sobre asuntos relacionados con la policía y la delincuencia organizada. Los nombres de los tres aparecían en una lista negra divulgada el año pasado por un grupo criminal organizado. También se halló muerta a Irasema Becerra, administrativa en un periódico que mantenía una relación con Luna.

Varios días antes, el 28 de abril, fue asesinada en Xalapa, capital del estado, la corresponsal de la revista Proceso Regina Martínez. También había llevado a cabo investigaciones sobre redes criminales y corrupción política.

Los últimos homicidios son la continuación de la actual oleada de violencia contra periodistas de todo México desencadenada en el contexto de la lucha del gobierno contra los grupos criminales organizados que se ha cobrado la vida de más de 50.000 personas en los últimos cinco años.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, desde el año 2000 han sido asesinados en el país 81 periodistas y 14 más se encuentran desaparecidos. Los autores rara vez son puestos a disposición judicial.

El grave riesgo que corren las vidas de los periodistas ha llevado a algunas organizaciones de medios de comunicación a dejar de informar del todo sobre la delincuencia organizada —entre otros, el periódico El Mañana de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, al norte del país, que anunció su decisión de autocensurarse después de que a principios de este mes tirotearan sus oficinas—.

El 14 de mayo, un grupo de cuatro expertos sobre libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración por la que instan a las autoridades mexicanas a actuar con presteza para acabar con la amenaza constante a que están expuestos periodistas y defensores de los derechos humanos.

Amnistía Internacional también ha instado en repetidas ocasiones a las autoridades mexicanas a adoptar más medidas para garantizar que se protege la libertad de expresión, entre las que se incluye aplicar la nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue aprobada en marzo por la Cámara de Diputados Federal de México, pero que aún no ha sido firmada por el Presidente.

Asimismo siguen sin entrar en vigor las reformas constitucionales que permiten la investigación federal de delitos cometidos contra periodistas.

“Las autoridades estatales y federales mexicanas deben redoblar sus esfuerzos para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos y acabar con los homicidios selectivos, que representan una grave amenaza a la libertad de expresión”, ha dicho Knox.

“La nueva ley no valdrá ni el papel en que está impresa si no viene acompañada de un esfuerzo serio y coordinado sobre el terreno para proteger a las organizaciones de medios de comunicación y activistas de derechos humanos de México que cada vez más son blanco de ataques.


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