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CENCOS; Constatan que el Estado mexicano sigue permitiendo la impunidad de la violencia extrema hacia migrantes y defensores

Sábado 16 de junio de 2012, por acuddeh

Por lo anterior, recomendamos:

Que en el marco de la Ley de Migración, se implementen de manera inmediata acciones de protección para migrantes en México y se ofrezcan garantías a las organizaciones civiles para el desarrollo de sus labores humanitarias y de protección de los derechos de las personas migrantes.

Que el próximo gobierno asuma como prioridad la ejecución de una política migratoria integral y garantice la seguridad y protección para defensores y defensoras de migrantes.

Que se garantice la adecuada aplicación de las medidas cautelares, para lo cual las autoridades deben facilitar un proceso claro y transparente de concertación de las medidas de protección que resulten oportunas, idóneas y eficaces para atender los riesgos específicos de los defensores de migrantes.

La más pronta promulgación e implementación eficaz de la ley de protección a defensores y periodistas, lo que implica agilizar la conformación de los órganos previstos por la ley, la expedición de los reglamentos y protocolos y la definición del presupuesto adecuado para su funcionamiento.

Que la Procuraduría General de la República impulse las investigaciones penales para establecer la responsabilidad y la sanción de las amenazas y violaciones de los derechos de los migrantes y de los defensores, como la forma más eficaz de prevenir tales hechos y proteger a las personas en riesgo.

Que ante reiteradas denuncias de funcionarios públicos de colusión con el crimen organizado o de comisión de abusos contra defensores de derechos de migrantes, las autoridades gubernamentales adopten decisiones de suspensión o separación del cargo de tales funcionarios.

Que el gobierno federal promueva activamente el compromiso de los gobiernos estatales con la aplicación de las medidas de protección de los defensores de derechos humanos de migrantes.

Que el gobierno federal emita una declaración pública en la que exprese de forma inequívoca su respaldo a la labor de los defensores de los derechos de las personas migrantes y promueva la cooperación de todas las autoridades de la federación con el ejercicio de la función de los defensores.

Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realice y haga público un informe evaluativo sobre actuación de las autoridades gubernamentales en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la comisión. Éste deberá hacer mención de los funcionarios o entidades que no han acatado la aplicación de dichas medidas.

Instar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que haga uso de sus facultades e investigue casos de violaciones a los derechos de migrantes y defensores, y haga las recomendaciones pertinentes.

Que los gobiernos de México y Estados Unidos revisen sus prácticas de deportación para asegurar la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Que los gobiernos centroamericanos refuercen sus capacidades de protección consular, acorde con sus obligaciones frente a sus ciudadanos en el marco del cumplimiento de la Convención de Viena.

Constatan que el Estado mexicano sigue permitiendo la impunidad de la violencia extrema hacia migrantes y defensores

Difusión Cencos México D.F., 15 de junio de 2012

Boletín de prensa

Misión Internacional de Observación sobre la Situación de Defensores y Defensoras de DH de Migrantes

A pesar de que se mantienen asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y todo tipo de delitos contra migrantes y defensores de sus derechos el gobierno mexicano se muestra inoperante en el desarrollo de su marco normativo al respecto

Se observa la falta de aplicación por parte de las autoridades mexicanas de las múltiples recomendaciones que distintos organismos internacionales y nacionales han emitido en materia de protección a migrantes y sus defensores.

Se demanda una mayor determinación para el desarrollo y puesta en marcha de las medidas cautelares para la protección a defensores.

En el marco del proceso de acompañamiento que la organización Consejería en Proyectos (PCS) viene realizando desde el año 2010, se efectuó del 10 al 14 de junio una Misión Internacional de Verificación de la Situación de Defensoras y Defensores de Migrantes. Esta Misión realizó visitas simultáneas a Saltillo, Coahuila en el norte de México donde recogió testimonios de representantes de Casas de Migrantes y Centros de Derechos humanos del propio Saltillo, Matamoros, Reynosa, Torreón, Ciudad Juarez, Agua Prieta, Tijuana. Mientras que en el sur visitando Tenosique, Tabasco, se tomó contacto con similares organizaciones de San Cristóbal de las Casas, Villahermosa, Oaxaca, Tapachula y Petén(Guatemala) constatando de primera mano las difíciles condiciones de seguridad en las que las y los defensores realizan su trabajo de protección y defensa a migrantes.

Se ha recibido el testimonio de graves violaciones a los derechos humanos por medio de entrevistas con representantes de casas del migrante, albergues y centros de derechos humanos. Entre las organizaciones consultadas destacan las encargadas de apoyo humanitario, quienes ante un contexto de violencia, que impacta la seguridad de los migrantes, han tenido que ampliar su trabajo a labores de documentación, denuncia y acompañamiento integral a víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Como resultado de todo esto los defensores manifiestan estar desbordados por la magnitud del trabajo que realizan toda vez que los flujos migratorios siguen creciendo.

En los relatos aportados destaca una situación en la que las personas migrantes están expuestas a la práctica sistemática de asesinatos, extorsiones, robos, abusos de autoridad, y secuestros que de acuerdo a varios testimonios conllevan, en la gran mayoría de las ocasiones, tortura, violencia sexual contra mujeres y hombres, y trabajo forzoso, entre otras violaciones graves a sus derechos humanos.

Este contexto de violencia extrema contra migrantes no es ajeno a las y los defensores de sus derechos, quienes también son víctimas de amenazas, hostigamientos, extorsiones, agresiones, incursiones a los albergues, robos de información y desplazamiento forzado. Frente a esta situación, el Estado mexicano, lejos de brindar respuestas adecuadas, ha contribuido al incremento de riesgo. Esto se demuestra con declaraciones que desacreditan su labor, inicio de procesos judiciales sin la debida carga probatoria o ejecución de allanamientos ilegales a sus oficinas.

El papel del Estado frente a estas problemáticas se agrava por la persistencia y tolerancia a la impunidad, demostrada en las dificultades para la presentación de las denuncias y los nulos avances en las investigaciones. Más preocupante aún es la información recibida que muestra la reiterada colusión de autoridades de migración, fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos, implicados en las violaciones a los derechos humanos de migrantes y sus defensores.
Ante la grave situación de inseguridad, las y los defensores se han visto obligados a acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares, concediéndose 16 y 3 respectivamente. Los esfuerzos del Estado de garantizar la adecuada aplicación de las medidas, necesitan ser fortalecidos con mayor rapidez, eficiencia, en consulta con los beneficiarios de las medidas.

Por lo anterior, recomendamos:

Que en el marco de la Ley de Migración, se implementen de manera inmediata acciones de protección para migrantes en México y se ofrezcan garantías a las organizaciones civiles para el desarrollo de sus labores humanitarias y de protección de los derechos de las personas migrantes.

Que el próximo gobierno asuma como prioridad la ejecución de una política migratoria integral y garantice la seguridad y protección para defensores y defensoras de migrantes.

Que se garantice la adecuada aplicación de las medidas cautelares, para lo cual las autoridades deben facilitar un proceso claro y transparente de concertación de las medidas de protección que resulten oportunas, idóneas y eficaces para atender los riesgos específicos de los defensores de migrantes.

La más pronta promulgación e implementación eficaz de la ley de protección a defensores y periodistas, lo que implica agilizar la conformación de los órganos previstos por la ley, la expedición de los reglamentos y protocolos y la definición del presupuesto adecuado para su funcionamiento.

Que la Procuraduría General de la República impulse las investigaciones penales para establecer la responsabilidad y la sanción de las amenazas y violaciones de los derechos de los migrantes y de los defensores, como la forma más eficaz de prevenir tales hechos y proteger a las personas en riesgo.

Que ante reiteradas denuncias de funcionarios públicos de colusión con el crimen organizado o de comisión de abusos contra defensores de derechos de migrantes, las autoridades gubernamentales adopten decisiones de suspensión o separación del cargo de tales funcionarios.

Que el gobierno federal promueva activamente el compromiso de los gobiernos estatales con la aplicación de las medidas de protección de los defensores de derechos humanos de migrantes.

Que el gobierno federal emita una declaración pública en la que exprese de forma inequívoca su respaldo a la labor de los defensores de los derechos de las personas migrantes y promueva la cooperación de todas las autoridades de la federación con el ejercicio de la función de los defensores.

Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realice y haga público un informe evaluativo sobre actuación de las autoridades gubernamentales en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la comisión. Éste deberá hacer mención de los funcionarios o entidades que no han acatado la aplicación de dichas medidas.

Instar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que haga uso de sus facultades e investigue casos de violaciones a los derechos de migrantes y defensores, y haga las recomendaciones pertinentes.

Que los gobiernos de México y Estados Unidos revisen sus prácticas de deportación para asegurar la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Que los gobiernos centroamericanos refuercen sus capacidades de protección consular, acorde con sus obligaciones frente a sus ciudadanos en el marco del cumplimiento de la Convención de Viena.

Misión Internacional de Observación sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Migrantes en México.

Vídeo Conferencia de Prensa: Misión de Observación dará a conocer situación de seguridad y protección de defensores de migrantes en México


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