PRODH; Exigen justicia por asesinato de activista en Veracruz 14 de agosoto de 2013

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Distrito Federal.- Organizaciones de la sociedad civil, exigieron justicia por el asesinato del activista Noé Vázquez Ortiz; quien fue lapidado mientras se preparaba para participar en el X Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) en Amatlán de los Reyes, Veracruz, el 2 de agosto de 2013.

En conferencia de prensa integrantes del Colectivo Defensa Verde, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Mapder y Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, pidieron una investigación transparente, rigurosa y exhaustiva, que permita el acceso a la justicia para Noé y su familia.

Exigen justicia por asesinato de activista en Veracruz

by Analisis_Prodh_NSA

Distrito Federal.- Organizaciones de la sociedad civil, exigieron justicia por el asesinato del activista Noé Vázquez Ortiz; quien fue lapidado mientras se preparaba para participar en el X Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) en Amatlán de los Reyes, Veracruz, el 2 de agosto de 2013.

En conferencia de prensa integrantes del Colectivo Defensa Verde, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Mapder y Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, pidieron una investigación transparente, rigurosa y exhaustiva, que permita el acceso a la justicia para Noé y su familia.

Las organizaciones señalaron que Noé era integrante del Colectivo Defensa Verde y que llevaba dos años luchando contra la instalación del proyecto hidroeléctrico el Naranjal, que ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades, de propietarios y ejidatarios, pues buscan comprar sus tierras, sin información ni consultas públicas; haciendo uso de la coacción, el chantaje, la información engañosa y la intimidación hacia la población en general.

Cabe señalar que el proyecto afectaría a cinco municipios en Veracruz (Amatlán, Fortín, Cuchiapa, Córdoba e Ixtaczotitlan), despojando de tierras y agua a unos 30 mil campesinos e indígenas.

La sociedad civil señaló que la población ha intentado el diálogo con las autoridades estatales, municipales y comunitarias, desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, ya que la lucha se ampara en los derechos de la Carta Magna e instrumentos internacionales como Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las comunidades que se verían afectadas por dicha construcción, está integrado principalmente, por hombres y mujeres mestizos y nahuas cuya forma de vida se encuentra ligada al campo, quienes han enfatizado por más de dos años su rechazo al proyecto el Naranjal.

Pidieron al gobierno estatal y federal que garantice la integridad de las y los integrantes del Colectivo Defensa Verde y de las organizaciones que les acompañan contra el proyecto el Naranjal.

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