Sin Embargo; Activistas piden desaparecer granaderos y policías civiles en marchas; denuncian uso indebido de drones

iudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) denunció el uso de drones, el desproporcionado despliegue de cuerpos policiacos y el uso de armas no letales por parte del Gobierno del Distrito Federal durante la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre de 1968.

Al presentar su informe este lunes el Centro Prodh exigió, entre otros puntos, la desaparición del cuerpo de granaderos como cuerpo reactivo contra manifestaciones, que cese la utilización de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal vestidos de civil, y que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, explique lo acontecido ese miércoles.

Por medio de un comunicado de prensa, el organismo indicó que una Misión de Observación acompañó al contingente desde la Plaza de las Tres Culturas hasta Lafragua (sobre Reforma) y observó un desproporcionado despliegue de cuerpos policiacos dentro de la estación del metro Tlatelolco y en sus inmediaciones.

Asimismo, denunció que hubo revisiones generalizadas bajo criterios inconstitucionales como el de “actitud sospechosa”. Además de la utilización por parte de los cuerpos de seguridad de objetos voladores tele controlados o aeronaves radio controladas, conocidos como drones, observando invasivamente la organización de los contingentes.

Otra de las observaciones que hizo el Centro Prodh fueron la presencia intimidatoria de granaderos y policía montada a los costados de la marcha,el uso de armas no letales y la presencia de policías vestidos de civil, que detuvieron personas.

Además denunciaron la nula capacidad de los cuerpos policiacos para distinguir entre las personas con quienes se confrontaban y la gran mayoría de manifestantes, incluidos observadores de derechos humanos e integrantes de medios de comunicación.

Ante estos hechos, se denunció que los derechos humanos que se violaron fueron: libre manifestación, asociación, expresión, legalidad, seguridad, integridad personal, debido proceso, a la vida, derecho a defender derechos humanos, igualdad, información y defensa adecuada.

En este contexto, el organismo civil exigió al gobierno del DF de Miguel Ángel Mancera Espinosa que los servidores públicos señalados en su informe admitan públicamente su responsabilidad por las acciones y omisiones para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se manifestaron, documentaron y denunciaron violaciones a los derechos humanos.

Ademas exhortó a que se inicien las investigaciones tendentes a deslindar las responsabilidades respectivas a los mandos públicos involucrados y que el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal,explique detalladamente y asuma su responsabilidad, por acción u omisión, en el despliegue policiaco del 2 de octubre. Otras de sus demandas es que el Gobierno del Distrito Federal desarrolle políticas públicas que tomen en cuenta los valores y principios constitucionales y los más altos estándares internacionales en la materia que permitan la progresividad del desarrollo y defensa de los derechos humanos.

De igual forma exigieron que todos los servidores públicos se identifiquen sean de la PGJDF, de la SSP-DF o de alguna otra dependencia, cuando acudan a manifestaciones o cualquier otro tipo de contacto con las personas.