Apro; México cumple sentencia de la CoIDH… tres años después 04 de marzo de 2014

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8 de noviembre de 2013

MÉXICO, D.F., (apro).- La Secretaría de Gobernación dio cumplimiento a uno de los puntos de la sentencia emitida hace tres años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de abuso sexual por parte de militares en 2002.

México cumple sentencia de la CoIDH… tres años después

La Redacción

8 de noviembre de 2013

Nacional

MÉXICO, D.F., (apro).- La Secretaría de Gobernación dio cumplimiento a uno de los puntos de la sentencia emitida hace tres años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de abuso sexual por parte de militares en 2002.

En un comunicado, la Segob anunció la entrega de becas escolares e indemnizaciones para los hijos de ambas mujeres como reparación del daño.

Lía Limón García, subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob destacó que el Fideicomiso es una medida estructural “inédita” en América Latina que “fortalece el derecho de reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.

Las víctimas recibieron la noticia del cumplimiento por parte del Estado mexicano de las medidas de reparación del daño dictadas por la CoIDH en una reunión con la funcionaria y representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

Limón García destacó con esta medida “México cumple cabalmente” con las medidas de reparación del daño señaladas por el organismo internacional. En este caso, dijo, con el otorgamiento de becas e indemnizaciones a sus hijos menores de edad, “como medidas de protección a los derechos humanos dictadas por la CoIDH y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Las sentencias en los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú determinaron la responsabilidad internacional del Estado mexicano en los abusos sexuales de que fueron víctimas, hechos atribuidos a miembros del Ejército mexicano en 2002 en la región de la montaña de Guerrero, situación que la CoIDH denominó “violencia institucional castrense”.

Tras la entrega de los beneficios, Lía Limón refrendó el compromiso del Estado mexicano de “cumplir integralmente” las sentencias emitidas por la CoIDH, así como de continuar impulsando una política de Estado en la materia.

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