Apro; Exigen a Peña atender recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos 02 de abril de 2014

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lunes, 25 nov 2013

México, DF. Asociaciones civiles, activistas y especialistas en materia de derechos humanos demandaron al Senado de la República que envíe un mensaje “muy firme” al presidente Enrique Peña Nieto para que emita a la brevedad las iniciativas de ley que den cumplimiento a las 176 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, derivadas del Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) de octubre pasado, a fin de eliminar el arraigo, acabar con la impunidad en materia de tortura, legalizar la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, sancionar la violencia contra las mujeres y otras.

Exigen a Peña atender recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos

Por Elizabeth Velasco C.

lunes, 25 nov 2013

México, DF. Asociaciones civiles, activistas y especialistas en materia de derechos humanos demandaron al Senado de la República que envíe un mensaje “muy firme” al presidente Enrique Peña Nieto para que emita a la brevedad las iniciativas de ley que den cumplimiento a las 176 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, derivadas del Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) de octubre pasado, a fin de eliminar el arraigo, acabar con la impunidad en materia de tortura, legalizar la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, sancionar la violencia contra las mujeres y otras.

Ante la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, el especialista en la materia, Santiago Corcuera, demandó incluso que el Senado se adelante y empiece a presentar iniciativas de nuevas leyes alineadas con las recomendaciones, ya sea como Cámara de origen o en un trabajo conjunto con la Cámara de Diputados.

Recordó que una de las recomendaciones fundamentales fue “retirar a los elementos del Ejército Mexicano de las actividades de seguridad pública”, pero también “darle recursos suficientes y capacidades a las fuerzas armadas para hacer frente a los peligros que representa que la fuerza militar dé seguridad pública en las calles”, además de otras vinculadas con la seguridad pública.

Por su lado, Stephanie Erin Brever, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), afirmó que se debe revisar el tema de la tortura y aplicar el Protocolo de Estambul, porque persiste la impunidad. “Los agentes del Ministerio Público o los policías saben que pueden fabricar una prueba y obtener una condena usando la tortura, por lo cual este tema es absolutamente prioritario”.

Destacó que “es hora de aprovechar la oportunidad de aprobar el nuevo Código Único de Procedimientos Penales y establecer como inadmisibles las pruebas arrancadas mediante la tortura”.

En tanto, Daniel Zapico, de Amnistía Internacional, dijo que es fundamental que desde la Comisión de Derechos Humanos se impulsen cambios trascendentes en temas como el arraigo, fuero militar, desaparición, entre otros, pues de nada servirá crear un mecanismo de seguimiento si no se implementan las recomendaciones emitidas a México.

En ese sentido, refirió que los informes presidenciales en la materia son “especialistas en decir el número de reuniones que se tuvieron sobre el tema y el número de cosas que se han hecho de muchas otras cosas, pero no vemos un efecto real en la vida de las personas.

“Es decir –precisó– no queremos saber cuántos cortes de pelo se han hecho en el Ejército, sino el impacto real que las recomendaciones han tenido en la vida de las personas”.

Afirmó también que “de nada sirven las reformas en materia de arraigo y tortura, pues quienes hemos documentado casos de desaparición forzada ante la PGR, ésta se niega a iniciar la averiguación y la gente se queda en absoluta indefensión”.

También criticó la forma en que se aplica el Protocolo de Estambul en México. “Es inadecuada (la aplicación). Hemos descubierto un imaginativo uso del Protocolo, el cual se ha convertido en una herramienta en contra de las víctimas de la tortura”.

Hizo un llamado para que “esta sea una oportunidad para lograr las transformaciones” que cambien la realidad del país, por lo que el trabajo que se haga desde el Senado deberá establecer de manera clara cómo se aplicarán las reformas para atender las recomendaciones hechas por la ONU al Estado mexicano.

En tanto, Agnieszka Raczynska, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, hizo notar que el Estado mexicano no ha creado ningún mecanismo incluyente que dé seguimiento a las recomendaciones recibidas desde 2009.

Por ello, consideró fundamental que la mesa de análisis instalada ayer se convierta en un instrumento de seguimiento permanente, que permita trazar una ruta de trabajo con el Legislativo para comenzar atender las más de 40 recomendaciones que corresponden al Congreso.

Alejandra Nuño, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, refirió también que a cuatro años de la resolución de la Corte Interamericana sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, “seguimos esperando la reforma al Código de Justicia Militar y al artículo 215-A del Código Penal Federal” sobre el fuero castrense.

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