LadoB; Litigar derechos humanos 08 de abril de 2014

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7 abril, 2014

¿Qué implica para una organización no gubernamental [ONG] financiar la defensa legal de los derechos humanos? Recursos, tiempo, y en algunos casos la vida.

Para el Comité Cerezo y ACUDDEH “en los últimos 15 años el Estado mexicano modificó y creó leyes para legalizar la represión política y creó mecanismos de impunidad que le permiten que las violaciones a los derechos humanos que comete no sean justiciables. A esta estrategia le llamamos el círculo de la criminalización de la protesta social, de la cual forma parte la judicialización o uso ilegal de la leyes para ‘castigar’ a las personas defensoras de los derechos humanos y luchadores sociales con prisión por motivos políticos”, concluyeron en su informe que incluye el Machote de amparo por privación de la libertad u orden de aprehensión dictada por un juez y un Machote de amparo administrativo por silencio de la autoridad.

Litigar derechos humanos

7 abril, 2014

¿Qué implica para una organización no gubernamental [ONG] financiar la defensa legal de los derechos humanos? Recursos, tiempo, y en algunos casos la vida.

Jade R. Cuevas Villanueva

@jadercv

(Primera de dos partes)

En México desde hace algunas décadas, la promoción de los derechos brincó a la defensa y el llamado litigio estratégico por la gestión legal de casos de violaciones de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales de grupos indígenas y comunidades rurales víctimas de despojo de bienes comunes, personas con discapacidad a las que se les impide y obstaculiza el pleno ejercicio de derechos, sectores de la sociedad marginados y discriminados por su preferencia sexual, niños violentados, migrantes, personas detenidas y torturados por causas políticas entre una larga lista de afectados, cuyos derechos son vulnerados por gobiernos, servidores públicos y particulares.

A diferencia de las organizaciones civiles asistencialistas que abastecen de ciertos servicios a comunidades en desventaja o pobreza, los litigantes de derechos humanos asumen el deber de emprender estrategias legales contra el Estado Mexicano ante jueces, magistrados, ministros, instituciones públicas, oficinas gubernamentales, autoridades de justicia y empresas hasta llegar, incluso, a cortes internacionales.

Rostros e historia sin honorarios

César Pérez Verónica se considera defensor de derechos humanos desde 1988, aunque fue hasta el año 2000 que se tituló como abogado. “Las universidades no inciden mucho en una vertiente de formación bajo la perspectiva de derechos humanos, más bien se trata de vidas y circunstancias que orientan la labor de un abogado” cuenta desde el escritorio rodeado de expedientes, carpetas, informes especializados, voluntariado y una cafetera llena de aroma chiapaneco. Es fundador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD, AC) que se creó para atender víctimas con defensa jurídica. No tanto para la promoción, educación y difusión de los derechos humanos, sino para “el trabajo toral de la defensa que va acompañada de un buen análisis de casos y temas”.

La tortura es uno de los ejes que la organización ha documentado de 2000 a 2009 en Jalisco. La investigación material sirvió de ‘informe sombra’ para la rendición de cuentas de México ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, con lo que se evidenció que la práctica es común en cuerpos policiacos y agentes de procuración de justicia en Jalisco, México.

También durante tres años el CEPAD llevó el litigio ante poderes públicos de la federación e instancias administrativas de la SEDENA, del primer militar en Jalisco que denunció actos de discriminación por ser cesado de su cargo al resultar seropositivo por el virus de inmunodeficiencia humana.

César Pérez describe la dimensión del caso en términos legales.

—Además de tribunales se realizaron escritos a organismos no jurisdiccionales, lo que implicó estudio y la respuesta a informes de las autoridades responsables: Congreso de la Unión, presidente de México, secretario de Defensa Nacional y toda la cadena de mandos, incluido el secretario de Hacienda y Crédito Público por la paga de finiquito y otros derechos que se le habían retirado bajo un acto de discriminación.

Las oficinas del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, están en una casona del centro de Guadalajara donde muchos otros siembran esperanza y representan diversas luchas sociales. Operan con pocos recursos, los propios y de algunos micro-donantes, pero siempre hay una buena taza de café chiapaneco para charlar, escuchar a las víctimas y vincular posibilidades de justicia.

Otros despachos jurídicos, si bien no se niegan a representar casos de violaciones a los derechos humanos, lo hacen desde un código cliente-abogado, con un arreglo económico.

Comencé a frecuentar el CEPAD y me fue imposible contrastar la calidez con la que César, Francisco Macías otro integrante de la organización, los prestadores de servicio social o voluntarios te reciben en comparación con la frialdad del lujosísimo despacho en el fraccionamiento Puerta de Hierro de la firma Rincón, Mayorga, Román, Illanos, Soto, Abogados & Asociados, que brindó servicios legales de amparo al por segunda ocasión presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, cuando impugnaron su elección y lo demandaron siete organizaciones civiles por reelegirse como ombudsman para un segundo periodo sin evaluación de por medio.

Cuando entrevisté a los tres abogados del Ombudsman de Jalisco, si bien no me revelaron la cantidad de honorarios que pagó el que debiera ser un personaje con investidura de conciencia, se cree que los pagos fueron por miles de pesos o favores políticos.

Para el CEPAD sus compromisos son de otra índole “La misión que tenemos es la de solidarizarnos con quienes sufren alguna violación a los derechos humanos, ya sea en lo personal o en lo colectivo. Eso nos lleva al campo de acciones profesionales y especializadas. No es lo económico lo que nos interesa, sino la incidencia para vivir en un país que ofrezca mejores oportunidades y condiciones para las personas”, respondió César Pérez director de la organización luego del conocer la descripción de los abogados que defienden al protector de los derechos humanos en Jalisco.

La incidencia en instancias públicas, reformulación de leyes y reglamentos, visualización de casos para las reformas legislativas y con ello una mediana transformación, es lo que motiva a algunas organizaciones no gubernamentales a llevar la representación legal en México.

Entre amparos y protesta: Chiltemaca

En la casa que también funge como oficina de Claudia y Guadalupe dos cosas no escasean: trabajo y chiles. A lo largo del día destinan más de ocho horas diarias a la defensa legal de dos comunidades que han emprendido la batalla más simbólica de Jalisco en los recientes ocho años: Temacapulín y Acasico.

Primero lo hicieron como COA, cuando se trataba de un grupo amplio de abogados especializados en la defensa del territorio. Después continuaron como un colectivo de abogados sin agrupación. Sus ingresos varían, pero sus gastos no, ya que representan los intereses de la comunidad ante el gobierno municipal de Cañadas de Obregón, el gobierno de Jalisco y las dependencias federales que promueven la inundación y desplazamiento forzado de pueblos milenarios.

En las comunidades afectadas por un macro proyecto como la presa El Zapotillo, la parte legal define arreglos económicos simbólicos, algo terminan sufragando de los gastos de las pobladores que emprenden su batalla por defender su dignidad y territorio. Una de las maneras que encontraron Claudia Gómez y Guadalupe Espinoza para solventar los cuantiosos gastos de litigio y organización de la defensa fue la elaboración de una salsa casera a base de la semilla más significativa para la región de Los Altos de Jalisco y para Temacapulín: el chile de árbol, en las botellitas de vidrio se lee en blanco y rojo Chiltemaca, 100% Resistencia y le sigue una leyenda inconfundible “No a la presa Zapotillo”. Su costo de recuperación es de 35 pesos. Ellos compran la cosecha a los agricultores del pueblo, pelan el chile, lo cocinan y lo distribuyen en volúmenes bajos.

Entre expedientes y carpetas para los juzgados Guadalupe Espinoza, originario de Choix, Sinaloa, me cuenta las semillas de lo que llama su nacer político.

—Especializados en derechos humanos somos pocos, porque todos los que estudiamos derecho estudiamos muy cuadrado, muy civilista, penalista, mercantilista, a veces desde la visión o razón de Estado, aunque no sepamos lo que significa. Se entiende que los derechos humanos son antes que el Estado. Es el muro que tiene el Estado en su actuar que debe respetar a la persona. Yo tuve que salir de mi pueblo para entenderlo.

Claudia Gómez estudió derecho en la UNAM, pero desde joven portó la herencia de sus padres por la militancia, por la izquierda. Con sus amigos se introdujo a la filosofía del derecho aunque no era algo que se pudiera hablar abiertamente en la escuela: “Había organizaciones de derechos humanos, pero no tenían abogados. En 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se abrió toda una discusión sobre los derechos indígenas y colectivos de los pueblos. Ahí nos metimos como taller universitario en las mesas de San Andrés Larráinzar”.

En México y en particular en las academias de ciencias sociales donde las jurídicas conservan un nivel de popularidad alto, la pugna se refirió a la visión de la derecha y la izquierda creyendo que defender y litigar derechos de los pueblos indígenas acabarían con el concepto de país o nación, recuerda Claudia.

Sostiene que en el reciente decenio cambió la idea de ser abogado porque “En algunos espacios hasta se ha vuelto una moda, aunque se conserva cierto carisma: lo que tú buscas es un cambio significativo y te involucras directamente con las comunidades. No hay una relación clásica de abogado-cliente, sino es una relación de compañeros de lucha. Eso hace la diferencia”

Actualmente las demandas de amparo no se quedan en los juzgados civiles o los colegiados. Conforme se complejiza el caso se eligen los recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si se agotan las instancias en México se puede acudir al derecho internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

—Se ha vuelto cool ser abogado de derechos humanos, ir a la CIDH, con Naciones Unidas, incluso hasta se ve bien decir ‘yo trabajo en litigio estratégico’, pero muchos jóvenes no han ido a las comunidades, no se han expuesto y lo que ven en muchos problemas es casos no gente. Eso hace la diferencia con los abogados que venimos el zapatismo.

Temacapulín como sujeto defendido ha implicado el desarrollo de 16 juicios de amparo, dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, si bien promovieron entidades que podrían hacerlo a través de sus direcciones jurídicas como el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón contra la federación, o el Congreso del Estado de Jalisco, fue inevitable que necesitaran del Colectivo de Abogados al momento de desarrollarlas.

Para Guadalupe Espinoza las satisfacciones son muchas: “Lo difícil de esto es que muchos andamos sin dinero, es muy difícil para una comunidad de escasos recursos tener una buen defensa. Nosotros en estos cuatro años hemos gastado muchísimo dinero; en Temacapulín se han aportado pruebas que en otros casos no se usan como impacto ambiental, en geografía, geología, topología, patrimonio cultural, antropología, psicosocial que cuestan y hay que gestionarlas”.

Más allá del 14 y el 16

Lo que caracteriza el litigio contra la presa El Zapotillo construida por la Comisión Nacional del Agua [CONAGUA] con autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT] y los gobiernos estatales de Jalisco y Guanajuato, es la complejidad de la defensa.

Según Claudia Gómez como lo que está en juego es la vida de la gente, se deben demostrar cosas que el derecho por sí sólo no da.

—Si nosotros nos fuéramos al cumplimiento de la norma o de leyes, quizá sería un caso lleno de irregularidad pero no complejo, nosotros demostramos los impactos negativos del proyecto en una dimensión amplia. Lo estratégico fue evidenciarles a los jueces que había que contar con más elementos sobre lo que implica un proyecto como este. Fundamentamos la defensa con perspectiva de derechos humanos, normalmente en un juicio de nulidad se utilizan sólo dos artículos: el 14 y 16, nosotros utilizamos el resto de los artículos incluso antes de que se diera la reforma constitucional en la materia.

La multiplicación de trabajo en la defensoría de derechos en México, también ha traído escenarios de violencia y preocupación en el reciente sexenio. Conforme incrementan las estadísticas de asesinatos, masacres, hostigamiento y represión del estado ante la reacción de la sociedad, aumenta la repercusión en quienes como abogados representan causas que incomodan a los poderes políticos.

Para la representación de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en México, en el Informe de actualización 2012 y balance 2013, se admite que “no hemos logrado todavía quebrar o alterar la expresión de esa vulnerabilidad. En el número de casos que se presentan por agresiones en nuestros defensores se destacan 27 asesinatos y 8 casos de desaparición forzada entre 2005 y 2011 pero también existe la cifra de 109 agresiones a mujeres defensoras solamente en 2012, y 29 asesinatos de 2009 a 2012”.

La estadística más alarmante es que las fuentes de agresión son claramente identificadas: 38 por ciento proviene de actores no estatales, pero en un cuarto de los casos sí se ubican como servidores públicos o políticos los agresores de defensores de derechos humanos en México.

¿Quién defiende al defensor?

El clip editado por Periodistas de a Pie, que resume las cinco horas que duró la Audiencia Pública en el Senado de la República el 20 de julio de 2011, un acontecimiento catalogado histórico bajo el título “Situación actual en México de defensores de derechos humanos y periodistas”, finaliza con la frase de la melodía que musicaliza el video: Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Lo que encierra la preocupación por los números e historias de agresión que se incrementaron por estandarizarse la política de los gobiernos locales y federales, junto al crimen organizado, al descalificar, difamar, encarcelar, amenazar, desaparecer y asesinar sin mayor reparo a periodistas y defensores de derechos humanos.

Las historias sirvieron durante más de tres años como elemento y argumento de organismos civiles que trabajaron con autoridades federales, diputados y senadores para la promulgación de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas al cierre del sexenio del terror (2006- 2012), con la aprobación de 127 millones de pesos para garantizar su funcionamiento del Mecanismo federal para protección de las dos poblaciones. A 2013 se presupuestaron otros 135 mil pesos que no han sido utilizados por la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pese a que sube el tono, la estadística y la sanguinaria manera de inhibir el periodismo como la defensa y promoción de los derechos. Si se protege es con medidas de seguridad que carecen de continuidad y les sobra impunidad por falta de justicia procurada por la PGR y fiscalías estatales.

Sin embargo, los escenarios lejos de serenarse se agudizaron, motivo por el que las 73 organizaciones aglutinadas en la Red Todos los derechos para todos y todas, determinaron lanzar la campaña Defender la Esperanza, con la cual sensibiliza a la población en general para arropar oficios muchas ocasiones sin remuneración económica que se ejercen en una franja de alto riesgo, como se lee desde el Itsmo, la frontera norte o el desierto con los testimonios de la campaña y sintetiza Alejandro Solalinde del albergue Hermanos en el Camino:

—Estás con el dolor de la gente y eso dolor está clavado por la amenaza, del riesgo de perder la vida por salvar la de ellos. Riesgo de que me golpeen, que quieran quemar el albergue o a mí. Detrás de la defensa de un derecho, hay un interés material.

Una familia libertaria

En 2001 aparecieron en los telediarios, noticieros y periódicos como jóvenes criminales que merecían severo juicio y permanecen en penales de máxima seguridad. A doce años de haberse re-agrupado como familia para sobrevivir al encarcelamiento, tortura y proceso penal, el Comité Cerezo se ha convertido en una de las organizaciones de la sociedad civil con mayor reconocimiento incluso internacional.

En 2012 obtuvieron el Premio Alemán de la Paz y se consolidaron como expertos en seguridad ciudadana y documentación de casos de encarcelamiento, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y guerra sucia como política de Estado. Ese mismo año presentaron el Informe de Derechos Humanos en México: el costo de la dignidad para describir cómo “el Estado busca controlar y aniquilar la lucha política, el derecho a defender derechos humanos, el ejercicio del derecho humano a la protesta social y la defensa de los derechos humanos de la población”, dice la presentación del documento disponible en red.

Héctor, Antonio, Alejandro, Emilia y Francisco son hermanos de sangre y de lucha. Físicamente es fácil confundir a los varones, aunque cada uno conserva su propia esencia y discurso. Su nivel de sarcasmo alcanza los mismos niveles de fraternidad hacia otros defensores de derechos humanos con quienes conviven y se solidarizaron durante su encarcelamiento siete años en penales de máxima seguridad bajo motivos o delitos que jamás pudieron comprobárseles. En su sitio de internet la actualización de información es ordenada: va desde la lista de detenidos cuando termina una manifestación en represión, las cantidades de dinero que se están recolectando para la liberación bajo fianza, manuales de seguridad y autoprotección, hasta la sección Cartas al mundo y Cartas del mundo, en las que se leen comunicados que escribieron estando en reclusión a papá, mamá y amigos y las cartas que han enviado sus padres desde algún punto de la clandestinidad en la que viven:

13 de agosto de 2008. Queridos mamá y papá:

Me es difícil escribirles sin que mis ojos brillen por el recuerdo de sus rostros, de su lucha cotidiana y de su amor hacia nosotros, pero aquí estoy para decirles en voz alta, que a pesar de estos siete años de injusta e ilegal reclusión, seguimos tratando de ser hombres dignos, hombres consecuentes con nuestros principios e ideales, hombres solidarios con quienes luchan por construir un México verdaderamente libre, justo y democrático. Decirles que no los extraño y que no me hacen falta sería decir una mentira, pero quiero que sepan que siempre los llevo conmigo y que en la lucha por nuestra libertad hemos encontrado organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y personas solidarias que nunca han permitido que en todo este tiempo de reclusión estemos o nos sintamos solos; al contrario, su solidaridad y cariño nos han impulsado a encontrar las formas de seguir resistiendo, de seguir luchando y creciendo como seres humanos aun en los momentos de mayor aislamiento e incomunicación o en los momentos en que las vejaciones, humillaciones y maltratos físicos y psicológicos arrecian en contra nuestra.

Cuídense mucho; Antonio y yo procuramos hacerlo dentro de la prisión y Emiliana, Francisco y Alejandro lo hacen allí afuera […]

Por último, pase lo que pase el único responsable de cualquier agresión a cualquiera de nosotros y de las personas que se han solidarizado con la lucha por nuestra libertad es el gobierno federal y en particular, Felipe Calderón. De este hecho jamás tendremos la menor duda.

Los ama Héctor.

¡Presos hoy, libres siempre!

Atlacholoaya, Morelos, a siete años de injusta e ilegal reclusión.

¡Ni nos vendemos, ni nos rendimos! ¡Resistimos!.

Una de las abogadas que llevó su caso fue Digna Ochoa y Plácido, la defensora de derechos humanos que murió en 2001 en violenta y extraña situación que sembró duda sobre si se trató de suicidio o asesinato por la serie de casos que litigaba.

El informe que editaron en 2012, se focaliza en el periodo de junio a mayo de 2013, particularmente en la actividad de jóvenes y movimientos como #Yosoy132 y la represión que ha derivado el encarcelamiento desde la toma de protesta de Enrique Peña Nieto de cientos de personas, en alto porcentaje no involucradas en acto violentos durante marchas y protestas.

Para el Comité Cerezo y ACUDDEH “en los últimos 15 años el Estado mexicano modificó y creó leyes para legalizar la represión política y creó mecanismos de impunidad que le permiten que las violaciones a los derechos humanos que comete no sean justiciables. A esta estrategia le llamamos el círculo de la criminalización de la protesta social, de la cual forma parte la judicialización o uso ilegal de la leyes para ‘castigar’ a las personas defensoras de los derechos humanos y luchadores sociales con prisión por motivos políticos”, concluyeron en su informe que incluye el Machote de amparo por privación de la libertad u orden de aprehensión dictada por un juez y un Machote de amparo administrativo por silencio de la autoridad.

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