SinEmbargo; PAN, PRI y hasta PRD intentan criminalizar la protesta: ONGs; EPN busca reducir espacios de expresión, dicen 14 de abril de 2014

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FORMAS DE CRIMINALIZACIÓN

La protesta social también es criminalizada en forma indirecta, concluyen las organizaciones civiles en un informe presentado en el marco de la presentación de la campaña #QueNoTeApaguen, entre estas formas se encuentra la creación de tipos penales abiertos que se utilizan tras una sistemática violencia institucional.

El pasado mes de febrero, el Senado aprobó reformas a diversos ordenamientos, en lo que se conoció como la “Ley Antiterrorismo”, la cual fue criticada por legisladores de izquierda y expertos en la materia como un intento del Estado mexicano por criminalizar la protesta social y la justificación jurídica para calificar como terroristas a ciudadanos organizado, como los grupos de autodefensas de Michoacán, los trabajadores de Mexicana o los maestros disidentes sean considerados como terroristas.

Reformó el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes en materia de seguridad pública, que hoy sancionan hasta con 40 años de cárcel las actividades terroristas, e incluye entre éstas el “apoderarse” o “ejercer control de plataformas marítimas e instalaciones aeroportuarias.

“Se busca criminalizar cualquier protesta contra instalaciones petroleras, quizá en previsión de que a futuro serán privadas”, recalcó la Senadora Dolores Padierna en febrero pasado.

PAN, PRI y hasta PRD intentan criminalizar la protesta: ONGs; EPN busca reducir espacios de expresión, dicen

Por: David Martínez Huerta

Abril 10 de 2014

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la silla presidencial se endurecieron los mecanismos para criminalizar la protesta social, limitar a las voces disidentes al régimen político y reducir los espacios de expresión, advirtieron organizaciones de la sociedad civil. Además, observaron un intento desde el Congreso de la Unión y diversos congresos estatales para crear normas legales que atentan contra el derecho ciudadano de protestar libremente.

Organizaciones civiles detallaron que las acciones para criminalizar la protesta social incluyen la deslegitimización, la censura en las calles, en las redes sociales, así como el castigo penal de la disidencia.

“[La censura se hace] primero las calles, luego las redes, después nuestras voces y nuestras plumas”, afirmó Miguel Moguel, del Centro de Análisise Investigación, Fundar.

En poco más de un año, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México presentaron o apoyaron diversas reformas a códigos penales y normas existentes, con el propósito de regular marchas y manifestaciones. El objetivo: garantizar el derecho de terceros al libre tránsito, y evitar incomodidades generadas por el cierre de vialidades o edificios públicos.

No obstante, organizaciones de la sociedad civil, legisladores de izquierda y académicos observaron que estas normas legales generan retrocesos en las libertades de expresión y el legítimo derecho de la sociedad a reaccionar ante la mala actuación de sus gobernantes, tanto en el ámbito federal, como en los niveles estatales y municipales.

No obstante, las organizaciones de la sociedad civil observan una intención velada de desincentivar la participación de la ciudadanía, para ejercer su libertad a la expresión.

“Estamos también en una batalla cultural, se está poniendo en la conciencia colectiva que es malo protestar y tan es malo que uno se puede ir a la cárcel por hacer ‘esas cosas horribles y feas’”, afirmó Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

El activista observó, por ejemplo, que el Gobierno del Distrito Federal (GDF), encabezado por un político representante de las izquierdas, Miguel Ángel Mancera Espinosa, instrumentó una política de cerco al Zócalo de la Ciudad de México, en la cual prácticamente prohibió el uso de ese espacio público para la realizaciónd e manifestaciones.

“¿Qué es lo que toca hacer de este lado? Decir no, la protesta es el ejercicio de un derecho y eso tiene que ver también con nuestra concepción de las ciudades y los espacios públicos. Es decir ¿los espacios públicos de quién son?, ¿son del Gobierno?, ¿o son de los ciudadanos? Y lo que hay que reivindicar es que las calles como la plazas son de los ciudadanos”, afirmó Edgar Cortez.

En el Distrito Federal se realizaron más de nueve mil marchas en las calles capitalinas, según reportó la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF). En 2009 se realizaron 6 mil 985 manifestaciones, al año siguiente 6 mil 264 y en 2011 se redujo a 5 mil 935.

El incremento en el número de manifestaciones en la Ciudad de México, las principales en respuesta a las reformas estructurales cocinadas en el seno del Pacto por México, en las materias de educación pública, energía y cambios fiscales, provocaron un enorme descontento en la ciudadanía, que fue aprovechado por el PAN para posicionar una ley que planteaba regular la manifestación social.

El pasado 25 de marzo se publicó en la Gaceta Oficial de Distrito Federal el “Protocolo para Actuación Policial y Control de Multitudes” en el que advierten que ante una manifestación los policías primero convocarán a los integrantes del contingente a no cerrar vialidades, después a replegarse y como última opción se usaría la fuerza.

No obstante este protocolo demostró su ineficacia ante el pésimo manejo de la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre, en donde fueron detenidos una decena de jóvenes, aunque la mayoría se hizo sin presentar más pruebas de su culpabilidad que el testimonio de policías que participaron en la refriega.

JUVENTUD CRIMINALIZADA

La protesta social es un derecho que no está estipulado como tal en la Constitución, pero sí aparece bajo las figuras de libertad de expresión, derecho de reunión, a la libre manifestación de ideas, asociación, y petición, entre otros. Las manifestaciones y movilizaciones se realizan en defensa o reclamo de sus demandas, lo hace precisamente con el fin de lograr una determinación por parte de la autoridad.

Un grupo social que es estigmatizado y criminalizado en este tipo de concentraciones son los jóvenes, a quienes se les acusa públicamente como “anarquistas”, “anarcos” o simples “revoltosos”.

“Las juventudes son el sector de la población que más directamente está siendo castigado por este tipo de legislación intimidatoria y castigadora y represora de la protesta civil pacífica”, afirmó el padre Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Votoria.

En los análisis que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel federal como estatal, se observa que las disposiciones normativas que expresamente intentan regular la manifestación pacífica pretende normar o poner límites a los derechos humanos.

“Incluso en el Distrito Federal se habla de ataques a la paz pública, que se trata de personas altamente peligrosas desde el punto de vista social, incluso que son intimidades y amenazadas por el simple aspecto [físico] o la forma de vestir”, aseveró el religioso y activista.

No obstante, el hecho de que en México la mayoría de los inconformes se ubiquen dentro de del sector más joven se explica, según el Padre Concha, porque este grupo poblacional es que más resiente los efectos negativos de las políticas económicas, la falta de empleo y las nulas oportunidades educativas.

“Las juventudes, ante la situación social en la que se encuentran de falta de oportunidades, es que se manifiestan públicamente en contra y son vistas como más riesgosas ante el curso de los acontecimientos como van en el país”, precisó el padre Miguel Concha.

FORMAS DE CRIMINALIZACIÓN

La protesta social también es criminalizada en forma indirecta, concluyen las organizaciones civiles en un informe presentado en el marco de la presentación de la campaña #QueNoTeApaguen, entre estas formas se encuentra la creación de tipos penales abiertos que se utilizan tras una sistemática violencia institucional.

El pasado mes de febrero, el Senado aprobó reformas a diversos ordenamientos, en lo que se conoció como la “Ley Antiterrorismo”, la cual fue criticada por legisladores de izquierda y expertos en la materia como un intento del Estado mexicano por criminalizar la protesta social y la justificación jurídica para calificar como terroristas a ciudadanos organizado, como los grupos de autodefensas de Michoacán, los trabajadores de Mexicana o los maestros disidentes sean considerados como terroristas.

Reformó el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes en materia de seguridad pública, que hoy sancionan hasta con 40 años de cárcel las actividades terroristas, e incluye entre éstas el “apoderarse” o “ejercer control de plataformas marítimas e instalaciones aeroportuarias.

“Se busca criminalizar cualquier protesta contra instalaciones petroleras, quizá en previsión de que a futuro serán privadas”, recalcó la Senadora Dolores Padierna en febrero pasado.

ACCIONES DE RESPUESTA

Los activistas advirtieron que impulsarán varias acciones para evitar que el Estado mexicano mantenga esta sistemática criminalización de la protesta social. En primera instancia una permanente vigilancia al desarrollo del proceso legislativo de diversas leyes que se encuentran en los congresos estatales, que pretenden atentar contra la libre expresión.

En este plano, exigirán al Poder Legislativo, tanto federal como a los locales, frenar aquellas iniciativas contrarias a la garantía de diversos derechos humanos.

En segundo término, acudirán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales para pedir que asuman su responsabilidad de proteger los derechos humanos, que prevengan la aprobación de leyes que vayan en sentido contrario a los principios pro persona y de progresividad.

En caso de que estas reformas progresen, exigir que reaccionen y utilicen la recién adquirida facultad para promover acciones inconstitucionalidad para combatir las leyes que atenten contra los derechos humanos.

Finalmente, buscar a las autoridades de los tres niveles de gobierno para exigir que se abstengan de violentar los derechos humanos en marchas, que eviten el uso de la fuerza pública, así como de acciones penales y administrativas.

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