CESE A LA IMPUNIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL A PERIODISTAS Y PERSONAS DEFENSORAS: CONSEJO CONSULTIVO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 16 de mayo de 2017

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El asesinato de periodistas y personas defensoras de derechos humanos no sólo constituye graves violaciones de derechos humanos sino que refleja el altamente deficiente estado de nuestra democracia. Sin el ejercicio pleno a la libertad de expresión y sin la garantía de ejercer nuestros derechos humanos en libertad y con seguridad no hay democracia. Sin periodistas y personas defensoras que puedan ejercer libremente sus funciones, tampoco la hay.

CESE A LA IMPUNIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL A PERIODISTAS Y PERSONAS DEFENSORAS: CONSEJO CONSULTIVO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

El día de ayer, lunes 15 de mayo de 2017, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, a plena luz del día, el periodista Javier Valdez, fundador del semanario Río Doce, mientras que, en un ataque a una familia de comunicadores en Autlán, Jalisco, perdió la vida Jonathan Rodríguez Córdova, de 26 años de edad.

Estos dos casos muestran la situación de emergencia que enfrentan en México las y los periodistas y personas defensoras, ante un vergonzoso estado de impunidad.

Quienes conformamos el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas exigimos a las quienes conforman el Estado Mexicano -que incluye a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno-, una respuesta de protección integral para periodistas y personas defensoras. Demandamos también una investigación diligente sobre el asesinato de Javier Valdez y Jonathan Rodríguez Córdova, de los otros cinco periodistas asesinados de marzo a la fecha y de la defensora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, y así como sobre todos aquellos atentados a la libertad de expresión y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos que ocurren en nuestro país.

Sin duda, el pasado mes de marzo ha sido uno de los más mortíferos para el periodismo mexicano, lo cual marca la situación de emergencia que se vive en el país en materia de libertad de expresión.

Cabe recordar que esta situación se agravó el pasado 2 de marzo con el asesinato en Guerrero del periodista independiente Cecilio Pineda Birto; continuó el 19 del mismo mes, en el estado de Veracruz, con la ejecución del columnista Ricardo Monlui, director del diario El Político, y culminó el jueves 23 de marzo, con el asesinato en el estado de Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada.

Posteriormente, el 14 de abril, en Baja California Sur, fue ultimado Maximino Rodríguez, quien colaboraba para el colectivo Pericú, y el 2 de mayo, en Morelos, Filiberto Álvarez Landeros, locutor del programa Poemas y Cantares de la Señal de Jojutla.

A esto se suma el secuestro de siete periodistas, al norte de Guerrero, por un centenar de personas armadas el fin de semana pasado. Los periodistas sufrieron insultos, golpes, amenazas y el despojo de sus equipos de trabajo, incluido un automóvil donde viajaban. Cabe resaltar que este secuestro ocurre en la llamada Tierra Caliente, zona en la cual fue asesinado el periodista Cecilio Pineda Birto.

Hasta el día de hoy las autoridades de procuración de justicia en los ámbitos federal y estatal tienen en sus manos las investigaciones. Les llamamos a seguir como primera línea de investigación la labor periodística y cerrar la puerta a la impunidad que hasta el día de hoy ha permitido la repetición de atentados, agresiones de todo tipo y asesinatos de periodistas.

El Consejo Consultivo se une a las voces que gritan ¡basta! y que urgen a las autoridades de los tres niveles de gobierno a adoptar, con prontitud y eficacia, todas las medidas preventivas y de protección para detener las agresiones, detenciones arbitrarias, amenazas, campañas de desprestigio, allanamientos, robos y homicidios contra periodistas.

Asimismo llamamos tanto a las autoridades del estado de Tamaulipas como a las instancias federales a esclarecer el homicidio de la defensora de derechos humanos Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. La defensora había logrado lo que las autoridades no habían hecho: encontrar los restos de su hija desaparecida en 2012 e identificar a los responsables, los cuales, no obstante, huyeron en una fuga masiva del penal de Ciudad Victoria. Ante esta situación, Miriam Rodríguez había solicitado protección a las autoridades de Tamaulipas, sin embargo, ésta nunca llegó.

El asesinato de periodistas y personas defensoras de derechos humanos no sólo constituye graves violaciones de derechos humanos sino que refleja el altamente deficiente estado de nuestra democracia. Sin el ejercicio pleno a la libertad de expresión y sin la garantía de ejercer nuestros derechos humanos en libertad y con seguridad no hay democracia. Sin periodistas y personas defensoras que puedan ejercer libremente sus funciones, tampoco la hay. No podemos, como sociedad, resignarnos a vivir así. Reiteramos, de esta manera, nuestra exigencia al Estado Mexicano a estar a la altura de las circunstancias; a reaccionar con decisión, convicción y eficacia para detener esta ola de agresiones y asesinatos que enlutan al país entero y debilitan nuestra democracia.

Alberto Xicotencatl Carrasco

Araceli Domínguez Medina

Araceli Rodríguez Nava

Lucía Lagunes Huerta

Ma. Alejandra Nuño Ruiz-Velasco

Ma. Del Pilar Tavera Gómez

Pablo Romo Cedano

Stefan Zimmer

Víctor Ruiz Arrazola

CONSEJO CONSULTIVO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

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