INFORME (actualización) MÉXICO 2017: 48 Defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente 08 de enero de 2018

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El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el año 2017 suman 48, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyo perpetrador fue un agente de Estado. 

Para ver el informe en la página de internet de Comité Cerezo México aquí.

48 DDH Ejecutados Extrajudicialmente en 2017_FINAL by acuddeh on Scribd

Finalmente, también hay que tomar en cuenta el costo político que le genera la mirada internacional de organismos de derechos humanos que estarán vigilando la situación grave, sistemática y generalizada de violaciones a derechos humanos en nuestro país, y que ya han señalado en sus diversos informes. Aunque cabe destacar que el Estado mexicano ha ido asumiendo el costo político de violar los DH, incluso ante las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos anteriores y la descalificación de los informes que han realizado diversos relatores de la ONU en sus visitas oficiales a México.

Lo que sí queda claro si se analizan las cifras desde el 2018, así como la tendencia al alza de los casos por año y el marco legal de impunidad cada vez más amplio, es que el defensor de derechos humanos que afecte los intereses políticos (léase económicos neoliberales) que impulsa y protege de manera acelerada el Estado mexicano, es una potencial víctima de una ejecución extrajudicial.

Para cerrar, queremos, en aras de evitar la fútil discusión sobre el término ejecución extrajudicial, recuperar su significado desde los derechos humanos:

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado” (ONU, 2005).

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