Organizaciones civiles exigen a México proteger a defensores de DDHH y periodistas 19 de octubre de 2018

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La conclusión del informe apunta que los actuales mecanismos de protección, como el mexicano, "no logran resultados adecuados porque tienen carencias claves, como el reduccionismo de la declaración de la ONU al ámbito normativo nacional, no acorde a los estándares internacionales".

Además, detectaron "un enfoque restringido, centrado exclusivamente en la seguridad y el riesgo", sin un abordaje del problema en un marco más amplio.

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una red de organizaciones civiles exigió al Gobierno de México la protección efectiva de defensores de derechos humanos y periodistas en la presentación de su informe sobre políticas públicas en el tema.

"Esta publicación cobra vital importancia en México debido a que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran bajo un ataque sistemático a causa de su labor", indicaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Protección Internacional (PI) sobre la investigación "Es Tiempo Ya: políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos".

Esos ataques provienen de funcionarios públicos y de particulares, que obligan a periodistas y activistas por la defensa de los derechos humanos a "enfrentar el hostigamiento e intimidación, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, criminalización, desplazamiento y hasta el asesinato", denunciaron.

En la actualidad, en México no existe una política pública integral de protección para estos colectivos, contando únicamente con un mecanismo federal para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, afirmaron.

Además, ese mecanismo ha fallado pues periodistas y activistas han sido asesinados a pesar de haberse acogido a él.

El problema con esa protección es que no solo deja de atender otras formas de violencia, "sino que además no cuenta con recursos económicos y sus recursos humanos y materiales, son insuficientes", señala el documento.

La conclusión del informe apunta que los actuales mecanismos de protección, como el mexicano, "no logran resultados adecuados porque tienen carencias claves, como el reduccionismo de la declaración de la ONU al ámbito normativo nacional, no acorde a los estándares internacionales".

Además, detectaron "un enfoque restringido, centrado exclusivamente en la seguridad y el riesgo", sin un abordaje del problema en un marco más amplio.

Sin investigar los actos de violencia, "es imposible identificar, juzgar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de la comisión de los delitos, en un contexto cuya impunidad es del 99,6 por ciento".

Entre los firmantes del documento están, además de Cejil y PI, Pan Para el Mundo, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de DDHH de Guatemala, Somos defensores, Acción Urgente para los Defensores de los DDHH, Jan Jarab jefe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Propuesta Cívica, la Red Nacional de Periodistas, entre otras.

El año pasado fueron asesinados 12 periodistas, algunos de ellos amparados al mecanismo de protección, mientras que en los primeros nueve meses de 2018 se cometieron 10 homicidios de comunicadores, según los organismos.

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