Protección a periodistas en México es un negocio para empresas de seguridad 21 de octubre de 2018

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Una nueva legislación y una mejor aplicación de esta.

Alejandro Cerezo de Acción Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH) durante la presentación del informe “Es Tiempo Ya”, se refirió a la problemática y las necesidades que giran en torno a ella. Cerezo mencionó la necesidad de una ley general que garantice cuatro ejes principales más allá de la protección física: prevención, protección, investigación de los perpetradores materiales e intelectuales y los beneficiarios de las violaciones de derechos humanos contra defensores. De igual manera urgió a generar mecanismos para la reparación del daño.

Protección a periodistas en México es un negocio para empresas de seguridad

21 octubre, 2018 - Por Juan Miguel Peraza

En México existe un mecanismo denominado “Mecanismo de Protección” basado en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, este mecanismo no logra proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos y se ha vuelto un jugoso negocio para una empresa de seguridad.

Estado mexicano deja sin protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

Apenas el pasado 8 de octubre se supo que el gobierno de Enrique Peña Nieto había dejado sin protección a periodistas y defensores de derechos humanos. La Secretaría de Hacienda no había depositado los fondos para el funcionamiento del mecanismo y había dejado a decenas de periodistas y activistas totalmente desprotegidos. La organización Periodistas Desplazados denunció que el gobierno de Peña Nieto ponía en riesgo la integridad y vida de los periodistas y defensores amenazados y necesitados de protección estatal.

Tan sólo el año pasado 31 defensores de derechos humanos fueron asesinados. A pesar de existir mecanismos de protección, el ejercicio del activismo y el periodismo se ha vuelto cada vez más complicado en México. Los expertos señalan que el problema podría encontrarse en el mecanismo de protección utilizado en México.

Cabe mencionar que gracias a la presión ejercida por el colectivo de periodistas, la Secretaría de Hacienda liberó los fondos para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos el pasado 19 de octubre de acuerdo a Periodistas Desplazados. La SEGOB cuenta con un saldo de 112 millones de pesos para la operación del mecanismo entre octubre de este año y principios del otro.

Sin embargo, la inconformidad va más allá de este gobierno, el periodismo nacional ya reclama cambios al nuevo gobierno. El pasado primero de octubre, los periodistas escribieron una carta al vocero de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas en relación a las declaraciones del presidente electo respecto a la prensa y la supuesta eliminación de la “Ley Chayote.“ La misiva reclamaba al nuevo gobierno piso parejo en el ejercicio del periodismo y evitar la discrecionalidad del gato en publicidad que termina por afectar el ejercicio del periodismo en los Estados en particular.

Un enfoque de protección no adecuado.

El informe “Es tipo ya, políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos humanos” del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Protección Internacional (PI), señala que el problema está en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. El informe señala que la protección en México omite enfoques de género, territorio o étnicos y únicamente se enfoca en la protección física de la persona. Es un mecanismo que se centra en la seguridad y el riesgo.

El informe también señaló que a pesar de que existe una Ley de Protección, no existen políticas públicas integrales para llevar a cabo esta protección. Únicamente existe el mecanismo de protección el cual se centra únicamente en la protección física basada en tecnología, botones de pánico, escoltas y telecomunicaciones.

En entrevista con Animal Político, Leonardo Días de Somos Defensores, mencionó que este modelo ya se había aplicado en Colombia con resultados fallidos. La cuestión viene a ser que a pesar de que el modelo fracasó en otros países, en México se está replicando.

Medidas existentes con acciones deficientes.

El informe del CEJIL y PI señala que de las medidas de protección otorgadas, el 75% son botones de pánico y circuitos cerrados de seguridad. Si se añade el 5% del consumo de gasolina y las telecomunicaciones, acumulan el 92% de los gastos en la materia.

Un estudio llevado a cabo por Espacio_OSC dice que no se tiene comprobada la efectividad del botón de pánico. El informe añade que de 59 casos analizados, sólo en 11 se tuvo la respuesta adecuada. El CEJIL y PI mencionan que el problema no es el botón sino el mecanismo de acción tras su uso.

La noción de que el botón envía una alerta instantánea es sugerente, pero lo que realmente haría útil esa medida es un sistema que garantice una reacción rápida y adecuada al recibir la alerta, eso parece no existir.

El informe detalla que el botón de pánico tiene un costo mensual de unos 215 dólares o unos 4 mil 300 pesos mexicanos considerando un tipo de cambio de 20 pesos. “Es un alto costo económico”, mencionan el CEJIL y PI.

El gran negocio de la protección de personas en riesgo es para una empresa.

La investigación realizada por Espacio_OSC arrojó que en lo que respecta a la tecnología de seguridad para el mecanismo de protección, sólo existe un proveedor. El proveedor es RCU Sistemas y se encarga de brindar los botones de pánico, el circuito cerrado de televisión, chalecos, escoltas, malla ciclónica y cerraduras reforzadas, prácticamente todo.

En otro informe denominado “Fideicomisos en México”, el arte de desaparecer dinero público” de Fundar, se analizó de qué manera se gastó el dinero destinado al mecanismo. Este dinero es manejado a través de un fideicomiso como lo indica el informe mismo.

El estudio revela que, hasta mayo de 2017, el gobierno había destinado recursos a cargo del erario para la protección de 290 periodistas y 406 defensores de los derechos humanos. El informe señala que en 2015 se destinaron 119 millones de pesos y en 2016, 170 millones.

Una nueva legislación y una mejor aplicación de esta.

Alejandro Cerezo de Acción Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH) durante la presentación del informe “Es Tiempo Ya”, se refirió a la problemática y las necesidades que giran en torno a ella. Cerezo mencionó la necesidad de una ley general que garantice cuatro ejes principales más allá de la protección física: prevención, protección, investigación de los perpetradores materiales e intelectuales y los beneficiarios de las violaciones de derechos humanos contra defensores. De igual manera urgió a generar mecanismos para la reparación del daño.

Si la ley dice que se establezcan convenios y acuerdos entre estos y el poder federal, entonces deja todo a la voluntad política de esos poderes. Es necesaria una ley que norme y obligue a todos.

El activista incluso mencionó que la actual ley sí cuenta con un mecanismo de prevención de la violencia, sin embargo, este no se pone en práctica. Señaló como uno de los principales problemas la empresa involucrada en la protección pues se supone que ya no deberían brindar por privados.

Hay un problema de lo que está en la ley, lo que se aplica en la ley y el gran problema de la empresa privada que está involucrada en la protección, cuando la CIDH recomendó ya que no debe haber empresas privadas en la ejecución de las medidas de protección a defensores de derechos.

Para rematar, Alejandro Cerezo urgió a la nueva administración para generar una nueva ley que tome en cuenta las cuatro directrices que mencionó. También pidió incluir los distintos enfoques como el de género en la legislación. Todo esto con el fin de contar con una política integral para el derecho a defender los derechos humanos y la labor periodística.

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