Un Estado democrático debe garantizar derechos humanos y protección a periodistas 22 de octubre de 2018

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De la organización Acción Nacional Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Alejandro Cerezo puntualizó que, junto con 130 organizaciones internacionales y 22 nacionales, impulsan en la Cámara de Diputados sus propuestas para ayudar a las personas defensoras y periodistas.

Dijo que la Ley debe tener cinco componentes fundamentales: crear el marco jurídico para enarbolar el derecho a defender; prevenir, es decir, sistemas que inhiban a los perpetradores y beneficiarios de las agresiones; protección, que se refiere a las medidas que evitarán ser ejecutado, desaparecido de manera forzada, amenazado o criminalizado; investigación, porque la ley actual no contiene este aspecto, y la reparación integral.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), subrayó que un Estado con aspiraciones democráticas debe garantizar una eficaz defensa de los derechos humanos y protección a los periodistas.

Durante el conversatorio “Sobre la necesidad de una ley general de defensores de derechos humanos y periodistas”, la legisladora destacó que México se encuentra entre los países más peligrosos para ejercer esta actividad; además, existen cientos de miles de personas desaparecidas y los defensores de derechos humanos son constante y cotidianamente acosados por diversas autoridades.

Aseguró que actualmente no se tiene ni transparencia ni rendición de cuentas sobre este tema y el fideicomiso de atención a víctimas no ha dado resultados; por lo tanto, consideró necesario integrar mesas de trabajo con los involucrados, a fin de conocer sus necesidades, asimismo las prioridades de los defensores de los derechos humanos.

Añadió que para lograr una plena justicia en este país se requiere ser más humanos, de funcionarios de calidad y que se dé una estrecha relación entre los tres órdenes de gobierno.

Enfatizó que existe una profunda deuda con la sociedad civil organizada que defiende los derechos humanos y a los informadores, a pesar de contar con instrumentos normativos que incorporan elementos mínimos de respeto, por lo que es necesario fortalecerlos y generar políticas públicas orientadas en la materia.
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“La ley debe ofrecer mayores garantías y una estrategia unificada, es decir, que posea un alcance general y no federal, a fin de fortalecer los mecanismos de protección ya establecidos y que todas las entidades federativas se homologuen en este sentido”, explicó.

Consideró que hay un mayor debate en una reforma constitucional, pues “es más fácil trabajar una iniciativa a nivel federal que modificar la Constitución”. Se lleva muchos meses -aunque seamos mayoría- dar viabilidad a una modificación a la Carta Magna.

En tanto, la diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena), secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, sostuvo que México tiene graves, profundos y dolorosos problemas en materia de protección de los defensores de los derechos humanos y de la labor periodística.

Por ello, se pronunció por crear una ley que garantice auténticamente a periodistas y defensores de los derechos humanos, las condiciones para el desarrollo seguro de su actividad, libre de hostigamientos y presiones indebidas.

Además, añadió, deberá incluir el rediseño de políticas y procedimientos específicos de las diversas actividades y dar lugar a instancias y mecanismos efectivos de denuncia, investigación, protección y sanción del trasgresor, adecuados a los estándares internacionales y homologados a nivel nacional, así como definir la naturaleza jurídica de tal instrumento.

En este conversatorio, dijo, se reúnen expertos en la proyección y diseño de instrumentos legislativos y administrativos para la protección de los defensores de los derechos humanos y la labor periodística; sus comentarios, dijo, fortalecerán la revisión normativa.

En el evento, diversas organizaciones coincidieron en la necesidad de contar con una ley general de defensores de derechos humanos y periodistas. Enrique Eguren, de la Organización Protectión International, enfatizó que los mecanismos de protección en América Latina no están dando resultados, por lo que se debe plantear otro enfoque.

Resaltó que periodistas y defensores cuando intentan ejercer sus derechos, sufren represión y la existencia de barreras y obstáculos. No solamente debe haber un enfoque de seguridad, sino también políticas públicas que protejan los derechos humanos y la libertad de expresión, subrayó.

Ignacio Gómez García, del Centro de Justicia Internacional, afirmó que la labor de los defensores de los derechos humanos es fundamental para la democracia. Estimó que se debe avanzar en un proyecto que responda a todas las necesidades de las sociedades y en un Estado de derecho que garantice justicia, verdad y reparación ante las violaciones de los derechos.

Refirió que, según la organización Front Line Defenders, en 2017, fueron asesinadas 312 personas en 27 países a nivel mundial, de las cuales 212 se produjeron en América y el 80 por ciento ocurrieron en Brasil, Colombia y México. Subrayó que, además de los asesinatos y agresiones físicas, es importante tomar en cuenta la criminalización de las personas defensoras, que en muchos casos enfrentan procesos largos, costosos e injustos. Reconoció los avances que se han dado en nuestro país en los últimos años; sin embargo, consideró importante tener una visión amplia que vaya más allá del mecanismo y de la protección.

De la “Red de Todos los Derechos para Todos y Todas”, Fernando Ríos sostuvo que existe una crisis severa en el derecho a defender; muestra de ello, es que en este sexenio más de 150 defensoras y 46 periodistas fueron asesinados. Dijo que la ley para defender los derechos de las personas debe tener una arquitectura jurídica diferente que garantice su seguridad.

Por la organización Propuesta Cívica, Mario Cardoso señaló necesario crear un Sistema Nacional de Protección, donde todas las entidades tengan un rol más activo en la defensa de derechos humanos y en el respeto a la libertad de expresión. “Es necesario contar con un marco legal que permita reconocer obligaciones y establezca procedimientos claros y mecanismos de coordinación interinstitucional”, planteó.

De la organización Acción Nacional Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Alejandro Cerezo puntualizó que, junto con 130 organizaciones internacionales y 22 nacionales, impulsan en la Cámara de Diputados sus propuestas para ayudar a las personas defensoras y periodistas.

Dijo que la Ley debe tener cinco componentes fundamentales: crear el marco jurídico para enarbolar el derecho a defender; prevenir, es decir, sistemas que inhiban a los perpetradores y beneficiarios de las agresiones; protección, que se refiere a las medidas que evitarán ser ejecutado, desaparecido de manera forzada, amenazado o criminalizado; investigación, porque la ley actual no contiene este aspecto, y la reparación integral.

Por el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MILT), Pascual de Jesús González expresó que muchos líderes indígenas y defensores de tierras y recursos naturales fueron asesinados por levantar la voz, y sus casos quedaron en la impunidad, porque no existe una ley que obligue al Estado a esclarecer estos crímenes. Pidió al Congreso de la Unión tomar en cuenta las propuestas de las organizaciones.

De Redes de Periodistas, Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Adriana Ramírez Vanegas consideró que muchas de las violaciones y agresiones hacia los derechos humanos de comunicadores tienen que ver con una cadena de omisiones del Ejecutivo Federal, gobernadores, presidentes municipales, ministerios públicos y jueces. “Hay falta de control en los procesos de procuración de justicia y de coordinación en los protocolos de atención y seguridad”.

Consideró que antes de hablar de una Ley General, se tiene que observar por qué no se cumplen las recomendaciones de las diferentes organizaciones internacionales en materia de libertad de expresión y protección a periodistas.

Agregó que se tienen que crear unidades de género en la Fiscalía especializada de libertad de expresión; despenalizar delitos de difamación y calumnia, y realizar acciones para garantizar que las periodistas hagan su labor, pero también cumplan con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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