Espacio OSC: Urgente diálogo con el Estado mexicano frente a violencia contra personas defensoras y periodistas 29 de enero de 2019

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cinco personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas quienes han perdido la vida en el ejercicio de su labor desde la toma de posesión del nuevo gobierno el pasado 1 de diciembre:

Jesús Alejandro Márquez, periodista asesinado en Nayarit el 2 de diciembre de 2018

Diego García Corona, periodista asesinado en el estado de México el 5 de diciembre de 2018

Manuel Martínez Bautista, indígena nahuatl, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018

Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 de enero de 2019

Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019

José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019

Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario asesinado en Baja California Sur entre el 19 y 20 de enero de 2019

Gustavo Cruz, defensor de derechos humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019

23 de enero de 2019

El pasado domingo 20 de enero se conoció la trágica noticia de que Rafael Murúa, director y fundador de la primera radio comunitaria concesionada en Baja California Sur, Radio Kashana 93.3 FM, fue encontrado sin vida a 40 kilómetros de su hogar. Ese mismo día, un integrante de la Unión Campesina e Indígena Nacional (UCIN) en la región chinanteca de Oaxaca, Carlos Mendoza, fue desaparecido, y Gustavo Cruz, militante del CIPO (Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”), fue asesinado. Un día antes, el sábado 19 de enero, fueron encontrados sin vida los defensores de derechos humanos e integrantes del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán, Chiapas, José Santiago Álvarez y Noé Jiménez Pablo, también integrante de la dirigencia nacional de la CNPA-MN, luego de haber sido víctimas de desaparición forzada junto a otros 50 compañeros más, desde el jueves 17 de enero.

Tanto Rafael Murúa como Noé Jiménez eran beneficiarios del Mecanismo Federal de Protección, órgano gubernamental encargado de proteger a las personas defensoras y periodistas, así como garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión.

En el caso de Murúa, el periodista comunitario había denunciado y solicitado medidas de protección tras recibir amenazas y agresiones el pasado mes de noviembre, sin embargo, la falta de coordinación entre autoridades y la falta de voluntad política, incrementaron las condiciones de riesgo del periodista, quien lamentablemente fue asesinado. En Hermosillo, Sonora, desconocidos irrumpieron en la sede de la radio comunitaria Política y Rockanroll Radio 106.7 FM, la madrugada del 21 de enero, siendo el segundo ataque contra una radio comunitaria en menos de 48 horas.

Con estos últimos asesinatos son ya, por lo menos, cinco personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas quienes han perdido la vida en el ejercicio de su labor desde la toma de posesión del nuevo gobierno el pasado 1 de diciembre:

Jesús Alejandro Márquez, periodista asesinado en Nayarit el 2 de diciembre de 2018

Diego García Corona, periodista asesinado en el estado de México el 5 de diciembre de 2018

Manuel Martínez Bautista, indígena nahuatl, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018

Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 de enero de 2019

Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019

José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019

Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario asesinado en Baja California Sur entre el 19 y 20 de enero de 2019

Gustavo Cruz, defensor de derechos humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019

La situación de riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos se incrementó con el inicio del combate contra el crimen organizado y ha aumentado sistemáticamente en los últimos años. El gobierno actual recibe una herencia del sexenio de Enrique Peña Nieto de 184 personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas(1), casos marcados por la impunidad y la falta de investigación.

Desde el Espacio OSC insistimos en que mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno encargadas de prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño, sigan sin coordinarse, no habrá recurso, ni policías, ni botones de asistencia que alcancen para proteger a todas las personas defensoras y periodistas en riesgo en el país.

Por ello, desde las organizaciones del Espacio OSC hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para un diálogo amplio e incluyente que permita la discusión y construcción de una Política Pública de Protección Integral, que garantice el derecho a defender los derechos humanos, así como el periodismo y la libertad de expresión.

Esta política debe incluir a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en coordinación con autoridades estatales y municipales, y debe abarcar desde el respeto a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como la promoción de su actividad, garantizar su protección física, digital y psicosocial; que se investigue tomando en cuenta como principal línea de investigación su labor, se juzgue y sancione a los culpables y de igual forma se otorguen medidas de reparación y garantías de no repetición a las víctimas.

Solicitamos que se garantice de forma inmediata la atención y las medidas de protección necesarias para las familias y organizaciones de las personas asesinadas.

En cuanto a las personas defensoras y periodistas que fueron asesinadas siendo beneficiarias del Mecanismo de Protección, exigimos una revisión exhaustiva de las posibles fallas, acciones y omisiones que derivaron en la imposibilidad de proteger la integridad física de las víctimas.

El Espacio OSC solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos una reunión inmediata, en la que podamos continuar trabajando de forma coordinada para combatir todas las formas de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.

Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

Para más información:

contacto@espacio.osc.mx

Comité Cerezo México. 184 Personas defensoras de DH ejecutadas extrajudicialmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Primera edición, CDMX, 2018. Consultado el 22 de enero de 2019 en: https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3183

Ver en línea : Espacio OSC: Urgente diálogo con el Estado mexicano frente a violencia contra personas defensoras y periodistas

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