Pronunciamiento: Ante la ejecución extrajudicial de 8 personas defensoras de DH, es una necesidad la aprobación de la Ley General de protección a personas defensoras y personas periodistas. 21 de febrero de 2019

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Condenamos enérgicamente las ejecuciones extrajudiciales mencionadas y nos sumamos a la indignación que han expresado las personas defensoras de los derechos humanos, quienes diariamente luchamos por una vida digna en el país y por el fin de las políticas neoliberales, depredadoras de la vida y el planeta.

Pronunciamiento

Ante la ejecución extrajudicial de 8 personas defensoras de DH, es una necesidad la aprobación de la Ley General de protección a personas defensoras y personas periodistas.

Ciudad de México, 21 de febrero de 2019

Condenamos enérgicamente las ejecuciones extrajudiciales mencionadas y nos sumamos a la indignación que han expresado las personas defensoras de los derechos humanos, quienes diariamente luchamos por una vida digna en el país y por el fin de las políticas neoliberales, depredadoras de la vida y el planeta.

En este contexto, consideramos importante dar a conocer qué es una ejecución extrajudicial de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia [cuando mandatan a particulares], cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto, se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”.

Afirmamos que las ocho personas defensoras de los derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente porque lo que comúnmente llaman delincuencia organizada en realidad son grupos paramilitares creados bajo el auspicio de algún agente estatal. Así, los agentes de Estado que se llenan la boca con declaraciones acerca de que estas ejecuciones extrajudiciales son “ajustes de cuentas” o “propias de la delincuencia organizada” sólo intentan evadir su responsabilidad como Estado, con el objetivo de ocultar que ha sido una política gubernamental que se utilizó de manera sistemática a partir de la profundización de la política neoliberal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que se consolidó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: el uso de grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio de las autoridades estatales.

Además, aseguramos que fueron ejecutadas extrajudicialmente debido al ejercicio del derecho a defender derechos humanos —organizarse, promover y exigir un derecho humano—, porque no fueron ejecutadas por casualidad o porque estaban en medio de un enfrentamiento o por la violencia generalizada que existe, sino porque fueron víctimas de una violencia dirigida, intencionada, que tuvo un objetivo político y económico. Además, porque los perpetradores cuentan con la colaboración institucional o el cobijo de las autoridades para gozar de impunidad.

Ante estas ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de los derechos humanos, que hemos documentando desde el año 2006 y publicado en informes desde el 2012, más de 117 organizaciones y varias personalidades elaboramos una propuesta de iniciativa de Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de abonar a la construcción de una política integral de protección a ambas poblaciones y que solucione muchas las deficiencias de la ley actual. La iniciativa busca volver realidad las recomendaciones que en 2017 realizaron el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Sr. Michel Forst; el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Sr. David Kaye, y el Relator Especial de la CIDH para la libertad de expresión, Sr. Edison Lanza. Asimismo, busca materializar las recomendaciones y buenas prácticas que organizaciones nacionales e internacionales que han realizado en la materia. Cabe destacar que la ley general hace énfasis en la prevención, la investigación y la reparación. Prevenir antes de que sucedan hechos lamentables e investigar para terminar con la impunidad imperante, además reparar a los que ya han sido violados sus derechos humanos.

La propuesta de iniciativa de Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas elaborada por Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos y Comité Cerezo México, con la colaboración del Colectivo Infrarealismo Jurídico, fue presentada a la Diputada Rocío Barrera Badillo, Presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, y a la Diputada Beatriz Pérez López, integrante de ésta, el 22 de noviembre de 2018. Hasta el día de hoy se han celebrado tres mesas técnicas legislativas donde la propuesta de iniciativa ha sido enriquecida por diferentes personas defensoras, periodistas, organizaciones y asesores legislativos. Este proceso reiniciará el 4 de marzo, durante ese mes y el mes de abril, y se celebrarán 12 mesas técnicas para el enriquecimiento y perfeccionamiento de la ley general. Los invitamos a estar atentos al proceso y a sumarse a este esfuerzo de discusión y construcción de una ley general para personas defensoras de los derechos humanos y personas periodistas.

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos

Comité Cerezo México

Contacto:

acuddeh@gmail.com

Celular: 5527437070, Alejandro Cerezo Contreras, tema de la ley general

Celular: 5510472031, Francisco Cerezo Contreras, tema de ejecutados extrajudiciales.

Lista de las personas defensoras de los derechos humanos presuntamente ejecutadas extrajudicialmente del 1 de diciembre a 21 de febrero de 2019

24 de diciembre de 2018: Manuel Martínez Bautista, indígena y defensor del territorio, ejecutado en Yahualica, Hidalgo.

3 de enero de 2019: Sinar Corzo Esquinca, miembro del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra. Defendía el derecho a defender derechos humanos y fue ejecutado en Arriaga, Chiapas.

18 de enero de 2019: Noé Jiménez Pablo, indígena miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional. Defendía el derecho a la vida digna, era beneficiario del Mecanismo federal y fue ejecutado en Amatán, Chiapas.

18 de enero de 2019: José Santiago Álvarez Gómez, indígena miembro del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán. Defendía derecho a la vida digna y fue ejecutado en Amatán, Chiapas-

20 de enero de 2019: Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (Cipo-RFM). Defendía el derecho a la tierra y fue ejecutado en Santiago Jocotepec, Oaxaca.

20 de enero de 2019: Rafael Manríquez Murúa, periodista y defensor de los derechos humanos. Defendía el derecho a la libertad de expresión, era beneficiario del Mecanismo federal y fue ejecutado en Mulegé, Baja California Sur.

23 de enero de 2019: Estelina Gómez López, indígena miembro de la Organización Popular Ricardo Flores Magón. Defendía el derecho al territorio y fue ejecutada en Amatenango, Chiapas.

20 de febrero de 2019: Samir Soberanes Flores, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Defendía el derecho al territorio y fue ejecutado en Temoac, Morelos.

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