Octavo Informe. Defender los derechos humanos en México: ¿Fin de la impunidad? Junio de 2018 a mayo de 2019 20 de agosto de 2019

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Resumen ejecutivo

EL PRESENTE INFORME REFLEJA, POR MEDIO DE CIFRAS, las violaciones de derechos humanos que fueron cometidas por el Estado mexicano en contra de las personas defensoras de los derechos humanos durante el periodo que va del 01 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019.

Octavo Informe. Defender los derechos humanos en México: ¿Fin de la impunidad? Junio de 2018 a mayo de 2019

Resumen ejecutivo

EL PRESENTE INFORME REFLEJA, POR MEDIO DE CIFRAS, las violaciones de derechos humanos que fueron cometidas por el Estado mexicano en contra de las personas defensoras de los derechos humanos durante el periodo que va del 01 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019. Esto quiere decir que da cuenta de las cifras de personas, organizaciones y comunidades que, por ejercer o defender uno o varios derechos humanos, fueron agredidas durante los últimos seis meses del gobierno de EPN y en los primeros seis meses del gobierno de AMLO. Las violaciones documentadas en este informe son la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria, y las amenazas, hostigamiento y ataques físicos en contra de las personas defensoras de los derechos humanos.

Este informe es realizado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, organizaciones formadas por personas solidarias y voluntarias que, como monitores de derechos humanos capacitados por el Comité Cerezo México, tienen la capacidad de identificar una violación a los derechos humanos, así como realizar el registro inicial de los eventos y actos de violaciones a los derechos humanos. Los monitores voluntarios y solidarios realizan también la búsqueda hemerográfica y de otras fuentes públicas para completar los registros, por ello, es necesario reconocer que sin este trabajo solidario, sería imposible realizar esta titánica labor de documentación de violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos en México.

Cabe destacar que tan sólo se documentan los casos que cumplen con los siguientes criterios: las víctimas deben ser personas defensoras de derechos humanos, mientras que el perpetrador debe ser (por comisión, omisión o aquiescencia) el Estado mexicano y los hechos que constituyen la violación a los derechos humanos deben ser consecuencia de la denuncia política o defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima. Esto implica que en el país existen muchos otros casos de desaparición forzada, detención arbitraria, ejecución extrajudicial y otras VDH en contra de la población en general y de sectores en específico que no aparecen reflejados en este informe debido a que nuestro análisis se centra en los mecanismos de represión política estatal. También debemos puntualizar que no documentamos actos cometidos por particulares sin la aquiescencia del Estado, ya que registrar todo tipo de agresiones diluye la responsabilidad del Estado o pone en el mismo nivel de agresión a otros particulares que no tienen, ni tendrán, la misma capacidad del Estado para agredir y mantener la impunidad y además, lo que es más importante, no tienen obligación de respetar y proteger los derechos humanos en México.

Por segunda ocasión, hemos podido afinar nuestra metodología y trabajo, lo que nos permite dar cuenta de quiénes son los beneficiarios de las violaciones a los derechos humanos que se cometen contra las personas defensoras, así como tener un registro de cuál es el principal derecho humano que las víctimas defendían. Esto hace posible que se pueda dar cuenta de modo más detallado de las estrategias y tendencias represivas.

A lo largo de los 12 meses que abarca el informe, ACCUDEDH nos indica que hubo 105 eventos de otras VDH cometidas contra las personas defensoras, que implicaron 1153 actos que afectaron a 42 organizaciones, 19 comunidades, 42 personas defensoras de derechos humanos, 1 familiar de personas defensoras de derechos humanos y 542 personas integrantes de una organización de defensa de los derechos humanos. De las cifras totales, 64 eventos con 822 actos, ocurrieron durante los últimos seis meses del gobierno de EPN, mientras que 41 eventos con 331 actos fueron cometidos durante los primeros seis meses del gobierno de AMLO. Los números no sólo bajaron en el segundo semestre, sino que mostraron cambios en algunas tendencias, por ejemplo en los seis meses que corresponden al gobierno de AMLO los altos número de actos y eventos ocurridos en el estado de Veracruz disminuyeron, disminuyó también el uso del hostigamiento. Sin embargo, hay cosas que no se modificaron: en ambos semestres las otras VDH que se cometen contra las personas defensoras ocurren por comisión (por perpetradores que forman parte del Estado y que se identifican públicamente como tal), y aunque en ambos periodos se observa una disminución del uso de las amenazas y de la criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos, los desalojos ocupan un número alto. De hecho las clases preferidas de hostigamiento también presentan una modificación en su patrón, pues mientras en los últimos meses de EPN se prefirió la intimidación armada, en el periodo de AMLO se utiliza más el seguimiento en vehículo y la vigilancia. Además, mientras que en los últimos seis meses de EPN los defensores de territorio y vivienda concentran más de la mitad de todas las violaciones a derechos humanos, durante los primeros seis meses de AMLO las violaciones de derechos humanos se concentran en contra de los defensores de los derechos humanos laborales.

Asimismo, durante los 12 meses documentados hubo 348 detenciones arbitrarias, de las que 194 corresponden al final del gobierno de EPN y 154 al periodo de AMLO. Las detenciones realizadas en el año 2018 decrecieron más de 50% con respecto al año 2017 y en lo que llevamos de este nuevo año las detenciones arbitrarias superan las cifras de los años 2010 y 2011 con 63 y 90 detenciones arbitrarias respectivamente. Tanto en los últimos seis meses de EPN como en los primeros seis de AMLO, podemos ver una disminución del uso de la detención arbitraria, en ambos periodos los perpetradores son, en la mayoría de los casos, policías estatales, y los defensores más atacados con detenciones arbitrarias defienden el territorio. No obstante hay algunas modificaciones en ciertos patrones, pues en los seis últimos meses de EPN cambió la estrategia que se mantuvo en sus otros años de gobierno, ya que se prefirió imputar delitos a los detenidos, tal y como ocurre (con el mismo delito) en los primeros seis meses del gobierno de AMLO. Quizá una de las diferencias más significativas entre ambos periodos es que en los últimos meses del gobierno de EPN el uso de las detenciones arbitrarias benefició a los gobiernos estatales, mientras que en los primeros seis meses de AMLO se benefició a particulares.

Del 01 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019, 38 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente. Las tendencias de las cifras documentadas advierten que es posible que se sigan presentando cifras altas y graves, por lo que el uso de la ejecución extrajudicial se mantiene como mecanismo de represión tanto en los seis últimos meses de EPN como en los primeros de AMLO, de hecho los estados en donde más se presenta esta grave VDH son los mismos. De igual manera, en ambos periodos, la población más afectada por la ejecución extrajudicial es de origen indígena y son los defensores del territorio quienes más son víctimas de este acto. A diferencia de todo el sexenio de EPN, en los seis meses del gobierno de AMLO sí se ha usado la ejecución extrajudicial contra dos mujeres, además en los últimos meses de EPN es casi imposible identificar a los perpetradores, mientras que en los primeros meses de AMLO la mitad de los perpetradores se pudieron identificar como integrantes de grupos paramilitares. Hay una ligera disminución en el uso de ejecuciones extrajudiciales en contra de defensores del derecho humano a la libertad de expresión y, aunque en ambos periodos los beneficiarios de las ejecuciones son autoridades estatales, en los primeros meses del periodo de AMLO el uso de la ejecución extrajudicial contra defensores de derechos humanos también benefició a policías municipales.

A diferencia de otros informes, y afortunadamente, en el periodo documentado sólo se presentaron 3 casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras de los derechos humanos. Una de ellas se cometió en los últimos meses de EPN y a la fecha se desconoce el paradero de la víctima; las dos restantes ocurren en los primeros meses del gobierno de AMLO y las víctimas actualmente se encuentran libres. Un elemento importante de mencionar es que el costo político de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí logró que durante los cuatro años subsecuentes no se cometieran desapariciones forzadas colectivas en contra del movimiento social y que bajara la cantidad de desapariciones forzadas en contra de personas defensoras de los derechos humanos hasta alcanzar las bajas cifras que aparecen en este informe. Sin embargo, no basta con que el actual Gobierno Federal abandoné la política del uso de la desaparición forzada, se necesita iniciar también un proceso de acceso a la Verdad y Justicia que permita dar pasos concretos para acabar con la impunidad y poder, con ello, dar los primeros pasos para garantizar el derecho a la reparación integral del daño y las garantías de no repetición, es decir, para que el Estado jamás vuelva a desaparecer de manera forzada a sus ciudadanos.

Si bien se observan cambios en las cifras y en algunas tendencias, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo que abarca este informe, así como la larga lista de graves violaciones a los derechos humanos que se arrastran desde hace más de 10 años muestran que no es suficiente con disminuir el uso de esos mecanismos represivos, lo importante es, y eso calificará al gobierno en curso, la lucha contra la impunidad, pues las demandas de Memoria, Verdad y Justicia siguen siendo grandes retos para las violaciones a los derechos humanos con que se ha atacado al pueblo organizado en su lucha por vida digna.

Contexto de los casos documentados

El Cambio de Gobierno: Normalización de la violencia política y eliminación de la disidencia social, ¿ruptura o continuidad?

DEBIDO AL CAMBIO DE GOBIERNO ESTAMOS OBLIGADOS a analizar si las características que observamos en el país durante el gobierno panista de Felipe Calderón (FCH) y el gobierno del priista EPN se mantienen o muestran algunos cambios en los primeros seis meses del nuevo gobierno de AMLO.

Como explicamos en otros informes, entre los dos gobiernos anteriores (el de FCH y EPN) los patrones represivos no se modificaron substancialmente, los datos mostraron que existía una continuidad pues el patrón del uso de las modalidades represivas ha ido de lo general, la guerra contra la delincuencia organizada y el uso de la estrategia de control social mediante el terror, a la aprobación de las reformas estructurales que profundizan la política económica neoliberal, es decir, no sólo se mantuvieron las estrategias de control social mediante el terror, sino que se sumó el refinamiento de la estrategia de represión política que comenzó, en una primera fase, de manera generalizada y que terminó operando de manera selectiva. De ahí que sea natural que todos nos preguntemos qué podemos decir con respecto a si hay continuidad o ruptura en la estrategia represiva del Estado a partir de la llegada a la presidencia de AMLO.

Es importante advertir que seis meses son poco tiempo para poder observar y describir las características represivas, de hecho en nuestros informes anteriores se ha hecho evidente que la consolidación de la estrategia represiva y de control social de cada sexenio (tenga o no continuidad con la anterior) así como la conformación y maduración del discurso que la oculta o la normaliza, no adquiere madurez ni se muestra con toda claridad sino hasta que ha transcurrido un año y medio o dos años del sexenio. De ahí que insistamos en advertir al lector que lo que encontrará en este apartado son sólo algunos apuntes de los aspectos que nos parecen importantes para tomar en cuenta debido a que hasta ahorita presentan algún cambio, sin embargo es posible que algunas de estas líneas de ideas no puedan confirmarse o rechazarse hasta que haya transcurrido más tiempo. Es decir que, aunque aceptamos que seis meses del nuevo gobierno es poco tiempo para obtener una generalización y una comparación a profundidad, trataremos de mostrar a grandes rasgos si existen o no diferencias cuantitativas y cualitativas entre estos dos periodos, el abiertamente neoliberal que impulsaron el PAN y el PRI en los dos sexenios pasados y el nuevo gobierno que ha decretado públicamente el fin de la política económica neoliberal.

Para comenzar a hablar de algunas tendencias que observamos, tenemos, por fuerza, que retomar las conclusiones de las características del contexto mexicano que se vivió durante los dos últimos sexenios (2006 a 2018) y compararlas con las pocas o incipientes características que se observan en el contexto del actual gobierno. En informes anteriores, publicamos un cuadro que, de manera resumida, mostraba lo que habíamos dicho sobre las características del contexto mexicano, y que, de acuerdo con nuestro análisis, estuvieron presentes hasta concluir el sexenio priista de EPN. Esas características reflejan fielmente el origen de las graves VDH que se documentaron durante los 12 años anteriores.

[...]

Si bien como expresábamos antes, seis meses es un tiempo muy corto para poder develar las políticas estatales con respecto a la defensa y ejercicio de los derechos humanos de los defensores de derechos humanos y luchadores sociales en el territorio nacional, algunos de los elementos señalados en la tabla nos permiten avistar las características de este nuevo gobierno.

Es claro que los datos duros que más adelante podrán ver y analizar esbozan un cambio, definitivamente lo que estamos presenciando no es la continuidad de la política represiva característica de los gobiernos anteriores del PAN y el PRI, aunque tampoco, ni de cerca, representa la eliminación de la fuente de todas las violaciones de derechos humanos, el sistema económico que pone en primera instancia la ganancia económica sobre la dignidad humana.

Las cifras del presente informe sí reflejan diferencias en la forma en que el nuevo gobierno, con respecto a los dos anteriores, usa la estrategia represiva, de hecho ahora no podemos ver ya las represiones masivas ordenadas por el Gobierno Federal, aunque esto no es el caso para los gobiernos estatales que, por ejemplo, en Michoacán con un gobierno no afín a la política de AMLO y Chiapas a través de MORENA continúan con esa misma práctica de represiones masivas y detenciones arbitrarias.

Las cifras de los primeros seis meses del gobierno de AMLO reflejan una baja considerable en la cifra de actos de VDH cometidas contra defensores de derechos humanos, no sólo en la cantidad, sino también en la gravedad de dichos actos, cabe mencionar, para no caer en la generalización, que estos datos duros no reflejan los años que faltan del sexenio de AMLO.

Como habíamos apuntado en el informe anterior, la posibilidad del triunfo de AMLO era un hecho, también decíamos que sólo un gran fraude podía arrebatar nuevamente este triunfo, fraude que no se realizó, no por falta de ganas, sino debido a dos factores; el primero, la votación masiva más cuantiosa de la historia de las elecciones en el México contemporáneo, y segundo, el alto costo político de generar mayor descontento social, no porque no se pudiera contener, como lo hizo la clase dominante en los tres sexenios anteriores, sino por una apuesta al desgaste de la autodenominada izquierda electoral como lo muestra el ejemplo de los países de América del Sur, quienes al no profundizar el desmonte de la política económica neoliberal y del sistema económico y social capitalista, permitieron el regreso de gobiernos radicalizados hacia la derecha con discursos cercanos al nazi-fascismo.

Los nuevos adversarios políticos
Debemos tomar en cuenta que aunque en el discurso del nuevo gobierno se ha decretado el fin de la política económica neoliberal, la mayoría de las reformas llamadas estructurales aprobadas en sexenios anteriores siguen intactas y, por ello, los pueblos, las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos continúan en resistencia ante los proyectos derivados de contratos con la iniciativa privada neoliberal, que como dice AMLO, son intocables.

Si bien la polarización siempre ha existido en sociedades conformadas por clases económicamente opuestas, como en México desde la Revolución Mexicana, en la actualidad son dos los adversarios políticos del actual gobierno:

a) Aquellos a los que llama “fifís” o la “mafia del poder”, a quienes coloca en el extremo de los intereses de la derecha política, es decir son los neoliberales que ostentaban el poder en México en los últimos 36 años, adversarios para con los que el Estado actual no plantea como objetivo eliminarlos físicamente, como hacían los gobiernos anteriores con los enemigos internos, sino limitarlos, frenarlos, chantajearlos para poder realizar su idea de Capitalismo Monopolista de Estado con Estado de bienestar,

b) También están aquellos a quienes llama “conservadores de izquierda”, quienes representan los intereses no sólo antineoliberales, sino en su mayoría anticapitalistas y/o socialistas. Si bien, pareciera que el objetivo del Estado tampoco es eliminarlos físicamente, al estigmatizarlos permite que la estrategia paramilitar, que el gobierno de AMLO no ha querido desmantelar, opere de manera impune y cometa ejecuciones extrajudiciales en su contra, si bien AMLO ha dicho públicamente, “Nosotros no reprimimos”, refiriéndose a las fuerzas represivas del ámbito Federal, no ha, ni siquiera mencionado, mucho menos desmantelado a los diferentes grupos paramilitares que han sido la mano siniestra de gobiernos anteriores y que por complicidad está aliada actualmente a la “mafia del poder”. Este hecho no exonera de ninguna manera al gobierno de AMLO, no importa quién es el perpetrador, quien es un agente de estado y por tanto la responsabilidad en materia de derechos humanos recae en él como Ejecutivo Federal, de hecho por esto mismo en el presente informe desmenuzaremos quiénes son los perpetradores y su relación con los beneficiarios de las VDH para efectos de obtener un análisis de la realidad que nos permita ver las tendencias generales y vislumbrar a futuro las tendencias represivas del gobierno actual.

Perpetradores e impunidad, un mecanismo que se mantiene
Una característica que perduró hasta la salida de EPN y que ya habíamos mencionado en informes anteriores, era que, ante la decisión de cometer la gran parte de las VDH en contra de personas defensoras por agentes de Estado, y frente a la denuncia de los grupos organizados de estas acciones, se respondía, de manera oficial, siempre de la misma manera:

a) Se negaban los hechos
b) Se acusaba a las víctimas que denuncian de ser ellas las que atacaron o se acusaba, también, a terceros desconocidos
c) Cuando ya no podía negarse la participación del Estado, se afirma que fueron actos individuales, de personas aisladas que se salieron de control, que no actuaron dentro del protocolo.

En la actualidad se mantienen los primeros dos (con mayor tendencia a no negar los hechos pero sí negar la participación del Gobierno en ellos y de acusar a terceros desconocidos como los culpables), el tercero sí cambia en este inicio de sexenio, las autoridades al tener conocimiento y a pesar de que se les acusa directamente, responden que:

“Están investigando”, pero no hay avances substanciales en dichas investigaciones y continúa la impunidad al no existir la sanción a los perpetradores estatales de los hechos denunciados. A lo que hay que sumar las constantes declaraciones contradictorias entre los distintos funcionarios involucrados.

Con los datos documentados en este informe podemos afirmar que el discurso del Estado fallido reelaborado en el concepto de las redes regionales de macro criminalidad y la falta de Estado de derecho intenta acusar a la delincuencia organizada y a empresarios con el fin de diluir la responsabilidad del Estado en las VDH. La documentación de las VDH que hemos realizado muestra, en la mayoría de los casos, que por el contexto y el modus operandi, son agentes estatales encubiertos o civiles en aquiescencia con agentes de Estado quienes perpetran las violaciones a los derechos humanos, estos civiles son miembros de la delincuencia organizada que obedecen, también, a los intereses económicos criminales de los empresarios.

Leé la presentación de ACUDDEH en el evento

Leé la presentación del Comité Cerezo México en el evento

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Diapositivas de la presentación de la documentación realizada por ACUDDEH AC

Diapositivas de la presentación de la documentación realizada por el Comité Cerezo México

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