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ADITAL: Informe señala datos sobre violaciones a defensores de derechos humanos

31 de agosto de 2011

Miércoles 31 de agosto de 2011, por acuddeh

En este contexto, en 2009 y 2010, entre las agresiones más comunes a defensores de los derechos humanos, el 45% fueron detenciones políticas; el 38% ejecuciones extrajudiciales y el 17% desapariciones forzadas.

Camila Queiroz
Periodista de ADITAL

En México, por detrás del discurso de una guerra contra el narcotráfico, el Estado lleva a cabo estrategias de represión contra la población. La constatación es del Comité Cerezo, que en oportunidad de sus diez años de actuación lanzó el informe Saldos de la Represión en México 2009-2010: una guerra contra el Pueblo.

El documento presenta datos sobre detenciones políticas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, marco en el que el Estado mexicano se constituye en "Estado terrorista”, señalan.

Entre el conjunto de estrategias que posibilitan las violaciones, el Comité cita la construcción de un «enemigo interno”, en este caso, el crimen organizado y el narcotráfico, para restringir los derechos de la población; hacer uso sistemático del terror para combatir al»enemigo”; militarizar la vida social; criminalizar a los defensores de derechos humanos así como a la sociedad en general; crear marcos jurídicos de excepción que legalicen violaciones y garanticen la impunidad.

En este contexto, en 2009 y 2010, entre las agresiones más comunes a defensores de los derechos humanos, el 45% fueron detenciones políticas; el 38% ejecuciones extrajudiciales y el 17% desapariciones forzadas.

Hubo casos de presos por motivos políticos en 17 estados, según informaciones recogidas en periódicos, revistas y correos electrónicos remitidos por organizaciones agredidas. En total, hubo 245 detenidos en el período. Hoy, más de la mitad de los presos en 2009-2010 está libre bajo fianza, el 25% está libre sin ningún proceso y el 13% permanece en prisión.

El Estado en el que hubo más detenciones entre 2009 y 2010 fue Puebla, con 37, seguido por Oaxaca, con 33. Según el informe, la mayoría de las [detenciones] son ilegales y el traslado [es] el momento de mayor vulnerabilidad y riesgo para los presos.

De las 50 mil muertes acreditadas a la guerra contra el narcotráfico, muchas fueron ejecuciones extrajudiciales, pero no hay cómo documentarlo. En estos casos, el Estado es responsable por acción, aquiescencia (cuando el delito es cometido bajo mando del Estado) y omisión.

De acuerdo con el informe, la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales son llevadas a cabo por militares contra la población en general. Siguen un patrón: ocurrieron en lugares donde el ejército estaba realizando operaciones contra el crimen organizado; los civiles estaban desarmados y no estaban en zona de combate. "Consideramos que esta modalidad de ejecución extrajudicial obedece a la política sistemática de generar miedo en la población”, denuncian.

Las ejecuciones extrajudiciales masivas o masacres tienen como objetivo la «limpieza social», cuando son dirigidas a grupos de inmigrantes o a drogadictos; prevención, cuando son cometidas contra grupos que desarrollan trabajo social; y para el desplazamiento forzado de poblaciones establecidas en lugares en los que se quiere implantar megaproyectos, como en el caso del distrito de Guadalupe Bravos, en Ciudad Juárez, donde se construirá un puente para unir México con Estados Unidos.

Según un informe del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), desde el comienzo de la gestión del presidente Felipe Calderón, en 2006, 230 mil personas sufrieron desplazamiento forzado. Sólo en 2009 se contabilizan 120 mil.

También hay una gran cantidad de desapariciones forzadas. Entre 2006 y 2010, fueron 26 los casos, según la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Ningún caso fue juzgado y los familiares de las víctimas reciben amenazas cuando exigen justicia.

De los 26 desaparecidos, por lo menos 13 eran dirigentes de organizaciones sociales. De ellos, se desconoce el paradero de 15; 7 fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 4 fueron liberados en los primeros 15 días de desaparición. Militares, marinos y Policía Federal son los principales señalados. Hay controversia sobre los números y los medios de comunicación señalan hasta cinco mil casos entre 2006 y 2011.

Para leer el informe completo, ingrese a: http://www.comitecerezo.org/IMG/pdf/informe_2011_web.pdf

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com


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