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Apro; Abogado de “Tlachinollan”, segundo activista que sale del país por amenazas

Lunes 28 de mayo de 2012, por acuddeh

“Pese al publicado anuncio de nuevos instrumentos como el mecanismo de protección a
defensores y la ley recientemente aprobada en la materia, los hostigamientos y las
agresiones contra activistas siguen acumulándose, orillando a algunos a dejar el país, sin
que los gobiernos estatales y el gobierno federal implementen medidas efectivas de
seguridad”, lamentaron.

Proceso: Apro

Sección: Nacional

23 de mayo de 2012

Abogado de “Tlachinollan”, segundo activista que sale del país por
amenazas

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (apro).- El activista Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, es el segundo defensor que en menos de
un mes se verá obligado a salir del país ante el recrudecimiento de amenazas y
hostigamiento contra su persona, pese a que cuenta con medidas provisionales dictadas por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

El 16 de mayo el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos
en el Camino, tuvo que salir del país ante la falta de condiciones para desarrollar su trabajo.

Debido a las recientes amenazas, decenas de organizaciones nacionales e internacionales
exigieron a autoridades federales y del estado de Guerrero una investigación imparcial; y
que se brinden medidas de seguridad necesarias para Rosales Sierra, su familia y su equipo
de trabajo.

“Mientras ello ocurre, el defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra, saldrá
temporalmente del país”, indicaron en el documento, en el que responsabilizan al gobierno
de Felipe Calderón y al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, “de cualquier
atentado” en contra de los integrante de “Tlachinollan”.

Vidulfo Rosales es beneficiario, junto con 106 defensores de derechos humanos en
Guerrero, de medidas provisionales ordenadas por la Coidh al Estado mexicano en 2009.

Rosales Sierra ha sido pieza clave en la defensa de casos emblemáticos de violaciones a los
derechos humanos que, incluso, han llegado hasta la Coidh, como los de las indígenas
guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

De acuerdo con un comunicado firmado por varias organizaciones civiles nacionales e
internacionales, representantes de “Tlachinollan” sostuvieron una reunión con el
gobernador Ángel Aguirre Rivero y presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría
General de Justicia de Guerrero, que fue recibida por la encargada de despacho Martha
Elba Garzón.

En días pasados, señalaron, Rosales Sierra recibió un anónimo escrito en computadora que
hace referencia a su trabajo como defensor de los opositores a la presa La Parota, que
inundaría miles de hectáreas de comunidades ejidales cercanas a Acapulco; los casos de
Inés y Valentina, así como los asesinatos de los jóvenes estudiantes de la escuela normal
rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, tras una manifestación en Chilpancingo, el 12 de
diciembre de 2011.

Las organizaciones que firman el comunicado lamentaron que en la reunión de trabajo con
funcionarios guerrerenses no hayan asistido representantes del gobierno federal “para
refrendar compromisos y asegurar la eficacia de las medidas discutidas”.

Para las organizaciones el contenido del anónimo refleja que las amenazas contra Rosales
Sierra “constituyen una represalia directa al trabajo que dicha organización (‘Tlachinollan’)
realiza colectivamente en la defensa y promoción de los derechos humanos de la población
guerrerenses desde hace más de 18 años”.

Las organizaciones firmantes consideraron que las amenazas contra el abogado de
“Tlachinollan” son reflejo de la situación en que los defensores y las defensoras realizan su
labor a lo largo del país.

“Pese al publicado anuncio de nuevos instrumentos como el mecanismo de protección a
defensores y la ley recientemente aprobada en la materia, los hostigamientos y las
agresiones contra activistas siguen acumulándose, orillando a algunos a dejar el país, sin
que los gobiernos estatales y el gobierno federal implementen medidas efectivas de
seguridad”, lamentaron.

Exigieron poner en marcha el mecanismo de protección de defensores de derechos
humanos y recordaron el “clima de adversidad” con que trabajan los activistas en Guerrero:

Los asesinatos de los defensores indígenas Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rojas, en
2009; las constantes amenazas contra el director de “Tlachinollan”, Abel Barrera
Hernández; la desaparición forzada de los ambientalistas Eva Alarcón y Marcial Bautista,
en 2011; y la criminalización del defensor na savi Maximino García Catarino, quien estuvo
encarcelado en 2012 acusado de un delito que no cometió. Señalaron que todos esos casos
han quedado impunes.

Entre las organizaciones que firman la declaración resaltan Amnistía Internacional, Human
Rights Watch; el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy;
Oficina de Washington para América Latina; la Coordinación Alemana por los Derechos
Humanos en México; la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los
Derechos para Todos y Todas; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Fundar, Centro Nacional de
Comunicación Social, entre otros, así como la defensora Lucha Castro, y los académicos
Sergio Aguayo y Miguel Sarre.


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