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En tres años asesinan a 26 defensores de derechos humanos
07 de marzo de 2013
Jueves 7 de marzo de 2013, por
Ciudad de México.-Del 2009 al 2012, han sido asesinadas 26 defensores de derechos humanos; en el 95% de los casos no hay castigo para los culpables ni investigaciones concretas, todo permanece en la impunidad; además, están atacando a quienes defienden bienes naturales o territorio, ahí, encabeza la lista el estado de Oaxaca, en el caso de las que denuncian feminicidios está Chihuahua y el Estado de México, manifestaron integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
En tres años asesinan a 26 defensores de derechos humanos
Organización Editorial Mexicana
7 de marzo de 2013
La Prensa
Ciudad de México.-Del 2009 al 2012, han sido asesinadas 26 defensores de derechos humanos; en el 95% de los casos no hay castigo para los culpables ni investigaciones concretas, todo permanece en la impunidad; además, están atacando a quienes defienden bienes naturales o territorio, ahí, encabeza la lista el estado de Oaxaca, en el caso de las que denuncian feminicidios está Chihuahua y el Estado de México, manifestaron integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
La red citó sobre la Criminalización de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, por lo que solicitaron al gobierno federal crear condiciones de mejorar la situación de derechos humanos, pues aseguró que en algunos estados de la República se han armado campañas de agresión que contra de los activistas, donde incluso se le acusa de matar niños, de dividir familias, entre otras.
Además, de la estigmatización a estas mujeres, muchas de ellas, son objeto de violencia física o bien violaciones sexuales. Pero hay otros que no están visibles, y que se dieron sobre todo en los dos últimos sexenios, han aumentado los ataques de la jerarquía católica en Guanajuato, Jalisco, donde hay una campaña en contra de ellas, lo que genera un ambiente de inseguridad.
En conferencia de prensa, Marusia López, Stephanie Ern Brewer, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro; Obtilia Eugenio Manuel, Presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), dio su testimonio como defensora beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de estar en constante riesgo por la continuidad de las amenazas que ha sufrido desde 2005.
También participaron Imelda Marrufo, directora de la organización de mesa de mujeres de Ciudad Juárez; de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, quien dio cuenta de la campaña de difamación que enfrentan organizaciones de defensoras de derechos humanos en Chihuahua. Gabriel Soto, director de relatorías de la CDHDF y Cristina Hardaga, de Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, denunciaron la desprotección que tienen los activistas sociales, por lo que demandaron su defensa.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las defensoras de derechos humanos dieron a conocer la carta en la que laureadas con el premio nobel, llamaron a los gobiernos del continente americano para respaldar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), por su importante contribución en el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres de la región.
En su oportunidad, Gabriel Soto indicó que en el 2012, se presentaron 300 quejas por agresiones, en el 2011, 316 casos; y en lo que va del año, se han presentado 32 quejas.
Ahí, las ponentes comentaron que en la misiva promovida por el Centro de Justicia y Derechos Internacionales, las premios nobel comentaron que la violencia contra las mujeres es uno de los principales obstáculos para el avance de las democracias en el continente americano y destacaron que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido relevantes foros de denuncia frente a situaciones de violencia sexual, tortura, feminicidio, agresiones a defensores de derechos humanos y otras formas de violencia contra las mujeres.
Recordó que en el caso de México, los órganos del Sistema Interamericano han ordenado al estado mexicano implementar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres; impulsar reformas legislativas de conformidad con los derechos humanos de las mujeres y el establecimiento de políticas públicas que eviten la repetición de las violaciones a los derechos humanos.
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