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CIMAC; Audiencia este jueves para que la familia dé su versión
13 de marzo de 2013
Miércoles 13 de marzo de 2013, por
Tras 12 años del presunto asesinato de la abogada y defensora de Derechos Humanos (DH) Digna Ochoa y Plácido –perpetrado el 19 de octubre de 2001 en esta capital–, este 14 de marzo será un día decisivo para su familia, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará si da entrada al caso a fin de esclarecer los hechos y brindar justicia.
Audiencia este jueves para que la familia dé su versión
Caso Digna Ochoa a punto de ser admitido ante la CIDH
Especial | Cortesía CDHDF
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 12/03/2013
Tras 12 años del presunto asesinato de la abogada y defensora de Derechos Humanos (DH) Digna Ochoa y Plácido –perpetrado el 19 de octubre de 2001 en esta capital–, este 14 de marzo será un día decisivo para su familia, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará si da entrada al caso a fin de esclarecer los hechos y brindar justicia.
Aunque desde 2011 la familia de Digna, junto con organizaciones civiles y activistas, solicitaron a la CIDH que admitiera el caso será hasta este jueves cuando los comisionados escuchen los argumentos de los peticionarios y tomen una determinación.
En entrevista, David Peña, abogado de la familia e integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), explicó que el objetivo de esta audiencia es exponer a nivel internacional que en México se agotaron los recursos judiciales sin que hubiera justicia y sin esclarecer la verdad de los hechos.
Dijo que en la audiencia que se realizará en la sede de la CIDH en Washington, los representantes legales de la familia informarán a los comisionados que desde 2001 el Estado mexicano cometió diversas irregularidades y violaciones al debido proceso en perjuicio de la defensora Digna Ochoa.
Además de señalar que el Estado no actuó con debida diligencia también informarán que en México se agotaron los recursos judiciales, toda vez que en julio de 2011 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), al mando entonces de Miguel Ángel Mancera –hoy jefe de Gobierno capitalino–, cerró al caso.
En ese momento la PGJDF concluyó que Digna se suicidó de tres disparos, y aunque la familia de la abogada promovió un amparo para impugnar dicha conclusión, éste les fue negado por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF.
Si bien la familia aún tenía el derecho de presentar un recurso de revisión luego de que les negaron el amparo, decidió desistir y seguir el camino a través de instancias internacionales, toda vez que durante los más de 10 años de investigaciones el Ministerio Público capitalino demostró ir en contra la víctima y no a su favor.
En este momento, la ANAD y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, ambos litigantes del caso, no alegan si Digna murió por suicidio o asesinato sino para argumentar que hubo deficiencias del sistema de justicia que derivaron en diversas violaciones a los DH.
De acuerdo con el abogado, hay altas probabilidades de que la CIDH admita el caso, pues en muy pocas ocasiones este organismo ha abierto un expediente por iniciativa propia, además de que en 2003 –sin petición de por medio– envió un equipo de expertos en criminalística, balística y patología forense para hacer un informe especial del caso.
Con este precedente y debido a que la CIDH se alejó de las investigaciones desde 2004 cuando su equipo pericial entregó el informe realizado en México, los abogados pretenden hacer ver que desde entonces el Estado mexicano prosiguió con una investigación “sin seriedad”.
Por ejemplo, una de las hipótesis de la investigación fue que la defensora fue asesinada por su trabajo social en defensa de grupos ambientalistas, por ello se señaló como sospechoso a Rogaciano Alba Álvarez, ex dirigente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero y cacique de la zona de Petatlán, en ese estado.
Las autoridades se limitaron a visitar a Alba Álvarez para informarle que había información periodística que lo vinculaba al asesinato de la activista. Él negó las imputaciones y se dio por terminada esa línea de investigación.
Peña sostuvo que aunado a lo anterior, las autoridades capitalinas hicieron todo lo posible por desprestigiar a la abogada, cuestionar su vida personal, investigar su sexualidad, su estado de ánimo, sus creencias religiosas y sus relaciones laborales y de amistad, tan es así que hasta le hicieron una “necropsia psicológica” (perfil del comportamiento emocional de la víctima a partir de testimonios de familiares y personas por ella conocidas).
Esas son sólo algunas de las consideraciones generales que pretenden los abogados de la familia de Digna Ochoa presentar ante la CIDH como parte de las irregularidades de un expediente que tras 10 años acumuló poco más de 43 mil fojas, y que sin embargo concluyó que se trató de un “suicidio”.
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