PROCESO: Blake y Zamora desdeñosos de los derechos humanos 29 de noviembre de 2011

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Como integrantes de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, los hermanos Cerezo Contreras redactaron a principios de 2010 algunos de los documentos base para la creación del mecanismo de protección de defensores y periodistas.

Hubo algunas reuniones con Zamora principalmente, pero no mostraba mucho interés; en octubre de 2010 acudimos a Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de exponer la gravedad del tema; para entonces ya teníamos registradas 15 ejecuciones extrajudiciales de defensores y 24 desapariciones forzadas, de un total de 326 agresiones", relató.

De acuerdo con el activista, no fue sino hasta que se acercaba la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Navanethem Pillay, que de la oficina de Zamora convocaron a las organizaciones para retomar el tema del mecanismo de protección.
Aunque las propuestas de las organizaciones no fueron tomadas en cuenta del todo, apuntó, los encuentros fueron reportados para que el 7 de julio Calderón presentara ante Pillay el Acuerdo Para Crear las Bases del Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que operaría la Segob a través de la oficina de Zamora.

Para Cerezo "entre los defectos del acuerdo presidencial sobresale que en sus artículos transitorios se establece que no va a contar con recursos, y no tiene competencia para obligar a dependencias a proteger a los defensores o a investigar agresiones".

Después de la firma del acuerdo, recordó, se registraron las declaraciones \e Saynez que mantuvieron en suspenso los encuentros, "tiempo en el que el gobierno de Calderón se dedicó a difundir en el cuerpo diplomático que si el mecanismo no operaba era por nuestra culpa".

Revista: Proceso.

12 de Noviembre 2011.

Sección: Reportaje especial.

Blake y Zamora desdeñosos de los derechos humanos

Gloria Leticia Díaz

En el helicóptero en el que viajaba Francisco Blake Mora iba también su subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora. Ambos fallecieron precisamente al término de una semana en la que sus nombres sonaron fuertemente en el ámbito de los derechos humanos... Organizaciones no gubernamentales los acusaron de desentenderse sistemáticamente de la defensa de esos derechos, de ignorar o tergiversar indicaciones precisas de la Corte Interamericana y de defender a ultranza la estrategia calderonista de combate al narco.

Entre el lunes 7 y el viernes 11 varias organizaciones sociales señalaron a Francisco Blake Mora y a su subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora Castro –ambos fallecidos el día 11– por no cumplir compromisos internacionales contenidos en las sentencias contra México dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

Pero Blake ya había hecho gala de su desinterés por los derechos humanos desde que fue secretario de Gobierno de Baja California, durante la actual administración de José Guadalupe Osuna Millán.

Raúl Ramírez Baena, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), recordó en julio de 2010 que durante la gestión de Blake como funcionario de Baja California “nunca hubo una política de derechos humanos”.

Durante esa gestión las activistas Silvia Vázquez y Blanca Mesina, colaboradoras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de la CCDH documentaron 42 casos de torturas aplicadas en instalaciones militares y se vieron obligadas a huir de Tijuana tras ser amenazadas y por la falta de garantías de seguridad para continuar su trabajo en Baja California.

Zamora Castro –exdiputado federal por Sinaloa y quien aspiraba a ocupar un escaño en el Senado, según se rumoraba en los pasillos de la Segob– tenía entre sus responsabilidades coordinar las acciones de autoridades federales y estatales para acatar las resoluciones del tribunal interamericano, así como atender los requerimientos de protección para defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo.

El lunes 7 fue increpado por familiares de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez durante un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado ordenado por la Coidh en torno al caso del Campo Algodonero, donde en noviembre de 2011 aparecieron los cadáveres de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera.
Organizaciones de derechos humanos calificaron ese evento de “parodia”.
Le tocó ser el pagano de la decisión del gobierno de Felipe Calderón de incumplir los acuerdos signados para acatar los ordenamientos de la Corte Interamericana.

Campo Algodonero

En entrevista realizada el lunes 7, el representante de las víctimas y de sus familias, David Peña Rodríguez, explicó a Proceso que el 11 de febrero de 2011 Zamora Castro firmó un convenio en el que aceptaba que en el memorial ordenado por la Coidh se incluyeran los nombres de las víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, que alcanza la cifra de casi 560 mujeres y niñas ejecutadas por razones de género en la ciudad fronteriza entre 1993 y 2006.

La sentencia de Campo Algodonero fue dada a conocer por el órgano de justicia interamericano el 10 de diciembre de 2009.

Había sido una lucha de varios meses –contó Peña Rodríguez– porque durante las primeras negociaciones Zamora se negaba a aceptar que se acatara de forma literal la sentencia; decíaque sólo tenían que incluirse en el memorial los nombres de las tres víctimas, pero la sentencia de la Coidh es muy clara en ese sentido.

“Al principio se acordó que la autoridad que debería dar la disculpa pública tendría que ser el secretario de Gobernación, Francisco Blake; después nos dijeron que sería la procuradora Marisela Morales quien encabezaría el acto, lo cual no nos parecía tan mal.
En eso estábamos cuando nos anunciaron que ninguno de los dos asistiría y que lo peor es que sólo se incluirían los nombres de las tres víctimas”, resaltó el abogado.

Por ello, explicó el abogado, los familiares de las víctimas y sus representantes decidieron no acudir al acto público, al que tampoco asistió el gobernador del estado, César Duarte.

En vísperas del acto, detalló Peña, la responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Dilcya Samantha García Espinosa se comunicó con él para informarle que por indicaciones de Zamora Castro, él sería quién acudiría al evento y que sólo se incluirían los nombres de las muchachas cuyas familias llevaron el caso a la Coidh.

“No hubo ninguna explicación.
Zamora no nos recibió las llamadas para aclararnos qué pasó, si recibió órdenes del más alto nivel para romper unilateralmente los acuerdos o de qué se trataba”, contó Peña.

Por considerar que el nivel jerárquico de Zamora era demasiado bajo para enfrentar la responsabilidad a nombre del Estado mexicano por los feminicidios en Ciudad Juárez, pero sobre todo porque no se cumplieron los acuerdos de incluir los nombres de las víctimas del feminicidio en un memorial, los familiares y representantes del caso de Campo Algodonero decidieron no acudir al evento encabezado por Zamora.

Gritos de “justicia” para los cientos de mujeres asesinadas en la ciudad fronteriza se antepusieron al discurso que Zamora llevó a la localidad más golpeada por la guerra contra el narcotráfico.

“Al acto de disculpa pública le dieron un trato denigrante, como si se tratara de inaugurar una carretera a medias, porque ni siquiera estaba terminada la obra, que incluye un parque, una escultura y el memorial”, señaló Peña.
Y acusó: “Nada más querían que nos tomáramos la foto para que en diciembre, cuando el gobierno de Calderón tiene que enviar un informe a la Coidh, pudieran decir que habían cumplido con esa parte de la sentencia; pero las familias no estaban dispuestas a que las usaran, menos aun cuando fueron ellas las que pusieron como condición para la realización del evento que se incluyeran en el memorial los nombres de todas las víctimas”.

Caso Radilla

Días después se confirmó la falta de voluntad de Blake y de Zamora Castro para respetar los acuerdos con los familiares de las víctimas y cumplir las sentencias del tribunal interamericano.

En un comunicado el jueves 10, Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Afadem) y la CMDPDH, que litigó el caso, acusaron a Francisco Blake por su “insensibilidad” y “falta de respeto a las víctimas” de desapariciones forzadas durante la guerra sucia.

La víspera, agregaron, Blake canceló su asistencia al acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de Radilla Pacheco a manos de miembros del Ejército.

El acto, que estaba programado para este lunes 14 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, formaba parte del protocolo de cumplimiento de la sentencia de la Coidh, misma que hasta ahora, sostuvieron familiares y organizaciones, no se ha acatado tras casi dos años de emitirse el fallo, el 23 de noviembre de 2009.

Días antes la Afadem y la CMDPDH enviaron invitaciones por correo electrónico en las que confirmaban la asistencia de Blake, de Zamora y del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.
La coordinación del acto era resultado de meses de negociaciones encabezadas por la familia Radilla y sus representantes con Zamora Castro, quien a nombre del gobierno de Calderón se negaba, entre otras cosas, a inscribir en una placa que se colocaría en Atoyac, que la desaparición de Rosendo formó parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia, como lo señala la Coidh en su sentencia.

Los familiares y sus representantes se quejaron por los edictos que el pasado agosto publicó la Secretaría de Gobernación en periódicos de circulación nacional y en el Diario Oficial, en los que notificaron a Tita, Rosendo y Andrea, hijos de Rosendo Radilla Pacheco, que los recursos de la indemnizaciones ordenadas por la Coidh estaban depositados en el juzgado décimo de Distrito en Materia Civil y que podían disponer de ellos.

La medida la tomó la Segob para reportar el cumplimiento de un punto de la sentencia, no obstante que los Radilla se niega a aceptar esos fondos mientras no se lleven a cabo investigaciones para ubicar al líder campesino.

La publicación de los edictos, según la familia y sus representantes, les acarreó amenazas de extorsión y secuestros.

Defensa de los defensores
Entre las últimas actuaciones públicas de Zamora con defensores de derechos humanos destaca la reunión del viernes 4, en la que reiteró el ánimo intolerante del gobierno de Calderón con quienes cuestionan su estrategia de combate al narcotráfico que ha derivado en un incremento preocupante de violaciones a los derechos humanos.

Representantes de organizaciones no gubernamentales habían decidido retirarse de la mesa de negociaciones encabezada por Zamora -que tenía la finalidad de crear el mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos-, después de que el 26 de julio el secretario de Marina, Francisco Saynez, declaró que los criminales utilizaban a estos activistas para "dañar la imagen de las instituciones". Las organizaciones, encabezadas por Agnieszka Racynzka, exigieron una disculpa pública de Saynez antes de continuar las negociaciones.

El viernes 4, en una reunión convocada por Zamora en las oficinas de Servicios y Asesoría para la Paz, Racynzka recordó la condición que habían puesto los defensores para continuar el diálogo.

"Zamora fue muy claro. Dijo que Saynez no se iba a retractar de lo que dijo y que nosotros habíamos malinterpretado sus palabras, que el secretario de Marina había tenido una reunión con funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que eso era suficiente", contó Alejandro Cerezo Contreras al término de la reunión.

Como integrantes de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, los hermanos Cerezo Contreras redactaron a principios de 2010 algunos de los documentos base para la creación del mecanismo de protección de defensores y periodistas.

Hubo algunas reuniones con Zamora principalmente, pero no mostraba mucho interés; en octubre de 2010 acudimos a Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de exponer la gravedad del tema; para entonces ya teníamos registradas 15 ejecuciones extrajudiciales de defensores y 24 desapariciones forzadas, de un total de 326 agresiones", relató.

De acuerdo con el activista, no fue sino hasta que se acercaba la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Navanethem Pillay, que de la oficina de Zamora convocaron a las organizaciones para retomar el tema del mecanismo de protección.
Aunque las propuestas de las organizaciones no fueron tomadas en cuenta del todo, apuntó, los encuentros fueron reportados para que el 7 de julio Calderón presentara ante Pillay el Acuerdo Para Crear las Bases del Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que operaría la Segob a través de la oficina de Zamora.

Para Cerezo "entre los defectos del acuerdo presidencial sobresale que en sus artículos transitorios se establece que no va a contar con recursos, y no tiene competencia para obligar a dependencias a proteger a los defensores o a investigar agresiones".

Después de la firma del acuerdo, recordó, se registraron las declaraciones \e Saynez que mantuvieron en suspenso los encuentros, "tiempo en el que el gobierno de Calderón se dedicó a difundir en el cuerpo diplomático que si el mecanismo no operaba era por nuestra culpa".

Para Cerezo la nueva convocatoria de Zamora tendría el objetivo de "buscar que las organizaciones legitimáramos su trabajo pero sin consultamos; el resultado es que no hay mecanismos de protección para defensores y defensoras, y tampoco para periodistas".

El informe de HRW Días antes de que Blake y Zamora murieran, sus nombres se mencionaron en la presentación del informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México, que califica de fracaso la lucha desatada por Felipe Calderón.

Blake fue uno de los funcionarios que atendió a los activistas de la organización internacional y Zamora refutó el contenido de la investigación de dos años que documentó 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales, abusos cometidos por fuerzas de seguridad, entre ellas el Ejército.
La noche del miércoles 9, después de difundirse el documento presentado a Calderón por el presidente de HRW, Kenneth Roth, y el director para América, José Miguel Vivanco, Zamora dio un mensaje a los medios.

Acompañado de Juan Manuel Gómez Robledo, Zamora arranco su discurso descalificando el subtítulo del documento de HRW: "En México no estamos en guerra", espetó.

Y agregó: "Este combate a la criminalidad se está realizando con estricta observancia a la ley, allí donde los derechos y libertades de los mexicanos han sido perturbados y atropellados por la violencia delincuencial".

Acusado por organizaciones de derechos humanos por su incapacidad para hacer cumplir las cinco sentencias de la Coidh, sobre todo las que implican al Ejército (Proceso 1790), Zamora defendió en su último discurso público la estrategia de seguridad de Felipe Calderón.

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