Apro; Con tanquetas, custodia el Ejército el ingreso de maquinaria para la construcción del gasoducto 14 de junio de 2014

, popularidad : 3%

28 de mayo de 2014

Estados

PUEBLA, Pue. (apro).- Con tanquetas, elementos del Ejército y policías estatales custodian desde ayer la entrada de maquinaria y de personal de las empresas extranjeras que tienen a su cargo la construcción del gasoducto Morelos en las comunidades de San Juan Amecac, San Marcos, San Bartolo, Cohuecan y Acteopan.

Con tanquetas, custodia el Ejército el ingreso de maquinaria para la construcción del gasoducto

Gabriela Hernández

28 de mayo de 2014

Estados

PUEBLA, Pue. (apro).- Con tanquetas, elementos del Ejército y policías estatales custodian desde ayer la entrada de maquinaria y de personal de las empresas extranjeras que tienen a su cargo la construcción del gasoducto Morelos en las comunidades de San Juan Amecac, San Marcos, San Bartolo, Cohuecan y Acteopan.

En un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra (FPDAT) denunció que seis tanquetas del Ejército y patrullas de la policía escoltaron la llegada de maquinaria de las empresas españolas Elecnor y Enegás y de la italiana Bonatti, pese pese a la oposición de las comunidades de la región del Volcán Popocatépetl.

“Las comunidades no han otorgado por permisos ni los entregarán, por ello el gobierno no ha visto más salida que la represión e imposición del PIM (Proyecto Integral Morelos) en nuestros pueblos”, advirtió el FPDAT.

Y añade:

“Hoy vemos con dolor en nuestros corazones y con indignación que el gobierno estatal y federal ha decidido no dialogar con nosotros, pues las comunidades si queremos decir nuestras razones, nuestros sentires, queremos dialogar, y ellos han escogido mandar al ejército, callarnos con sus tácticas de miedo, con su hostigamiento”.

Pese a la incursión militar, el Frente advierte que no se rendirá, ni dará marcha atrás y que mantendrán su lucha en defensa de la vida, la tierra y el agua. “No estamos dispuestos a abandonar, hoy les recordamos que aquí estamos vivos, y que tenemos la razón y el corazón de nuestro lado”, sentencian.

Además reprueban que los gobiernos federal, estatal y municipal pretendan imponer, por medio de la fuerza, un proyecto que amenaza no sólo la forma de vida de los pueblos, sino que expone a los habitantes de esas comunidades a la muerte al ubicarse en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl.

El Frente hace referencia también a la anterior acción represiva gubernamental para desarticular la oposición al gasoducto, que fue la detención de la comisariada ejidal, Enedina Rosas, del activista Juan Carlos Flores y del dirigente campesino, Abraham Cordero.

“Responsabilizamos a Rafael Moreno Valle, gobernador del Estado de Puebla, a Graco Ramírez, gobernador del Estado de Morelos y a Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, por las violaciones a derechos humanos que se están perpetrando desde hace dos años en las comunidades en resistencia al Proyecto Integral Morelos y por los hechos que pudieran ocurrir en días siguientes ante la presencia de las fuerzas armadas”, concluye el comunicado.

El comunicado fue leído en el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que estaba atiborrado de estudiantes para ver la reaparición del doctor en Sociología, Ricardo Pérez Avilés, tras mes y medio de estar oculto por temor a ser detenido por oponerse a la construcción del gasoducto.

El 11 de abril, un grupo de supuestos campesinos armados ingresó de manera violenta a la casa del académico en la población de Atlixco, para agredir físicamente a sus familiares y para dejar una advertencia para que Pérez Avilés dejara de apoyar el movimiento opositor al gasoducto.

Exigen a Moreno Valle poner fin a intimidaciones

Tras la reaparición de Pérez Avilés, estudiantes y académicos de la BUAP exigieron a los gobiernos federal, estatal y municipal cesar la intimidación y presiones en contra de quienes realizan estudios que demuestran la inviabilidad del Proyecto Integral Morelos (PIM).

En sus respectivos pronunciamientos, el estudiante Alberto Melchor Montero y el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Francisco Vélez Pliego, demandaron además al gobierno establecer mesas de diálogo con las comunidades y suspender las acciones represivas, que ahora incluyen al Ejército, para imponer el PIM.

Junto con los estudiantes René Trujillo Dorado, Aranzazú Vargas Montes e Iliana de Jesús Lozano, Melchor Montero denunció recientemente que recibieron amenazas para que suspendan sus trabajos de investigación relacionados con el impacto que tendrá el PIM en las comunidades poblanas.

“No podemos permitir que estos actos de represión continúen en contra de todo aquel que analiza, investiga y demuestra que el megaproyecto Integral Morelos no es viable para las comunidades por todas las afectaciones socioambientales que este implican”, se advierte en el pronunciamiento estudiantil.

En el escrito denuncian que actualmente en Puebla, bajo el gobierno de Rafael Moreno Valle, no se cuenta con las garantías mínimas que permitan investigar libremente fenómenos sociales en forma crítica y con compromiso social, en donde los resultados no siempre van a ser favorables a los intereses del capital.

“Nosotros nos estamos formando bajo una ética que parece no encajar con este sistema, al cual no le importa el bien común sino la ganancia”, expresan los estudiantes.

“Creemos que la ciencia y el conocimiento deben estar al servicio de la sociedad, es por eso que rechazamos los tratos intimidatorios, de hostigamiento y de injusticia que han llevado a cabo en contra de la comunidad académica, pero también contra de las personas que ahora están presas”, señalan.

También sostienen que el Proyecto Integral Morelos atenta contra la vida de las personas de 60 comunidades, ya que pasará por una zona de alto riesgo aledaña al volcán.

Los jóvenes piden garantías para la vida del académico Ricardo Pérez Avilés, así como para los tres activistas que se encuentran actualmente presos, y para los habitantes de la región que se oponen al proyecto.

Igual, exigen que se investiguen todos estos hechos intimidatorios y que se establezca una mesa de diálogo en la que se escuche a la comunidad académica y a los habitantes de las comunidades.

Por su parte, Francisco Vélez Pliego dijo que la libertad de cátedra, libertad de investigación y autonomía son elementos fundamentales e indisolubles que definen a la universidad pública, por lo que la comunidad estudiantil y académica deben exigir su respeto.

“Es necesario que la BUAP exija a los gobiernos federal, estatal y municipal se adopten las medidas cautelares para que los académicos puedan desarrollar su función de investigación y vinculación con libertad y con plena garantía a su integridad física”, expresó.

También reveló que otros académicos de la BUAP han sido amenazados, intimidados y presionados por el gobierno de Moreno Valle por manifestar su opinión en contra de otro tipo de obras que atentan contra el patrimonio cultural e histórico de Puebla.

“Los proyectos de impacto social deben ser examinados en un ambiente de libertad y de rigor, garantizando el respeto a todas las posiciones, sin distingo y en estricto apego al marco normativo y jurídico que norma la elaboración de dichos proyectos y su ejecución”, manifestó.

Para ello, señaló que el gobierno debe establecer mesas de diálogo para buscar una solución al conflicto que ha surgido por el proyecto de construir el gasoducto en la zona del volcán en municipios de Puebla, Tlaxcala y Morelos.

“Mientras no existan estas condiciones, efectivamente consideraremos que la actitud del gobierno es autoritaria, que no busca consensuar sus propuestas, sino solamente imponer soluciones de orden técnico, de orden económico, sin importarle los intereses de las comunidades”, puntualizó el académico.

En el mismo tenor, el sociólogo Pérez Avilés –quien tenía un mes y medio de estar oculto por temer acciones en su contra por su oposición al gasoducto– pidió al gobierno que escuche la opinión de la comunidad académica en torno a este proyecto.

El profesor de la BUAP lamentó que las acciones de intimidación por parte de las autoridades para imponer el gasoducto en la región del volcán Popocatépetl hayan llegado ahora a la utilización de elementos del Ejército.

El 11 de abril, un grupo de supuestos campesinos armados irrumpieron en el domicilio del académico en el municipio de Atlixco para agredir a sus familiares y advertirle que dejara de apoyar al movimiento opositor a la construcción del gasoducto.

“Pido que los campesinos e indígenas que han saltado a la lucha sean escuchados, que sus demandas sean atendidas y comprendidas, que no sean criminalizados y que pronto recuperen su libertad la señora Enedina, el señor Abraham y Juan Carlos. Y que los que son perseguidos, dejen de serlo, como es el caso del señor Avelino”.

“Los campesinos no están contra el gobierno, simplemente luchan contra algo que no va con su esquema de vida, con su cosmovisión, en donde es importante la naturaleza”, agregó.

El profesor de la BUAP anunció que se reincorporará a sus actividades normales y que no interpondrá ninguna demanda sobre las intimidaciones y agresiones que sufrió, aunque espera que el gobierno estatal siga de oficio esos hechos.

Ver en línea : Con tanquetas, custodia el Ejército el ingreso de maquinaria para la construcción del gasoducto

Navegar por las

AgendaTous les événements

noviembre de 2017 :

Nada para este mes

octubre de 2017 | diciembre de 2017