Apro; Reporta CNDH 59 agresiones contra activistas en 2011 16 de febrero de 2012

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13 de febrero de 2012

Reporta CNDH 59 agresiones contra activistas en 2011

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (apro).- Las agresiones a activistas alcanzaron niveles preocupantes en el
penúltimo año de gobierno de Felipe Calderón, en que se contabilizaron 59 denuncias,
según informes recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En un comunicado, la CNDH informó que ante la situación de vulnerabilidad de los
defensores, en 2011 el ombudsman se vio obligado a solicitar 16 medidas cautelares de
protección, “con el propósito de prevenir situaciones que dañen la salud física y psicológica
de ellos y sus familias”.

El 3 de febrero anterior, resaltó el organismo, solicitó la intervención de la Secretaría de
Gobernación para atender la situación de emergencia de Norma Andrade, fundadora de
Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien fue
agredida en la Ciudad de México.

La CNDH reiteró que la solicitud de medidas cautelares a favor de Andrade fue “con el fin
de garantizar la seguridad e integridad de la víctima y evitar que sufra un nuevo atentado”.

Sobre los casos de agresiones a defensores, la CNDH destacó que se documentaron
“violaciones a los derechos a la vida, integridad, seguridad, reunión, circulación, debido
proceso, propiedad y libertad de expresión en perjuicio de su trabajo cotidiano”.

Según el organismo, dio seguimiento a cada una de las denuncias presentadas por los
activistas, “recabando datos con las autoridades involucradas, entrevistándose con los
agraviados y verificando que se integren adecuadamente las averiguaciones previas”.

Por otra parte, defensores dieron respuesta a Alejandro Poiré, secretario de Gobernación,
quien el 7 de febrero aseguró que el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de
la CNDH son unos de los ejes fundamentales del gobierno calderonista y de la estrategia
nacional de seguridad.

En un comunicado, decenas de organizaciones criticaron el “doble discurso” del gobierno
de Calderón, pues “no se han puesto en marcha con suficiencia y con un alto nivel de
prioridad acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado
mexicano frente a las víctimas como ante la propia comunidad internacional”,

Resaltan como temas incompatibles con el discurso oficial el incumplimiento de las cinco
sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CoIDH), a pesar de
la asignación del Congreso de la Unión a la Segob de 31.5 millones de pesos para atender
las responsabilidades internacionales.

Citan el desacato de las sentencias en los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández,
indígenas violadas sexualmente por militares, y quienes “continúan a la espera de que se
presente un plan de implementación de las medias relativas al plan de salud, educación e
indemnizaciones para sus hijos e hijas por los daños ocasionados”.

También repudiaron la inexplicable inoperancia de acciones de protección para
comunicadores y defensores, pese a que en la Ley de Egresos 2012 se destinaron unos “26
millones de pesos para el diseño y la instrumentación de un mecanismo de protección a
periodistas, y 2 millones 500 mil pesos para los mecanismos de protección a periodistas y
defensoras y defensores de derechos humanos”.

Sin que a la fecha se conozca “en qué se está ejerciendo dicho presupuesto”, los defensores
resaltaron que “son varios los casos en los que la Segob ha fallado en otorgar o reponer
medidas de protección ordenadas por instancias internacionales”.

Ejemplo de lo anterior es la desatención a las medidas provisionales dictadas por la CoIDH
a favor de 107 activistas guerrerenses, entre ellos Maximino García Catarino, defensor
indígena criminalizado y preso en el penal de Ayutla, Guerrero.

Las organizaciones también recordaron que pese a las sentencias de la CoIDH y de
indicaciones del presidente Felipe Calderón, hasta ahora el fuero militar continúa dando
curso a los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las
Fuerzas Armadas.

Peor aún, advierten, el presidente Calderón interpuso a través de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) un recurso de revisión a un amparo ganado por la familia de Bonfilio
Rubio Villegas contra el fuero militar.
Rubio Villegas fue asesinado por soldados en un retén militar en 2009.

La prueba de la falta de concordancia del discurso de Poiré con la realidad, sostienen, las
ONG, es “el continuo aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en el
marco de las políticas de seguridad adoptadas en la llamada guerra contra el narcotráfico”.

Consideraron que para demostrar que “su compromiso no es más que un discurso vacío”,
las organizaciones de derechos humanos urgieron al gobierno de Calderón a suscribir el
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, así como atender las violaciones de derechos los migrantes.
Entre las ONG que signan el documento destacan Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Centro de Derechos Humanos Agustín
Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
(CDHMT), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Fundar,
Centro de Análisis e Investigación, Litiga OLE, y la Red de Organismos Civiles de
Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que aglutina a 75
organizaciones con presencia en 25 entidades del país.

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