APRO; Liberan bajo fianza a activista oaxaqueña detenida por la PGR 24 de febrero de 2012

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Dado que los agentes de la PGR no mostraron una orden de arresto a la activista a la hora
de su detención y tampoco explicaron los motivos, AI hizo un llamado al secretario de
Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez,
para garantizar que Cruz Velázquez no fuera sujeta a tortura y malos tratos, y demandaron
que tuviera acceso a un abogado de su elección.

De igual forma, urgió a las autoridades a asegurar que los procesos judiciales no se basen
en evidencias sin fundamento o no confiables, originadas en represalia a los activistas por
su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos, y que su derecho a un juicio justo
sea garantizado de acuerdo con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a
fianza que correspondería a las imputaciones realizadas en su contra.

También pidió a las autoridades garantizar la seguridad de todos los integrantes de la
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el
Territorio, y que éstos no sean sujetos de procesos judiciales injusto

Proceso: Apro

Sección: Nacional

23 de febrero de 2012

Liberan bajo fianza a activista oaxaqueña detenida por la PGR

Pedro Matías

OAXACA, Oax. (apro).- La integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas en Defensa
de la Tierra y el Territorio, Lucila Bettina Cruz Velázquez, fue liberada este jueves luego
de cubrir la fianza fijada por el juez.

La activista permaneció bajo arresto 24 horas en la prisión preventiva del reclusorio de
Tehuantepec, informó el secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gustavo Tomás Hernández Cruz.

La detención de la profesora ocurrió la víspera, en la ciudad de Juchitán, cuando salía de
una reunión con el gerente regional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con
quien trató lo relacionado a la indemnización de Jesús Jiménez Sánchez, quien fue
atropellado por un vehículo de esa empresa el pasado 27 de enero en Santa María Madani,
comunidad donde fueron retenidos empleados de la paraestatal.

La activista fue detenida por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR)
en cumplimiento a una orden de aprehensión que libró el juez Sexto de Distrito por los
delitos de privación ilegal de la libertad de trabajadores de la CFE, aunque también se le
acusa de ser “opositora a la explotación de las riquezas nacionales”.

Cruz Velázquez ha abanderado las justas luchas de los pueblos del Istmo por la defensa de
su territorio y también se ha manifestado contra el alto costo de las tarifas del servicio
eléctrico que la CFE ha impuesto a la ciudadanía.

Además, se ha opuesto a la construcción del parque eólico en el Istmo, por lo que ha
recibido amenazas de muerte y ha sido considerada como un “estorbo” para intereses de las
grandes trasnacionales, en su afán de adueñarse y apoderarse del territorio en Istmo de
Tehuantepec.

Por la mañana, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por el arresto de la
indígena Lucila Bettina Cruz Velázquez, acusada de cargos fabricados para evitar que
continúe su trabajo como activista y “se enfrasque en un proceso judicial injusto”.

En un comunicado, el organismo consideró que su captura “forma parte de un patrón de
arrestos a defensores de derechos humanos bajo cargos infundados de privación ilegal de
libertad a funcionarios públicos y que han derivado en juicios injustos seguidos de largos
periodos de detención a activistas”.

Dado que los agentes de la PGR no mostraron una orden de arresto a la activista a la hora
de su detención y tampoco explicaron los motivos, AI hizo un llamado al secretario de
Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez,
para garantizar que Cruz Velázquez no fuera sujeta a tortura y malos tratos, y demandaron
que tuviera acceso a un abogado de su elección.

De igual forma, urgió a las autoridades a asegurar que los procesos judiciales no se basen
en evidencias sin fundamento o no confiables, originadas en represalia a los activistas por
su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos, y que su derecho a un juicio justo
sea garantizado de acuerdo con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a
fianza que correspondería a las imputaciones realizadas en su contra.

También pidió a las autoridades garantizar la seguridad de todos los integrantes de la
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el
Territorio, y que éstos no sean sujetos de procesos judiciales injustos.

Ver en línea : Liberan bajo fianza a activista oaxaqueña detenida por la PGR

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