Apro; Sección: Destacado; 27 de febrero de 2012; Bettina Cruz: pese a amenazas de muerte, seguiré lucha contra proyectos eólicos 27 de febrero de 2012

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Racynska manifestó su preocupación porque en los últimos años el mayor número de
defensores agredidos es aquellos que se oponen a megaproyectos o que defienden los
recursos naturales.

Bettina Cruz: pese a amenazas de muerte, seguiré lucha contra proyectos
eólicos

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de ser liberada del Reclusorio Regional de Tehuantepec,
Oaxaca, la dirigente indígena opositora a megaproyectos de transnacionales, Bettina Cruz
Velásquez, sostuvo que las amenazas de muerte que hay en su contra no van a sustraerla de
la lucha por la cancelación de contratos con la empresa española Desarrollos Eólicos
Mexicanos (Demex) que, dijo, “no trae ningún beneficio para los pueblos indígenas y en
cambio sí pretende acabar con nuestras costumbres y cultura”.

Bettina Cruz, quien contaba con medias cautelares tras haber sido amenazada de muerte el
28 de octubre del año pasado, fue detenida por agentes de la Procuraduría General de la
República (PGR) el pasado miércoles 22, cuando salía de las oficinas de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), acusada de privación ilegal de la libertad en agravio de
empleados de esa paraestatal.

La madrugada del sábado 24, la integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo
de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, fue liberada bajo caución y obligada
a acudir al reclusorio de Tehuantepec para firmar y continuar su proceso en libertad.

En conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro (Centro Prodh), Bettina Cruz aseguró que la lucha de los pueblos indígenas de Oaxaca
contra las industrias generadoras de energía eólica se da “porque nunca se nos tomó en
cuenta, nuestros territorios fueron ofertados a grandes transnacionales, mientras que la CFE
se encargó de amedrentar a los pequeños propietarios a aceptar la instalación de enormes
generadores de energía en sus terrenos, pero sin considerar que la mayor parte de las tierras
están bajo el régimen de bienes comunales, y no ha habido asambleas para aceptar esos
acuerdos”.

Agregó que al menos 40 dirigentes campesinos e indígenas oaxaqueños, opositores a los
parques de producción de energía eólica, están en la mira de autoridades federales y
estatales, ya que tienen abiertas averiguaciones previas en su contra.

En contraste, “no avanzan las denuncias penales por la represión a la libre manifestación,
por golpes y amenazas de muerte que han sufrido los defensores, en especial el 28 de
octubre de 2011, cuando protestaron los campesinos del Comité de Resistencia al Proyecto
Eólico de Unión Hidalgo”, acotó Alejandra Ancheita, directora del Proyecto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Pro Desc).

De acuerdo con la abogada, en la región del Istmo hay 60 empresas de energía eólica en
diferentes parques que tienen la misma constante, es decir, que “los pueblos indígenas y
dueños de la tierra nunca fueron consultados”.

Añadió:

“A través de la CFE y bajo engaños, a muchos se les pidieron sus escrituras y documentos
para simular la aceptación del megaproyecto, y los empresarios se han negado a
devolverlos”.

En el proyecto eólico de Piedra Larga en Unión Hidalgo, agregó, 30 pequeños propietarios
exigieron dar por terminado el contrato con Demex, restablecer la calidad original del suelo
e indemnizar por el daño productivo, pero el director general de la transnacional, Fernando
Ballester Surruca, negó la petición que está en los convenios firmados, bajo el argumento
de que estaba en juego “una importante inversión de recursos económicos y humanos”.

Según Bettina Cruz, miles de hectáreas de la región del Istmo de Tehuantepec fueron
afectadas por los parques de energía eólica. “En los terrenos que antes se sembraba maíz,
sorgo, chile, calabaza, ahora están las enormes torres, y hay conflictos con pescadores que
también se han visto afectados”.

La defensora resaltó que pequeños propietarios de Unión Hidalgo que inicialmente
aceptaron los contratos con Demex, pretenden cancelarlos anticipadamente, “porque han
visto que no les da ningún beneficio. Es más, tenemos una protesta de huelga de pagos
porque los cobros son injustos y elevados, llegan a ser de mil a siete mil pesos”, dijo.

La activista señaló que hay confianza en la lucha emprendida por los cinco grupos
indígenas afectados por el proyecto eólico, porque han logrado anular cerca de 300
contratos que pequeños propietarios tenían con Demex.

La abogada Ancheita informó que entre las estrategias que se contemplan para devolver a
los pueblos indígenas su derecho a decidir sobre su territorio, hay demandas de tipo civil
para anular los contratos entre la transnacional y los pequeños propietarios, y en los casos de los terrenos ejidales y de bienes comunales, se iniciarán juicios en el Tribunal Superior
Agrario para desconocer las asambleas que permitieron instalar los proyectos eólicos.

Benjamin Cokelet, director del Proyecto sobre Organización, Desarrollo,
Educación e
Investigación, comentó que también es factible iniciar protestas ante el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, organismos que proporcionaron 160 millones de dólares
para el proyecto eólico de Piedra Larga.

“La mitad de los fondos son administrados por Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa, y
el resto por los bancos Espíritu Santo de Portugal, y los españoles Santander y Caixa Bank,
pero sabemos que ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional están
dispuestos a financiar un proyecto que viola los derechos de los pueblos indígenas, por lo
que el derecho internacional permite demandar y que se corrija la situación”, dijo Cokelet,
quien tiene sus oficinas en Nueva York.

Peor aún, hasta ahora los beneficiarios de los fondos internacionales, agregó, “son
empresarios transnacionales y no mexicanos que paguen impuestos. Hay 19 proyectos en
todo el territorio de Oaxaca y por lo menos entre dos y tres empresas extranjeras
beneficiándose, aunque entre las empresas que tienen contratado el servicio está Grupo
Bimbo, que firmó un contrato de abastecimiento por 18 años”, subrayó.

Adicionalmente, apuntó, “los bancos europeos tendrán que rendir cuentas, porque ellos se
sumaron a los Principios de Ecuador, un acuerdo signado por varios bancos y empresas en
el mundo, que se comprometen a no hacer convenios que resulten desventajosos para
grupos indígenas o grupos vulnerables”.

Para Cokelet, detrás de la detención de Bettina hay una “represalia, porque a 10 meses de
que termine el gobierno de Felipe Calderón, no puede cumplir la promesa que hizo en el
COP 16 (Conferencia del Cambio Climático, realizada en Cancún Quintana Roo, en 2010),
de que 4% de la energía que produciría México sería ecológica antes de dejar su gobierno.
No obstante, las movilizaciones sociales y la oposición al proyecto por parte de la
organizaciones indígenas no permiten que haya más que 1%, entonces hay una urgencia por
terminar ese proyecto prometido a los grandes líderes mundiales”.

“Es sorprendente cómo los agentes de la PGR son incapaces para combatir delitos graves
que han bañado al país de sangre, y en cambio son diligentes para detener a defensores de
pueblos indígenas”, señaló a su vez José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh.

El defensor lamentó que ni las grandes empresas, ni los gobiernos respeten las resoluciones
judiciales promovidas por los opositores a los megaproyectos, y recordó el caso de la
Minera San Xavier en San Luis Potosí, así como la Supervía Poniente, de la Ciudad de
México.

En tanto, Agnieszka Raczynska, secretaria técnica de la Red de Organismos Civiles de
Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que aglutina a 75
organizaciones no gubernamentales, exigió al gobierno de Felipe Calderón la
instrumentación de las medidas de protección a defensores, acabar con la criminalización
de los movimientos sociales y respetar las medidas de protección que los defensores tienen.

Racynska manifestó su preocupación porque en los últimos años el mayor número de
defensores agredidos es aquellos que se oponen a megaproyectos o que defienden los
recursos naturales.

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