Apro; Exigen al gobernador Duarte esclarecer asesinato de ambientalista 07 de marzo de 2014

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18 de noviembre de 2013

XALAPA, Ver. (apro).- Integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) y del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) exigieron al gobierno de Javier Duarte que ubique a los asesinos intelectuales de Noé Vásquez Ortiz, ambientalista que se oponía a los megaproyectos de la hidroeléctrica El Naranjal en la zona centro de Veracruz y que fue asesinado el 2 de agosto pasado.

Exigen al gobernador Duarte esclarecer asesinato de ambientalista

Noé Zavaleta

18 de noviembre de 2013

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XALAPA, Ver. (apro).- Integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) y del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) exigieron al gobierno de Javier Duarte que ubique a los asesinos intelectuales de Noé Vásquez Ortiz, ambientalista que se oponía a los megaproyectos de la hidroeléctrica El Naranjal en la zona centro de Veracruz y que fue asesinado el 2 de agosto pasado.

La viuda de Vásquez, Guadalupe de Jesús Salcedo; el representante de Mapder, Marco Van Barstel, y el líder de Lavida, Guillermo Rodríguez, recriminaron a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) y al propio Duarte que, a más de 100 días de ocurrido el asesinato del ambientalista, la Fiscalía jamás inició una averiguación previa para dar con el asesino intelectual.

“Nunca se abrió una investigación de ese tipo, lo quisieron dejar como una simple riña”, recriminaron los activistas.

Aún más, Guillermo Rodríguez y Marco Van fustigaron que, aunque hoy hay tres asesinos confesos –Jonathan Contreras, Armando Tlaxcala y Luis de la Cruz–, éstos podrían quedar libres en los siguientes meses, pues se les ha elaborado un proceso penal cargado de vicios e irregularidades que, conjugado con el nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial, podría implicar un auto de libertad “a propósito”.

Guadalupe de Jesús Salcedo se quejó de que su esposo, Noé Vásquez, permanecía vigilado días antes de su asesinato. Asegura que con el homicidio artero del ambientalista de Amatlán de los Reyes, sus autores buscaron apaciguar el movimiento que se opone a la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal.

“(Sus asesinos) sabían sus movimientos, sabían que estábamos contra la presa, yo siento que al arrancarle la vida quisieron intimidarnos a todo el pueblo. Hay muchas personas detrás de esto, hay un porqué. Sé que a Noé ya no lo pueden revivir, pero exigimos justicia”, señaló Guadalupe Salcedo en rueda de prensa.

El pasado 2 de agosto, Noé Vázquez Ortiz fue encontrado maniatado y colocado en posición ritualística en un paraje de Amatlán de los Reyes. En contraste, las autoridades ministeriales quisieron atribuir el homicidio a una riña entre pobladores y canalizarlo al fuero común.

El colectivo de ambientalistas aseguró que transcurridos más de 3 meses del asesinato, la situación en el centro del estado (Fortín de las Flores, Naranjal, Cuichapa, Yanga y Amatlán de los Reyes) continúa tensa, pues hay movimientos irregulares de la Secretaría de Seguridad Pública quienes continúan amedrentando a los pobladores que se oponen a la hidroeléctrica, así como de ciudadanos foráneos quienes en camionetas obscuras y con vidrios polarizados suelen monitorear las asambleas de ambientalistas.

“Hemos detectado una vigilancia continua, nos amedrentan, en Amatlán y en otros municipios todos nos conocemos. Enseguida detectamos movimientos inusuales, además las amenazas veladas continúan, tanto con la familia de Noé Vásquez, como con otros activistas”, denunciaron.

Desde que se inició el gobierno de Duarte (y en el de su antecesor, Fidel Herrera) grandes empresas transnacionales han buscado asentarse en Veracruz con proyectos de hidroeléctricas en el río La Antigua, Los Pescados y en la región de Zongolica.

En esos tres proyectos, comunidades enteras, organizaciones civiles y de ambientalistas se han opuesto a la construcción de estos megaproyectos que acabarían con diversos caudales hidrológicos, así como dañarían de forma irreversible a varias actividades como la pesca comunitaria y el ecoturismo.

Actualmente el gobierno de Javier Duarte y la Federación –a través de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua– insisten en que estas obras de gran impacto son viables.

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