Misión de Observación a los Derechos Humanos al Estado de Guerrero 04 de abril de 2014

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Se recomienda al Estado Mexicano que a las comunidades indígenas les sean reconocidos sus derechos sin menoscabo alguno; que sean consideradas como un sujeto de derecho internacional en materia de derechos humanos.

Se recomienda al Estado Mexicano el cese de la criminalización a las y los activistas sociales y a las y los defensores de derechos humanos.

Se recomienda al Estado Mexicano mejorar las políticas públicas sobre derechos humanos y cumplir puntualmente con sus compromisos internacionales en la materia.

Se recomienda al Estado Mexicano que las ejecuciones de activistas sociales y defensores de derechos humanos sean investigadas y los responsables sancionados de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Se recomienda al Estado Mexicano que las demandas sociales sean resueltas mediante disposiciones que tomen en cuenta la voz de todas las personas involucradas a fin de garantizar un irrestricto respeto a sus derechos individuales y colectivos.

RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD A.C.

Misión de Observación a los Derechos Humanos al Estado de Guerrero

Se recomienda al Estado Mexicano el cese de la criminalización a las policías comunitarias en el Estado de Guerrero, ya que su creación se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley 701 del Estado de Guerrero, que a las comunidades indígenas les sean reconocidos sus derechos sin menoscabo alguno y el cese de la criminalización a las y los activistas sociales y a las y los defensores de derechos humanos

La Misión de Observación a los Derechos Humanos al Estado de Guerrero los días 9 y 10 de febrero del 2014, que estuvo conformada por el Obispo José Raúl Vera López, Presidente de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, representantes de; la ONG francesa “Francia América Latina”, Sindicato Independiente de la Jornada (Sitrajor), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Central Cardenista Democrática, defensores de derechos humanos como Sor Teresa López Olvera y Braulio Hidalgo y Costilla, Cineasta Independiente y que visito;

Iguala: fuimos recibidos por; la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos, y Similares de la República Mexicana, que lleva 6 años en huelga, por mejoras salariales y que continúan en espera de una resolución que dé respuesta a sus demandas; estuvieron presentes integrantes de la Unidad Popular (UP), quienes exigen el esclarecimiento del Caso de Arturo Hernández Cardona, activista social ejecutado junto con dos de sus compañeros.

Chilpancingo: aquí la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) llamó la atención sobre el manejo errático y discrecional de las acciones realizadas por las autoridades tras las tormentas que afectaron a la entidad en septiembre de 2013. Exigieron que la atención gubernamental alcance efectivamente a las comunidades afectadas.

Ayutla de los Libres: fuimos recibidos por Policías Comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, quienes manifestaron que el 21 de agosto de 2013, integrantes de la Marina y del Ejército Mexicano ingresaron a la Casa de Justicia de El Paraíso por aire (helicópteros de la Marina y Fuerza Aérea) y tierra (hummers artillados, transportes blindados), y se llevaron a las personas que tras haber sido detenidas por la policía comunitaria se encontraban en proceso de reeducación, además fueron detenidos los policías comunitarios que se encontraban en este lugar. Bernardino García Francisco[1] (Coordinador), Abad Francisco Ambrosio y Eleuterio García Carmen (consejeros) y Ángel García García, Benito Morales Bustos, Florentino García Castro, (policías comunitarios), se encuentran actualmente en el Reclusorio de Acapulco, acusados del delito de secuestro.

Nos recibieron también los Sobrevivientes de la Masacre de El Charco y Viudas de la Masacre de El Charco; quienes a 16 años de los hechos, que aún permanecen en total estado de impunidad, siguen en espera de justicia.

Estuvieron durante el recorrido los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), cuyos dirigentes Obtilia Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, viven actualmente fuera de su comunidad a causa de las amenazas de muerte que han recibido, a pesar de contar con las Medidas Cautelares que les otorgó la CIDH.

En Acapulco, las organizaciones: Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Colectivo contra la Tortura e Impunidad Guerrero, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Movimiento Sindical Democrático, Asociación de Coaliciones A.C., Organización Campesina de la Sierra del Sur, Movimiento Social Izquierda, Fundación Lucio Vive A.C. y Colectivo de Mujeres Costa Grande, manifestaron que:

El Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre los Grupos de Autodefensa y Seguridad Pública en el Estado de Guerrero, muestra parte de la realidad que viven las y los guerrerenses y puntualiza con claridad el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos por parte del gobierno de Guerrero, estado que, aseguran, se encuentra a un paso del estallido social. Que trece luchadores sociales han sido asesinados en el año 2013, sin que ninguno de estos crímenes se haya esclarecido porque, aseguran, se protege a los responsables y se arrancan confesiones bajo tortura a personas inocentes.

La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS); que exige sea clarificado el asesinato de la activista social Rocío Mesino Mesino.

RECOMENDACIONES

Tras este encuentro con personas y comunidades marcadas por los agravios cometidos por las diversas autoridades la Misión de Observación constata el desdén gubernamental hacia los derechos humanos en el estado de Guerrero. Este desdén se expresa particularmente en la persistencia de condiciones que obstaculizan el trabajo de activistas sociales, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos: en este aspecto no se han dado pasos firmes y consistentes para erradicar la impunidad y se desacredita a quienes con su labor cotidiana aportan a la construcción de una sociedad democrática y justa para conformar de hecho un estado de derecho en contraposición a un derecho de Estado. Frente a esta situación llamamos a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno a ejercer con responsabilidad su función y exigimos que muestren claramente su compromiso con la obligación fundamental de garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas y comunidades, de conformidad con lo prescrito por la Constitución local, la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Se recomienda al Estado Mexicano el cese de políticas de seguridad, basadas en la militarización de los espacios públicos y comunitarios.

Se recomienda al Estado Mexicano el cese de la criminalización a las policías comunitarias en el Estado de Guerrero, ya que su creación se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley 701 del Estado de Guerrero.

Se recomienda al Estado Mexicano que a las comunidades indígenas les sean reconocidos sus derechos sin menoscabo alguno; que sean consideradas como un sujeto de derecho internacional en materia de derechos humanos.

Se recomienda al Estado Mexicano el cese de la criminalización a las y los activistas sociales y a las y los defensores de derechos humanos.

Se recomienda al Estado Mexicano mejorar las políticas públicas sobre derechos humanos y cumplir puntualmente con sus compromisos internacionales en la materia.

Se recomienda al Estado Mexicano que las ejecuciones de activistas sociales y defensores de derechos humanos sean investigadas y los responsables sancionados de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Se recomienda al Estado Mexicano que las demandas sociales sean resueltas mediante disposiciones que tomen en cuenta la voz de todas las personas involucradas a fin de garantizar un irrestricto respeto a sus derechos individuales y colectivos.

RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD A.C.

Ma. Magdalena López; 5512984475
rddhorg@gmail.com

[1] Sobreviviente de la Masacre de El Charco

Ver en línea : Misión de Observación a los Derechos Humanos al Estado de Guerrero

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