CIMAC; Defensores lanzan campaña contra medidas represivas 14 de abril de 2014

, popularidad : 4%

09 de abril de 2014

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) –que también participa en el informe–, activistas exigieron al Poder Legislativo federal y en los estados frenar y desechar las iniciativas para limitar la libertad de expresión con el argumento de la “seguridad nacional”.

Defensores lanzan campaña contra medidas represivas

Andanada del Ejecutivo para acallar protesta social

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 09/04/2014

La gestión de Enrique Peña Nieto ha legitimado la criminalización de la protesta social, lo que ya derivó en violaciones a los Derechos Humanos (DH) de quienes expresan sus ideas.

En el “Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno. Control del espacio público”, grupos civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) o Fundar Centro de Análisis e Investigación, dan cuenta de la política de criminalización de la protesta social que ha emprendido el Ejecutivo y a la que se sumaron los gobiernos locales.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) –que también participa en el informe–, activistas exigieron al Poder Legislativo federal y en los estados frenar y desechar las iniciativas para limitar la libertad de expresión con el argumento de la “seguridad nacional”.

Según el abogado Leopoldo Maldonado, integrante del Centro ProDH, al cerco de las calles durante manifestaciones recientes y la expropiación del Zócalo capitalino disfrazada de festivales y exposiciones, se pretende controlar a las redes sociales con la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo envió al Senado el pasado 24 de marzo.

Explicó que de aprobarse esa ley se eliminaría la neutralidad de la red, pues se podría ordenar que se bajen contenidos por considerarlos ilegales, lo que afecta directamente a la protesta “pues en las redes sociales se ha dado una forma de información alternativa y se han llevado a cabo procesos organizativos de protesta en las entidades”.

Las y los defensores exigieron al Ejecutivo abstenerse de cualquier acto de criminalización, represión o ataque a las personas que deciden hacer uso de su legítimo derecho a manifestarse.

En el informe enumeran acciones violatorias de derechos por parte del gobierno, tales como la censura previa al establecer avisos o permisos para reuniones públicas, la posibilidad de disolver las marchas si bloquean un edificio de gobierno o vía pública, la criminalización del aspecto o forma de vestir de las personas, y el aumento desproporcionado de penas de prisión para delitos cometidos durante concentraciones públicas.

Tal es el reciente caso de la activista de la organización ambientalista Greenpeace Rosina González, quien es acusada de allanamiento de morada y daño a un reflector cuando realizó una protesta el pasado 1 de marzo junto con cinco activistas más, en instalaciones de Pemex en Veracruz

En la rueda de prensa se exigió a las comisiones de Derechos Humanos estatales asuman su responsabilidad de proteger las garantías fundamentales de la ciudadanía, como la libertad de expresión, y hagan uso de su facultad para interponer recursos de inconstitucionalidad contra iniciativas que criminalizan la protesta social.

Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), dijo que cuando se considere que una reforma de ley violenta los DH, las comisiones tienen la facultad de apelar la decisión.

Criticó que aunque en entidades como San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y el DF se han aprobado iniciativas que buscan inhibir y limitar la libertad de expresión, la protesta o el derecho de reunión y asociación, las instancias de DH no han presentado ningún recurso.

También evidenciaron que hay leyes que criminalizan de manera indirecta la protesta social, por ejemplo la legislación penal o de seguridad nacional “que eventualmente podría ser usada para criminalizar a movimientos sociales”, como es el caso de las reformas al Código Penal en materia de terrorismo, o la aprobada geolocalización en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con la presentación del informe, las organizaciones civiles pusieron en marcha la campaña virtual #QueNoTeApaguen, a fin de informar a la sociedad sobre las pretensiones del Estado mexicano.

14/AZM/RMB

Ver en línea : Defensores lanzan campaña contra medidas represivas

Navegar por las

AgendaTous les événements

noviembre de 2017 :

Nada para este mes

octubre de 2017 | diciembre de 2017