SinEmbargo; #SaveRosina | En México, Greenpeace denuncia irregularidades en juicio a activistas que colocaron manta contra EPN 15 de abril de 2014

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Rosina González, una joven activista desde hace siete años, es la más afectada, debido a que Pemex la acusa directamente de haber roto una lámpara con un valor de 78 mil pesos, acusación que trae consigo una pena de cuatro a 10 años de cárcel según los abogados.

La organización ambientalista pagó 100 mil pesos para garantizar el pago de la lámpara dañada y de las multas por protestar en el edificio de Pemex y solicitó un amparo indirecto para obtener la libertad bajo fianza de Rosina.

Sin embargo, este martes el juez podrá decidir si mantiene la libertad bajo fianza de los activistas, especialmente de Rosina, o si la retira y emite una orden de presentación.

“Estos amparos se pagaron para evitar cualquier orden de presentación, el próximo martes habrá una audiencia. El juez los llamara a declarar, bueno estamos en la mayor disposición para responder a este asunto lo antes posible y que esto acabe pronto”, dijo.

Magallón prosiguió: “Pemex es una de las empresas más poderosas, claramente este juicio tiene la intención de acallar la protesta social”.

#SaveRosina | En México, Greenpeace denuncia irregularidades en juicio a activistas que colocaron manta contra EPN

Por: Shaila Rosagel

abril 14 de 2014

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).–Los seis activistas de la organización ambiental Greenpeace que se manifestaron en la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Puerto de Veracruz, el 1 de marzo, enfrentan oficialmente un juicio en su contra desde la semana pasada.

Rosina González, de 26 años y otros cinco jóvenes podrían ser llamados este martes a declarar ante un juez, debido a que la paraestatal no retiró la denuncia por allanamiento y daños en propiedad ajena en contra de los participantes en una protesta pacífica que consistió en colgar una manta con la imagen del Presidente en la portada de la revista Time.

“Siguen los cargos por parte de Pemex y el Ministerio Público decidió enviar el caso al juez. Esto significa que está empezando un juicio realmente extraño, porque la investigación no se ha completado y no se ha comprobado que Rosina González rompió una lámpara propiedad de Pemex”, dijo Héctor Magallón, vocero de la campaña Energía y Cambio Climático de Greenpeace México.

Rosina González, una joven activista desde hace siete años, es la más afectada, debido a que Pemex la acusa directamente de haber roto una lámpara con un valor de 78 mil pesos, acusación que trae consigo una pena de cuatro a 10 años de cárcel según los abogados.

La organización ambientalista pagó 100 mil pesos para garantizar el pago de la lámpara dañada y de las multas por protestar en el edificio de Pemex y solicitó un amparo indirecto para obtener la libertad bajo fianza de Rosina.

Sin embargo, este martes el juez podrá decidir si mantiene la libertad bajo fianza de los activistas, especialmente de Rosina, o si la retira y emite una orden de presentación.

“Estos amparos se pagaron para evitar cualquier orden de presentación, el próximo martes habrá una audiencia. El juez los llamara a declarar, bueno estamos en la mayor disposición para responder a este asunto lo antes posible y que esto acabe pronto”, dijo.

Magallón prosiguió: “Pemex es una de las empresas más poderosas, claramente este juicio tiene la intención de acallar la protesta social”.

El caso de los jóvenes activistas encontró eco a nivel internacional durante las últimas semanas.

La organización lanzó una campaña enfocada principalmente a la defensa de Rosina a través de la página greenpreacenocalla.org y llamó a solidarizarse con el caso de González enviando mensajes al director de Pemex, Emilio Lozoya, a través de Twitter con la etiqueta #SaveRosina.

De acuerdo con Magallón, 20 oficinas de Greenpeace en todo el mundo se sumaron ya a la defensa de la activista y se recabaron casi 80 mil firmas de ciudadanos para pedirle al director de Pemex que retire los cargos en contra de la joven.

“La mitad de estas firmas son de otros países, desde Argentina hasta Europa, porque México con este acto se está sumando a una tendencia mundial a criminalizar la protesta que está ocurriendo en Estados Unidos, en India, en Rusia, los vemos en muchas partes donde hay intereses de los gobiernos y las empresas petroleras”, dijo Magallón.

Las muestras de solidaridad hacia Rosina también se hicieron patentes en la página de Facebook de Pemex, en donde fueron borrados cientos de mensajes de usuarios solicitando a la paraestatal retirar los cargos.

EL CRIMEN DE ROSINA GONZÁLEZ

Una manta de 130 metros cuadrados con la imagen del Presidente de la República Enrique Peña Nieto bañado de petróleo, emulando la portada “Saving México” de la revista Time, causó la ira del gobierno de Veracruz y Pemex en contra de seis activistas de la organización ambientalista.

Minutos después de que los manifestantes colocaron la manta en edificio de Pemex Refinación en el puerto, en señal de protesta por la Reforma Energética y el escaso apoyo gubernamental a las energías renovables, arribó al lugar un grupo de 20 elementos de la Policía Estatal para obligar a los jóvenes a retirar todo indicio de manifestación.

Los participantes en la protesta fueron detenidos por la Policía Naval y ahora, una de ellos, Rosina González, quien enfrenta cargos por allanamiento de morada y daños en propiedad ajena, podría enfrentar una pena de entre cuatro y 10 años de prisión.

“Rosina está acusada por un monto de 78 mil pesos por el daño a una lámpara, las imputaciones no han sido comprobadas y son ridículas y frente a estos cargos que nos ha hecho el Ministerio Público con sede en Veracruz, pedimos que no sean detenidos, ni presentados de ninguna manera los seis activistas”, dijo María Collín, abogada de Greenpeace.

El día de la manifestación, los activistas fueron detenidos durante varias horas en Playa Linda, para después ser trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de Veracruz, en donde permanecieron 28 horas.

De acuerdo con la abogada el juicio podría extenderse meses si Pemex no retira los cargos en contra de los activistas y Rosina, en caso de ser declarada culpable, podría pisar la cárcel.

“Esta acusación vincula al delito de daño con el de robo simple. De acuerdo con el Código Penal Federal, podrían ser entre cuatro y 10 años de prisión para ella”, dijo Collín.

Mientras se realiza el proceso iniciado en su contra, Rosina González aseguró que continuará con su vida normal y su activismo a favor del medio ambiente.

La joven, originaria de Puebla, estudió Cultura Física, radica en el Distrito Federal y desde hace siete años es activista de la organización ambientalista..

“Estoy preocupada por el medio ambiente, necesitaba hacer algo, actuar y busqué organizaciones que apoyaran las mismas causas y encontré a Greenpeace, fue cuando decidí unirme como voluntaria”, recordó.

Rosina nunca imaginó en desenlace de la protesta del 1 de marzo y lo que aquella enorme manta de Peña Nieto le acarrearía.

“Es muy injusto que por manifestarse, te levanten cargos y digan que es un delito, es como cualquier derecho que tenemos como seres humanos y ciudadanos”, dijo.

La joven aseguró que aunque sus padres están preocupados por los cargos que enfrenta, ella está tranquila debido al apoyo legal y moral que recibe de la organización.

Para Rosina el proceso en su contra es estresante, pero la lucha por el medio ambiente no acaba. Ella seguirá.

Héctor Magallón dijo que es la primera vez que la organización sufre una embestida de ese tipo en México.

“En vez de que Pemex se ocupe en solucionar sus problemas de seguridad en las plataformas y por los daños ambientales que genera, se empeña en reprimir la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Son derechos consagrados en la leyes mexicanas y en tratados internacionales de los que México es firmante”, dijo Magallón.

El activista recordó que el año pasado 30 activistas de Greenpeace fueron detenidos en Rusia por manifestarse en una plataforma petrolera, bajo cargos de vandalismo.

“Estuvieron detenidos por dos meses. Esperemos que México no se quiera comparar con otros países donde existe este tipo de represión y que Pemex retire esa acusación. Estamos muy preocupados de que se esté criminalizando la manifestación libre de las ideas”, dijo.

La organización interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual fue aceptada y solicitó recomendaciones para todas las autoridades implicadas, tanto federales, como estatales.

La denuncia de Greenpeace es por violación y penalización del derecho a la libertad de expresión, la detención por 28 horas, ataques a su libertad personal fuera del procedimiento judicial y el pago de una fianza para alcanzar la libertad.

Algunas de las autoridades señaladas directamente por la organización son: el agente del Ministerio Público federal de la mesa VI investigadora con sede en Veracruz, el coordinador de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, el coordinador de la Policía Naval en Veracruz-Boca del Río y al delegado de la PGR.

MÉXICO PELIGROSO PARA ACTIVISTAS

Rosina no es la única activista ambiental perseguida en México. Muchos de ellos no sólo fueron amenazados, sino asesinados.

De acuerdo con los registros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), los asesinatos de defensores del ambiente en el país se dispararon a partir de 2005; hasta 2013 se registraron 44 homicidios.

No sólo los crímenes que terminaron en la privación de la vida de los ambientalistas crecieron, sino que durante el mismo periodo hubo 53 amenazas, 64 detenciones ilegales, 16 casos de criminalización y 14 de uso indebido de la fuerza pública, dijo a SinEmbargo el año pasado Andrea Ulisse Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Públicas de la organización.

Como la mayoría de los crímenes en el país, el caso de los ambientalistas no es la excepción. Todos se encuentran impunes y el mecanismo de protección que se originó a partir de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el año pasado, no funciona para evitar ni prevenir los casos de ataques a los luchadores sociales por el medio ambiente, indicó el abogado.

“Hay una situación de riesgo. La mayoría de los asesinatos están ligados a megaproyectos donde los defensores tocan intereses empresariales. A partir de 2009 ha habido una situación de aumento de las amenazas y crímenes”, explicó.

Las autoridades mexicanas no sólo no investigan y resuelven las ejecuciones y las amenazas, sino que han esperado a que haya un repunte en las víctimas.

De 2005 a 2009 fueron 12 los asesinatos que se registraron y a partir de 2009 a la fecha, ya son 32, detalló Andrea Ulisse.

“Nosotros creemos que estos datos son sólo para dar una idea de lo que está ocurriendo, el problema es mucho mayor, pues hay muchos casos que no se registran, hay amenazas que no se denuncian”, dijo.

A partir de 2012 existe en México un mecanismo de protección para los luchadores sociales, de derechos humanos y periodistas.

Para todos los casos, el mecanismo ha fracasado, pues a pesar de su existencia las autoridades no han logrado disminuir ni las amenazas ni los asesinatos.

El abogado del CEMDA detalló que el problema que enfrenta esta medida es la falta de fuerza institucional, experiencia para atender a los casos colectivos y el escaso personal.

“Estamos en un diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para impulsar medidas más acordes para proteger a los defensores. Es bastante complicado, cada situación es diferente y las medidas también deben serlo. El mecanismo está pensando con tres unidades: una la de recepción de caso, la segunda de evaluación de riesgo y una tercera es la prevención de las agresiones. Las únicas que funcionan son las primeras dos”, dijo.

Andrea Ulisse explicó que las autoridades carecen de capacidades para prevenir una situación de riesgo para los defensores.

El especialista aseguró que la probabilidad de que la situación en el país para los ambientalistas mejore, es escasa. El mecanismo de protección aún está en proceso y mientras tanto, los defensores, continúan enfrentando al peligro en sus regiones.

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