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Cencos; En Tepoztlán, siguen las irregularidades

17 agosto 2013

Domingo 18 de agosto de 2013

Ante la criminalización y acoso de las que hemos sido objeto por parte de las autoridades, se acudió a la Justicia Federal para tratar de desmentir sus amedrentamientos, siendo que a la fecha los propios juzgados federales nos han hecho saber que no existen las supuestas órdenes de aprehensión con las que nos amenazaron.

Difusión Cencos México D.F., Viernes 16 de agosto de 2013

Boletín de Prensa

Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán

Denunciamos nuevamente la serie de irregularidades e ilegalidad con las que los tres niveles de gobierno, en colusión con grupos empresariales locales y transnacionales, nos están despojando de nuestro territorio.

El comisariado de bienes comunales ha convocado a una asamblea irregular y amañada a celebrarse el próximo 18 de agosto a las 11 am en el Auditorio Illhuicalli de nuestra comunidad de Tepoztlán. Dicha asamblea tiene como único propósito avalar el despojo que han realizado la SCT y la empresa TRADECO desde el pasado 23 de julio de tierras comunales, tratando de que se apruebe la firma de un convenio de ocupación previa con la SCT mucho después de que ya se iniciaron los trabajos de desmonte, sin que SCT ni TRADECO cuenten con ningún permiso o autorización por parte de la Asamblea de Comuneros, sin contar con dicho Convenio, sin haber realizado un proceso expropiatorio conforme a derecho y sin contar con el supuesto derecho de vía histórico al que tanto aluden para realizar sus ilegales obras. Además, la convocatoria se emite con fundamento en el artículo 23 fracción V de la Ley Agraria, misma que sólo se refiere a la aprobación de contratos y convenios relativos al uso o disfrute por terceros de la tierra de uso común. De esta manera, se pretende engañar a los comuneros y a la opinión pública, haciendo pasar un claro proceso de deslinde y expropiación que implica el cambio de régimen de propiedad comunal como una simple formalidad contractual. Esto es una clara violación a la Ley Agraria y a los derechos agrarios y fundamentales del núcleo comunal y queda claro entonces que el comisariado de bienes comunales está tratando de aprobar la firma de un convenio de expropiación con la SCT de manera ilegal. La Ley Agraria establece claramente que para un deslinde de las tierras como el que se pretende aprobar es necesario fundamentar la convocatoria de la asamblea en la fracción X del artículo 23 y para ello se debe tener un padrón de comuneros depurado y conocido por todos. El actual comisariado de bienes comunales se comprometió desde hace meses a depurar el padrón de comuneros y a hacerlo público pero no lo ha hecho.

POR LO TANTO CUALQUIER ASAMBLEA QUE AVALE DICHO CONVENIO SIN CUMPLIR CON ESTAS FORMALIDADES JURÍDICAS, ES ILEGAL

Por lo anterior, denunciamos una treta más del gobierno y sus cómplices para despojarnos de nuestro territorio de una manera ilegal e invitamos a la opinión pública y defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional, y a los funcionarios de la Procuraduría Agraria, a que se presenten el próximo domingo en la asamblea de comuneros para que atestigüen los hechos, en donde nosotros defenderemos de manera pacífica nuestro territorio y la legalidad de nuestros actos, que tienen como fin denunciar y defender a nuestro territorio del cúmulo de irregularidades e ilegalidad con la que está cubierto el proyecto de ampliación.

Ante estos actos arbitrarios e ilegales, hemos llevado a cabo las siguientes acciones legales:

Se ha interpuesto Amparo en contra de las autorizaciones y permisos otorgados por la SCT a la empresa TRADECO para la construcción de la obra y en contra de la ocupación de terrenos comunales, por no contar con Convenio de Ocupación Previa, proceso expropiatorio, ni aval de la asamblea general de comuneros. Al día de hoy estamos a la espera de que la Justicia Federal nos otorgue la suspensión correspondiente.

Se acudió a la Procuraduría Agraria para que realizan su labor de defensa de los derechos e intereses del núcleo agrario y alertarlos de la grave e ilegal situación relativa a la asamblea del 18 de agosto, a fin de que visitadores de la misma hagan presencia y garanticen la legalidad de dicha asamblea y en su caso declaren su nulidad.

Se presentó una petición ante la Procuraduría Agraria para que intervenga ante el hecho de que el comisariado de bienes comunales no ha cumplido con sus obligaciones de representante y defensor de la comunidad agraria.

Se interpuso una denuncia ante la Procuraduría del Estado y ante instancias nacionales e internacionales de Derechos Humanos, por el despojo de las tierras comunales.

Ante la criminalización y acoso de las que hemos sido objeto por parte de las autoridades, se acudió a la Justicia Federal para tratar de desmentir sus amedrentamientos, siendo que a la fecha los propios juzgados federales nos han hecho saber que no existen las supuestas órdenes de aprehensión con las que nos amenazaron.

También denunciamos ante la opinión pública la criminal omisión de quienes se dicen nuestros representantes en el congreso local y estatal. El diputado federal Francisco Tomás Rodríguez Montero se la ha buscado sin éxito, en la Cámara de Diputados se nos dijo que le dieron 4 meses de vacaciones para que fuera a sus distrito para que se acercara con la población a enterarse de viva voz cuáles son los problemas que nos aquejan. Hasta ahora ha brillado por su ausencia. El diputado local Humberto Segura tampoco ha querido contestar nuestras llamadas y de hecho, su secretario, Miguel Ángel Quiroz, en una clara violación a nuestros derechos humanos, primero nos pregunta en dónde nacimos antes de escucharnos, denunciamos ante las comisiones de derechos humanos la actitud de dicho secretario. Exigimos a quienes dicen representarnos que se pronuncien y defiendan la legalidad y el estado de derecho.

Nos pronunciamos en solidaridad con los compañeros de Xochicuautla que están sufriendo un despojo similar al que nos quieren imponer a nosotros, y con todos los movimientos sociales y populares que luchan en contra de la imposición de megaproyectos carreteros, cuyo fin es la salvaje urbanización de nuestros pueblos y territorios, generar riqueza para unos cuantos y llevar a cabo un supuesto desarrollo ajeno a los pueblos de México. Le exigimos al gobierno federal que deje ya de entregar los bienes nacionales a las compañías extranjeras y de reprimir ilegal e ilegítimamente a quienes se oponen a ello. Exigimos respeto por los pueblos originarios y por la autonomía de las comunidades para decidir el uso y futuro de su territorio ancestral.

¡Alto ya al saqueo criminal por parte del gobierno!

Atentamente

Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán


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