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Cencos; OSC ven con preocupación que a más de un año del allanamiento policiaco-militar al CDH Juan Gerardi, la SEDENA decida archivar el caso sin esclarecer los hechos
17 agosto 2013
Domingo 18 de agosto de 2013
El 9 de febrero de 2012, alrededor de las veinte horas, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A C y la Parroquia de San Judas Tadeo de la ciudad de Torreón, Coahuila, fuimos objeto de un allanamiento policiaco-militar...El allanamiento lo realizaron sin exhibir ninguna orden judicial como lo ordena la Constitución. Fuimos objeto de todo tipo de revisiones en todas nuestras instalaciones, especialmente en las oficinas del Centro de Derechos Humanos en donde dos efectivos, uno perteneciente a la policía federal y otro perteneciente a las fuerzas armadas, se introdujeron arbitrariamente y revisaron todo cuanto ahí había: alacenas, cajas, papelería y baños.
Difusión Cencos México D.F., Viernes 16 de agosto de 2013
Boletín de Prensa
OSC de DH
El 9 de febrero de 2012, alrededor de las veinte horas, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A C y la Parroquia de San Judas Tadeo de la ciudad de Torreón, Coahuila, fuimos objeto de un allanamiento policiaco-militar, en seguimiento a una denuncia anónima, en busca de droga.
El allanamiento lo realizaron sin exhibir ninguna orden judicial como lo ordena la Constitución. Fuimos objeto de todo tipo de revisiones en todas nuestras instalaciones, especialmente en las oficinas del Centro de Derechos Humanos en donde dos efectivos, uno perteneciente a la policía federal y otro perteneciente a las fuerzas armadas, se introdujeron arbitrariamente y revisaron todo cuanto ahí había: alacenas, cajas, papelería y baños.
Inmediatamente, denunciamos los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, la Procuraduría General de la Republica, y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la integración de esos expedientes hemos aportado todo cuanto la autoridad nos ha requerido para esclarecer los hechos y aportar datos suficientes que ayuden a las investigaciones.
En el trascurso de los meses, diversos peritos fotografiaron e hicieron dibujos con base en nuestros testimonios. En ellos, aportamos una serie de evidencias sobre el actuar de estos servidores públicos. Además, un agente del Ministerio Público militar recabó testimonios a quienes estuvimos como testigos presenciales de los hechos y quienes presentamos la denuncia ante la Procuraduría General de la República.
Contra toda evidencia, el pasado 23 de julio recibimos un oficio por parte del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Defensa Nacional, notificándonos que no se acreditó la participación de elementos de ese Instituto Armado, en los hechos que nosotros denunciamos, dando por archivado nuestro caso, por falta de elementos.
Dada esta situación manifestamos lo siguiente:
1. Que la autoridad, siendo la primera obligada en el respeto irrestricto a la ley, actúa sin someterse a ella, como ha quedado demostrado con las diversas pruebas aportadas en nuestro caso.
2. Al día de hoy tenemos varias preguntas que no han sido respondidas adecuadamente por las autoridades correspondientes: ¿Porque fuimos allanados?
¿Con qué fin? ¿Quién o quienes dieron la orden? ¿Qué objetivo se perseguía al llevar a cabo este operativo?
3. La pretensión de que realmente no sucedió nada y de que el evento quede en la impunidad es inaceptable: fuimos víctimas de un acto ilegal y arbitrario, no de fantasmas, sino de agentes del Estado mexicano, mismo que ahora concluye que, prácticamente, no ocurrió el suceso.
4. Que dentro de las indagatorias por parte de la Procuraduría General de la República es evidente la intencionalidad de tratar de deslindar responsabilidades sobre el actuar de los servidores públicos en cuestión, al poner en duda si el espacio donde realizaron la revisión es público o privado; ya que si bien la oficina del Centro de Derechos Humanos es un lugar donde se atiende al público en general, también es cierto que existen espacios restringidos que son privados y es ahí donde se llevó a cabo dicho allanamiento.
5. Que las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Republica han sido detenidas y puesto el expediente en reserva debido, según ellos, entre otras cosas a que no hemos podido aportar mayores pruebas, como el Identificar a los agentes involucrados; situación por demás imposible ya que el día del allanamiento se encontraban encapuchados.
6. Existe una intencionalidad notoria por parte de la Procuraduría General de la República por desviar la atención de los hechos constituyentes del delito como son: la ausencia de una orden judicial para realizar un allanamiento, quién o quienes dieron la orden para allanar y la motivación para hacerlo, y al contrario centrar sus actuaciones solo en quienes ejecutaron tal orden, como si el hecho mismo careciera de otros elementos a investigar.
7. Sin realizar ningún tipo de investigación la oficina de Control interno de la Secretaría de la Defensa Nacional da por archivado el caso y se deslinda irresponsablemente del actuar de sus Fuerzas Armadas porque dice que no hay elementos para acreditarlo, cuando el expediente se encuentra lleno de evidencias que muestran totalmente lo contrario.
Queremos mencionar además, que vemos con gran preocupación la falta de voluntad política e institucional para esclarecer los hechos y llevarlos hasta sus últimas consecuencias, y que como ha sucedido en muchos casos se trate de intimidaciones que pretenden limitar el actuar de defensores y defensoras de Derechos Humanos mediante estas prácticas que solo buscan someter y socavar nuestro trabajo en favor de los Derechos Humanos.
Firman:
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.
Parroquia de San judas Tadeo
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.
Frontera con Justicia A.C. Casa del Migrante de Saltillo