Palabras del Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, durante la instalación de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 13 de noviembre de 2012

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El objeto de esta ley es muy claro: Implementar y operar de manera coordinada y eficaz, un mecanismo que garantice la seguridad, la vida, la integridad de los profesionales de la libertad de expresión, los profesionales y los dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Primero, contiene una perspectiva transversal en el enfoque de protección a los derechos humanos. Esto quiere decir que se reconoce y se atiende la necesidad de adoptar medidas inmediatas para la protección y atención de sus beneficiarios; y que este esfuerzo incluye, desde luego, a todos los órdenes de Gobierno.

Precisamente ese es el segundo punto que quiero subrayar. Nos impone a todos la obligación de articular de manera coherente, coordinada, con una adecuada base constitucional y legal, y con una garantía operativa que tenemos que llevar a cabo los esfuerzos de los distintos órdenes de Gobierno, con lineamientos claros y procedimientos específicos para actuar en cada situación que se presente.

Tercero, incluye en cada fase del proceso y para cada orden de Gobierno, la participación de la sociedad civil, volviendo su funcionamiento más transparente, más claro, más cercano a la ciudadanía; y en esa medida también, más fácilmente implementable.

Si nos queda perfectamente claro que el objetivo de esta ley es garantizar la protección de ciudadanos que están dedicando su esfuerzo a la libertad de expresión, a la promoción de los derechos humanos, era absolutamente necesario el contar con esta participación sistemática, para poder vigilar que el mecanismo funcione para poder corregir áreas de oportunidad que se presenten y para que con su voz, con su crítica y también con su capacidad de ampliar los espacios de aplicación de este protocolo, lo podamos nutrir rápidamente en beneficio de las personas.

Y cuarto, se crea un fondo especial para la implementación de las medidas operadas a través de este mecanismo. Es decir, no solamente están las leyes, no solamente está la coordinación con los estados, no solamente se cuenta con la participación de la sociedad; se cuenta también con los fondos indispensables para hacer eficaz la participación de este mecanismo.

Versión estenográfica del Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré

12 de Noviembre, 2012

Palabras del Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, durante la instalación de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Muchas gracias, señor Subsecretario. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes.

Licenciado Gabino Cué Monteagudo, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, le agradezco mucho su presencia.

Agradezco también la presencia de los secretarios de Gobierno y representantes de los estados de Durango, de Puebla, de Quintana Roo, de Colima, del Estado de México, de Guanajuato, de Morelos, de Veracruz, de Campeche.

Agradezco también la presencia del Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presencia también de Antonio Luigi Mazzittelli, representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en contra de la Droga y el Delito; del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por supuesto, de la maestra Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República; muy particularmente del Subsecretario Facundo Rosas, Subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, quien fuera también Comisionado de la Policía Federal y uno de los arquitectos centrales de lo que es, sin duda, una obra muy significativa en nuestro país en la construcción de una institución policiaca al servicio de los ciudadanos, garantizada por niveles de control de confianza, y sujeta y sometida a verificación de parte de la sociedad y, por supuesto, a sanción invariablemente cuando se presentan casos de indisciplina y con mayor razón cuando existen casos lamentables de violaciones a las normas.

Agradezco además, la presencia del Embajador Alejandro Negrín, del ingeniero Rafael Borbón, Presidente del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

Y de cada uno de los representantes de los organismos de derechos humanos y de periodistas, que no solamente nos acompañan el día de hoy en la instalación de este Mecanismo, conforme al mandato de la ley; sino que han querido participar en su Consejo Consultivo y particularmente en su Junta de Gobierno; y que el día de hoy, junto con las instituciones que estamos aquí representadas, toman parte central y esencial en la construcción de un mecanismo efectivo, eficaz y que debe de garantizar la seguridad, tanto en el ejercicio de la libertad de expresión, como en la defensa y promoción de los derechos humanos.

El hecho de que nos acompañen aquí, en esta mesa, no solamente es muestra de su valentía, de su trayectoria y de su talento, sino sobre todo, de su sentido de responsabilidad para con México, para con los profesionales de la libertad de expresión y los defensores de derechos humanos y, en esa medida, para la construcción de soluciones colectivas al servicio de nuestro país.

Les agradezco de entrada y les reconozco profundamente su compromiso al participar de este Mecanismo, conforme a los términos de la ley.

Es indudable, y lo decía ya el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, el licenciado Max Diener, a quien le reconozco el esfuerzo y el empeño con que ha conducido los trabajos necesarios para que implementásemos este Mecanismo conforme marca la ley.

Que la labor de quienes investigan y denuncian la violación a los derechos humanos, así como de quienes contribuyen a una sociedad más informada, son cimientos fundamentales, indispensables de una vida, una sociedad plenamente democrática.

Por ello para mí el día de hoy, el poder presidir esta reunión de instalación es un honor, el poder estar en esta ocasión para la instalación formal de la Primera Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas.

Quiero subrayar el reconocimiento a todos quienes han participado, no solamente a quienes están el día de hoy en esta mesa o que han estado participando en el Consejo Consultivo a partir de ahora y en la Junta de Gobierno.

Quiero agradecerle muy particularmente a todos los servidores públicos, a nuestros compañeros también de las representaciones de algunos países, como es el caso de la representación de los Estados Unidos, que aquí nos acompaña el día de hoy también.

Y a muchos otros promotores, defensores, luchadores en favor de los derechos humanos y en favor de los derechos de la libertad de expresión, quienes al final de cuentas han sido quienes han impulsado el fortalecimiento de los mecanismos que hoy tenemos y la promoción auténtica de estos mecanismos y su implementación de una manera puntual.

Creo que también es destacable el apoyo y el papel fundamental que han tenido en la instalación de este mecanismo, con el apoyo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, tanto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y muy particularmente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para lograr este resultado que el día de hoy estamos iniciando formalmente.

Sin el compromiso efectivo de cada uno de ustedes, sin sus propuestas, sin sus críticas, sin su disposición al diálogo y al acuerdo, el resultado que tenemos el día de hoy, y que redundará en beneficio de los derechos de todas las mexicanas y los mexicanos, no hubiera sido posible y por ello les estamos significativamente agradecidos.

Como ustedes saben, desde hace seis años en el Gobierno Federal en un marco democrático de apertura, de división de poderes, de discusión de los instrumentos legales para hacerlo, hemos enfrentando de manera responsable y decidida una crisis de seguridad que vivía nuestro país.

La violencia asociada a dicha crisis no sucedió de un día para otro, mucho menos fue provocada por la acción de la autoridad. Fue el resultado de condiciones que se fueron gestando, algunas de ellas poco a poco, a lo largo de mucho tiempo, y otras que de manera muy puntual fueron acelerando un fenómeno que ha azotado a todo nuestro hemisferio.

Apenas hoy en la mañana el Presidente de la República, junto con el Primer Ministro de Belice, la Presidenta de Costa Rica, el Presidente de Honduras y también con el respaldo del Presidente de Guatemala, insistían precisamente en la necesidad de reconocer que el fenómeno de la violencia es un fenómeno regional, que es un fenómeno que ha sido gestado durante mucho tiempo y al que tenemos que enfrentar de manera coordinada, decidida, con base en la ley y también con base en una discusión más amplia, desde la perspectiva internacional.

Hay que reconocer también que estas condiciones que se fueron generando desde tiempo atrás y algunas de ellas fuera de nuestro país, encontraron oportunidad en instituciones debilitadas y en un marco jurídico poco actualizado.

Desgraciadamente la acción violenta de los criminales ha afectado a toda la sociedad y en ocasiones, de manera directa, a la tarea de los profesionales de la libertad de expresión y de los defensores de los derechos humanos.

En ese contexto era indispensable actuar de manera coordinada, decidida, no solamente para abatir el fenómeno de la delincuencia; para atender y esclarecer cada uno de los casos y especialmente hacer esto en el marco de una política pública de largo plazo, de responsabilidad compartida, que nos permitiera prevenir y evitar que cualquier acción violenta, cualquier amenaza interfiriera en las actividades de quienes hoy en nuestro país se dedican a estos importantísimos esfuerzos.

Es por ello que en un ejercicio de responsabilidad, de voluntad política, de capacidad institucional, el Estado mexicano, no solamente el Gobierno Federal; el Estado Mexicano, su Poder Legislativo y distintas instancias de distintos órdenes de Gobierno y también el Poder Judicial, ha ido avanzando en distintos mecanismos para construir mejores marcos jurídicos y en particular en el ámbito de la protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas.

En este marco el pasado 22 de junio el Presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas.

El objeto de esta ley es muy claro: Implementar y operar de manera coordinada y eficaz, un mecanismo que garantice la seguridad, la vida, la integridad de los profesionales de la libertad de expresión, los profesionales y los dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Es necesario reconocer que el mecanismo articulado a través de la ley, brinda las herramientas jurídicas y operativas necesarias para prevenir este fenómeno, de una manera mucho más eficaz que los esfuerzos anteriores que ya se venían realizando.

Destaco cuatro puntos centrales de este nuevo marco normativo y específicamente del Mecanismo, cuya Junta de Gobierno iniciamos el día de hoy:

Primero, contiene una perspectiva transversal en el enfoque de protección a los derechos humanos. Esto quiere decir que se reconoce y se atiende la necesidad de adoptar medidas inmediatas para la protección y atención de sus beneficiarios; y que este esfuerzo incluye, desde luego, a todos los órdenes de Gobierno.

Precisamente ese es el segundo punto que quiero subrayar. Nos impone a todos la obligación de articular de manera coherente, coordinada, con una adecuada base constitucional y legal, y con una garantía operativa que tenemos que llevar a cabo los esfuerzos de los distintos órdenes de Gobierno, con lineamientos claros y procedimientos específicos para actuar en cada situación que se presente.

Tercero, incluye en cada fase del proceso y para cada orden de Gobierno, la participación de la sociedad civil, volviendo su funcionamiento más transparente, más claro, más cercano a la ciudadanía; y en esa medida también, más fácilmente implementable.

Si nos queda perfectamente claro que el objetivo de esta ley es garantizar la protección de ciudadanos que están dedicando su esfuerzo a la libertad de expresión, a la promoción de los derechos humanos, era absolutamente necesario el contar con esta participación sistemática, para poder vigilar que el mecanismo funcione para poder corregir áreas de oportunidad que se presenten y para que con su voz, con su crítica y también con su capacidad de ampliar los espacios de aplicación de este protocolo, lo podamos nutrir rápidamente en beneficio de las personas.

Y cuarto, se crea un fondo especial para la implementación de las medidas operadas a través de este mecanismo. Es decir, no solamente están las leyes, no solamente está la coordinación con los estados, no solamente se cuenta con la participación de la sociedad; se cuenta también con los fondos indispensables para hacer eficaz la participación de este mecanismo.

Los fondos necesarios para poder llevar a cabo y tomar medidas cautelares, los fondos necesarios para poder comprar los equipos que eventualmente se dictaminen como indispensables para la protección de alguna persona, los fondos necesarios para que ya una vez que está tomada una decisión con base en un perfil de riesgo y con base en los reglamentos y los lineamientos aquí acordados, no sea un problema administrativo el lograr la protección efectiva de un periodista o de un defensor de los derechos humanos.

Para tal fin, los recursos aportados, en principio por el Gobierno Federal, ascienden a 40 millones de pesos y será necesario valorar esta discusión en su debida dimensión en el Congreso de la Unión, de cara al siguiente ciclo presupuestal.

La Secretaría de Gobernación ha asumido desde su ámbito de competencia, la tarea de construir este mecanismo, y que el mecanismo sea eficiente, que sea ágil, que sea transparente para que todo periodista o defensor de los derechos humanos que lo requiera, pueda acceder a sus beneficios y con ello sea protegido de manera efectiva.

Se establecían ciertos transitorios en la ley, y por muchas razones que tienen que ver con distintos fenómenos de distinta naturaleza, hay ocasiones en las cuales los transitorios o los plazos establecidos en las leyes, después se ven como algo muy difícil de cumplir o que en ocasiones encuentra demasiados obstáculos.

Hoy, a menos de seis meses de la aprobación de esa ley y dentro de los plazos establecidos para cada uno de los pasos normados así por la ley, estamos cumpliendo plenamente con cada una de las etapas, y estamos echando a andar este Mecanismo y su Junta de Gobierno.

¿Cuáles son los avances fundamentales desde el punto de vista administrativo?

Primero, la instalación provisional de la Junta de Gobierno del Mecanismo, a fin de iniciar los trabajos de coordinación que al final de cuentas nos tienen sentados hoy aquí.

Segundo, la firma de todos los convenios para la implementación del Mecanismo con diversos gobiernos estatales y a través de los cuales se logrará el intercambio de información y una mejor coordinación efectiva entre los distintos órdenes de Gobierno.

Al día de hoy ya son 25 entidades federativas con las que se ha firmado dicho convenio.

Yo estoy seguro que en los próximos días habremos suscrito el mismo con las entidades federativas que faltan y lo cual desde el punto de vista de la operación del Mecanismo es indispensable.

Porque si bien estamos todos obligados por ley, los protocolos, los convenios firmados garantizan que se identifica exactamente cuál va ser el mecanismo para poder contar con la información, quiénes van a ser los responsables de poder implementar las medidas y dónde eventualmente vamos a tener que ir resolviendo los problemas que se pudiesen llegar a presentar, para garantizar que el Mecanismo está funcionando en todo el país; porque tenemos que hacer el esfuerzo en todo el país todos los órdenes de Gobierno y esos convenios serán útiles para ello.

Hoy, a sólo seis meses, ya 25 han firmado; en los próximos días estaremos suscribiendo el mismo con las que faltan.

Tres. A través de un proceso enteramente democrático, enteramente autónomo y con una participación muy vibrante, muy activa y en ocasiones también, hay que decirlo, con la polémica que es inherente a muchas de estas decisiones, se eligieron entre sí mismos y conforme a la normativa marcada por la ley los consejeros ciudadanos que formarán parte del Primer Consejo Consultivo del Mecanismo y se ha seleccionado por unanimidad a cuatro de ellos, para que participen en esta Junta de Gobierno.

Este esfuerzo de deliberación y de elección de ciudadanos, subrayó que correspondió única y exclusivamente a las más de 50 organizaciones de la sociedad involucradas en este proceso.

Y reitero el agradecimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en su apoyo para que las propias organizaciones y los propios ciudadanos tomaran esta decisión.

Cuarto. Se firmó también ya un convenio de concertación con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión por parte de la Secretaría de Gobernación, a fin de capacitar y coordinar acciones que ayuden al funcionamiento adecuado del Mecanismo con todos los agremiados, en particular de la radio y la televisión de nuestro país.

Estos son solamente algunos ejemplos de los mecanismos y las tareas que ya hemos llevado a cabo, y sin embargo queda muy claro que la instalación de este Mecanismo el día de hoy, más que un momento de celebración sí debe de ser un momento de reconocimiento de una tarea que se está cumpliendo.

Pero debe de ser sobre todo la manifestación de un compromiso permanente, ineludible de cada uno de los servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno, para poder hacer eficaz este Mecanismo, para poder garantizar que cada una y cada uno de los defensores de derechos humanos, de los periodistas que estén siendo amenazados puedan contar con una protección eficaz.

Esa es la tarea, ese es el mandato, esa es nuestra obligación. Esa será la medida contra la cual se habrán de evaluar los esfuerzos del Legislativo, del Ejecutivo, de los gobiernos, de las organizaciones y particularmente esa será la tarea en la que confiamos contar con la observación, con el análisis, con la evaluación, con la crítica y con el trabajo responsable de los representantes del Consejo Consultivo y de la Junta de Gobierno por parte de la sociedad civil.

Esta instalación definitiva de la Junta de Gobierno precisamente es el refrendo por parte de todo el Estado mexicano, de sus distintos órdenes de Gobierno y de su sociedad con el compromiso de ampliar las libertades en nuestro país y proteger, en este caso, a quienes están siendo amenazados o corren riesgo de que sus derechos sean vulnerados.

Es nuestra tarea darle mayor certidumbre, mayor libertad, mayor seguridad, mayor tranquilidad a todos los ciudadanos y particularmente a este pilar de la democracia que son los defensores de los derechos humanos y los profesionales de la libertad de expresión.

Esa tarea sólo se va a cumplir si cada quien cumple con su responsabilidad, si lo hacemos con la convicción absoluta de que el principal riesgo que enfrentamos no es un riesgo que necesariamente venga solamente de fuera; no es un riesgo que necesariamente venga solamente de nuestra historia: Es un riesgo que pasa por la reducción y la eliminación de la impunidad, y en esa medida es una tarea que todos podemos contribuir a lograr.

Independientemente de los mecanismos específicos que en los meses y años por venir nuestro país se otorgue para combatir a la delincuencia, qué duda cabe que la tarea de reconocer la preeminencia de la ley, de reconocer que los delincuentes deben estar sometidos ante la justicia y de reconocer que teníamos que transformar el entramado institucional de nuestro país, tanto en materia constitucional como en modernización de instituciones, como en depuración de cuerpos policiacos a nivel estatal y municipal, era una tarea ineludible y que nadie la iba a hacer por nosotros.

En la medida en la que sigamos avanzado en esa convicción de que es al amparo de la ley, con la vigilancia ciudadana, en un marco de transparencia y de pleno apego a las libertades y a los derechos, estaremos construyendo en todo momento un mejor país.

Y eso significa la responsabilidad compartida de todos, y en esa medida, la presencia de ustedes aquí el día de hoy, es una manifestación de esa responsabilidad compartida y es un signo de que en esta medida vamos en el camino correcto.

Les agradezco mucho su participación, les reconozco todo el esfuerzo y me da mucho gusto estar inaugurando esta Junta de Gobierno.

Muchas gracias.

Ver en línea : Versión estenográfica del Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré

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