Omisiones del gobierno anulan beneficios de la ley para proteger a defensores de Derechos Humanos y periodista 26 de junio de 2013

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Aunque la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cumplió un año de vigencia, en los primeros 100 días de gobierno de Enrique Peña Nieto suman ya 93 las agresiones hacia quienes se dedican a estas actividades, por lo que es urgente la aplicación plena y práctica de esa norma.

Amaya Reyes denunció la insuficiente difusión del Mecanismo, de cómo acceder al mismo con criterios y lineamientos claros para su operación, y su insuficiencia de personal capacitado, mientras Muñoz Soria señaló que no se ha creado la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis que fortaleza el marco de garantía de la Ley.

Omisiones del gobierno anulan beneficios de la ley para proteger a defensores de Derechos Humanos y periodista

Aunque la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cumplió un año de vigencia, en los primeros 100 días de gobierno de Enrique Peña Nieto suman ya 93 las agresiones hacia quienes se dedican a estas actividades, por lo que es urgente la aplicación plena y práctica de esa norma.

Palacio Legislativo, Miércoles, 26 Junio 2013 a las 11:09

Boletín No. 1042

La norma existe desde hace un año, pero en sólo 100 días de la actual administración van 93 agresiones contra esas personas Lourdes Amaya Reyes y José Luis Muñoz Soria, del GPPRD, denuncian incumplimiento de la Segob en la operación de mecanismos de prevención

Aunque la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cumplió un año de vigencia, en los primeros 100 días de gobierno de Enrique Peña Nieto suman ya 93 las agresiones hacia quienes se dedican a estas actividades, por lo que es urgente la aplicación plena y práctica de esa norma.

Lo anterior lo plantearon los diputados perredistas María de Lourdes Amaya Reyes y José Luis Muñoz Soria, quienes por ello demandaron a la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal poner plenamente en operación el Mecanismo para la protección de esas personas previsto en la propia Ley.

Ambos legisladores expresaron su preocupación por la gran inseguridad prevaleciente en México, en general, y para los activistas y profesionales abocados a esas actividades, en particular, hechos que ubican a nuestro país como uno de los más peligrosos para ellos y uno donde más se violan los derechos humanos.

“En el país las personas enfrentan día a día agresiones físicas, desapariciones forzadas, actos de intimidación, detenciones arbitrarias, criminalización, amenazas y asesinatos como consecuencia de sus actividades periodísticas y de defensa y promoción de los derechos humanos”, expresó Amaya Reyes.

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados precisó que diversas organizaciones civiles han documentado 72 homicidios de periodistas en los últimos 12 años, aunque algunos reportes refieren hasta 80.

Durante los primeros cuatro meses de la actual administración, suman 37 las agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y 56 en contra de periodistas pese a la existencia previa de la Ley y del Mecanismo en ella previsto.

La Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, prevé la creación de un Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que opera la Secretaría de Gobernación y se integra por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva.

A su vez, esta Coordinación Ejecutiva se integra por los representantes de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la Unidad de Evaluación de Riesgos, y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.

La Ley define a esta última Unidad como un órgano auxiliar de carácter técnico y científico de la Coordinación cuyas atribuciones son proponer medidas de prevención; monitorear las agresiones para sistematizar la información y reportarla mensualmente; identificar patrones de agresiones y elaborar mapas de riesgos, y evaluar la eficacia de las medidas preventivas, de protección y urgentes de protección inmediata, entre otras.

Amaya Reyes denunció la insuficiente difusión del Mecanismo, de cómo acceder al mismo con criterios y lineamientos claros para su operación, y su insuficiencia de personal capacitado, mientras Muñoz Soria señaló que no se ha creado la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis que fortaleza el marco de garantía de la Ley.

Así, aunque a nivel jurídico la creación y promulgación de esta norma constituye un gran avance para defender y proteger a quienes informan y defienden los derechos humanos, en la práctica ese avance queda anulado porque no se crean o no se operan debidamente los instrumentos para hacerla vigente en la realidad.

“La preocupación por la falta de protección de quienes defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo en México ha sido expresado en varios organismos internacionales”, dijeron ambos diputados.

Mencionaron entre éstos a la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos, los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes señalaron que en la última década México se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

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