AI; Acción Urgente; Activista de derechos humanos apuñalado en México 17 de septiembre de 2013

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Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

pidiendo que se adopten medidas federales y estatales inmediatas, de acuerdo con los deseos de los propios afectados, para garantizar la seguridad de los activistas que defienden el acceso al agua en Coyotepec, entre ellos Vicente Moreno Domínguez, Irma Luna Montoya, Ivonne González Cristóbal, Juan Cristóbal Martínez y Felipe Rodríguez Díaz;

pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el ataque contra Vicente Moreno Domínguez, las amenazas contra otros activistas y la muerte por disparos de Alberto Cruz Luna, incluido cualquier posible vínculo con las autoridades municipales, y que todos los responsables comparezcan ante la justicia;

recordando a las autoridades que tienen la obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, e instándolas a garantizar el derecho de la comunidad de Coyotepec a un acceso justo al agua.

Activista de derechos humanos apuñalado en México

Un activista comunitario de México fue atacado el 5 de septiembre a consecuencia de su trabajo pacífico de derechos humanos en defensa del derecho a un acceso justo al agua. Él y otros miembros del grupo ecologista para el que trabaja corren peligro de sufrir nuevos ataques.

El 5 de septiembre, Vicente Moreno Domínguez, activista de derechos humanos de Coyotepec, estado de México, fue apuñalado cuando acudió a abrir su puerta, a la que llamaban dos hombres y una mujer. Según el propio Vicente Moreno Domínguez, uno de los atacantes le dijo: “Esto es un regalito […] para que no te sigas pasando de pendejo”. Vicente Moreno Domínguez se recupera de sus heridas, pero sus atacantes no han sido detenidos.

Los miembros de la comunidad de Coyotepec se han venido oponiendo a los intentos del presidente municipal de hacerse con el control del suministro local de agua, pues temen que eso dé lugar a que el agua se utilice para fines comerciales y a que se reduzca su acceso. Los manifestantes han mantenido una larga protesta ante el ayuntamiento de la localidad, y varios activistas han sido atacados y amenazados, en algunos casos por hombres armados sin relación aparente con el gobierno municipal.

El 1 de julio, Alberto Cruz Luna, uno de los manifestantes, murió por los disparos de un hombre armado que, según los activistas locales, trabajaba para el gobierno municipal. El 7 de julio, Vicente Moreno Domínguez, junto con otros activistas locales – Luna Montoya, Ivonne González Cristóbal, Juan Cristóbal Martínez y Felipe Rodríguez Díaz–, pidió medidas de protección al mecanismo de la Secretaria de Gobernación encargado de proteger a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, sólo les asignaron patrullas “intermitentes” de la policía federal ante sus casas, insuficientes para impedir el ataque contra Vicente Moreno Domínguez. Hasta el momento no se han tomado medidas adicionales para poner fin pacíficamente a la disputa en torno al acceso al agua o para garantizar que los activistas no sufren nuevos ataques.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

pidiendo que se adopten medidas federales y estatales inmediatas, de acuerdo con los deseos de los propios afectados, para garantizar la seguridad de los activistas que defienden el acceso al agua en Coyotepec, entre ellos Vicente Moreno Domínguez, Irma Luna Montoya, Ivonne González Cristóbal, Juan Cristóbal Martínez y Felipe Rodríguez Díaz;

pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el ataque contra Vicente Moreno Domínguez, las amenazas contra otros activistas y la muerte por disparos de Alberto Cruz Luna, incluido cualquier posible vínculo con las autoridades municipales, y que todos los responsables comparezcan ante la justicia;

recordando a las autoridades que tienen la obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, e instándolas a garantizar el derecho de la comunidad de Coyotepec a un acceso justo al agua.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 28 DE OCTUBRE DE 2013 A:

Eruviel Ávila Villegas

Lerdo Poniente No. 300

Palacio del Poder Ejecutivo, Col. Centro, C.P. 5000, Toluca, Estado de México

México.

Fax: +52 722 2760046

Correo-e.: eruviel.avila@edomex.gob.mx

Tratamiento: Sr. Gobernador

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, col. Juárez, C.P. 6600, México D.F., México.

Fax: +52 55 5093 3414 (insistan)

Correo-e.: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Sr. Secretario

Y copia a:

Organización de derechos humanos

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillo

Correo-e.: cdhzl.presidencia@gmail.com

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

- Nombre- -Dirección 1- -Dirección 2- -Dirección 3- Fax -Número fax- Correo-e. -Dirección correo-e.- Tratamiento -Tratamiento-

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

Información adicional

Los activistas comunitarios locales que se organizan para defender sus derechos frente a los grupos poderosos –grupos que a menudo actúan bajo la protección de las autoridades municipales– sufren frecuentes amenazas o actos de acoso como represalia por su trabajo. En mayo de 2012, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz fueron puestos en libertad tras pasar tres años en prisión por cargos falsos impuestos como represalia por su trabajo para defender el acceso al agua en Atla, en el estado central de Puebla.

En 2012, las dos cámaras del parlamento mexicano aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil, pero es preciso establecer urgentemente protocolos operativos y directrices claras sobre cooperación entre autoridades federales y estatales, y asignar recursos, para garantizar su eficacia. Es fundamental que las autoridades no den por sentado que su responsabilidad se limita a establecer un mecanismo de protección, y que exista un flujo vital de información entre los gobiernos federal, estatales y municipales.

Nombre: Vicente Moreno Domínguez (hombre), Irma Luna Montoya (mujer), Ivonne González Cristóbal (mujer), Juan Cristóbal Martínez (hombre), Alberto Cruz Luna (hombre) y Felipe Rodríguez Díaz (hombre)

Sexo: Hombres y mujeres

AU: 252/13 Índice: AMR 41/061/2013 Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2013

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