FrontLineDefenders; México – Agresiones, amenazas, hostigamiento, vigilancia y estigmatizaciones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en el Estado de Chiapas 13 de julio de 2014

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Front Line Defenders insta a las autoridades mexicanas a que:

1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas, detención, allanamiento, vigilancia y estigmatización en contra de las personas defensoras en Chiapas, en particular Javier de Jesús Molina Estrada, el padre Marcelo Pérez Pérez, Víctor Hugo López Rodríguez, Mario Marcelino Ruíz Mendoza y sus colegas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

2. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Chiapas y en México, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.

27 de junio de 2014

México – Agresiones, amenazas, hostigamiento, vigilancia y estigmatizaciones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en el Estado de Chiapas Durante el último mes, personas defensoras de derechos humanos en Chiapas han sido víctimas de una serie de agresiones, amenazas, hostigamiento, vigilancia y estigmatización. La más reciente, el 24 de junio de 2014, cuando allanaron la casa del periodista, el Sr Javier de Jesús Molina Estrada. Diez días antes, el defensor de derechos humanos, el Padre Marcelo Pérez Pérez, recibió nuevas amenazas de muerte. También, el 8 de junio de 2014, el defensor de derechos humanos, el Sr Víctor Hugo López Rodríguez, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fue objeto de vigilancia. Finalmente, el defensor de derechos humanos, el Sr Mario Marcelino Ruíz Mendoza de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) fue detenido el 29 de mayo de 2014 y puesto en libertad sin cargos en el mismo día.

Javier de Jesús Molina Estrada, corresponsal de La Jornada y poeta, quien relata en sus escritos respuestas a la violencia ejercida en Chiapas, informó que Policías Federales y un miembro del Ministerio Público rompieron la puerta de su casa, declarando que su casa había sido señalada como punto de venta de drogas atendiendo a una denuncia anónima. Ninguna orden de allanamiento o denuncia fue presentada durante el incidente.

El padre Marcelo Pérez Pérez y miembros del Consejo Parroquial en Simojovel participaron en una campaña exigiendo el cierre definitivo de cantinas, centros nocturnos y centros de prostitución en Simojovel, a fin de reducir los niveles de alcoholismo y drogadicción. El 15 de junio de 2014, hubo un intento de allanamiento a la casa parroquial de Simojovel. El incidente sucede dos días después de las amenazas que recibió el Padre Marcelo Pérez Pérez, en las que se había puesto
precio a su cabeza por la cantidad de entre 100, 000 y 150, 000 pesos (5,500-8,500 Euro). Las amenazas aumentaron desde la peregrinación pacifica del 6 de junio de 2014 de miembros del Consejo Parroquial de San Antonio de Padua, de otras áreas y de comunidades católicas (aproximadamente unas 3500 personas).

El Frayba ha documentado incidentes en los que los policías municipales, las fuerzas de seguridad pública y protección ciudadana y las policías ministeriales han actuado de manera desproporcionada, arbitraria, impune y con el uso reiterado de tratos crueles inhumanos y degradantes en Chiapas. Durante el 29 de mayo el director del Frayba, Víctor Hugo López Rodríguez fue seguido por diferentes autos, tomándole fotografías en una de las ocasiones. También el 8 de abril de 2014 continuó el seguimiento, uno de los autos estaba estacionado delante de las oficinas de la organización. Asimismo el 23 de mayo de 2014, durante la Caravana de Solidaridad “Galeano Vive, desde uno de los mismos autos se estaba realizando grabaciones. Al percatarse de ello, se pidió a la persona identificarse y a entregar el material grabado, en cuyos archivos aparecían imágenes directas de miembros del Frayba y de la caravana. Según datos obtenidos parece que estaba trabajando para inteligencia del estado mexicano.

En la tarde del 20 de mayo de 2014, Mario Marcelino Ruíz Mendoza fue detenido junto a otros 22 líderes del Consejo de Bienes Comunales de la Zona Lacandona y miembros de la organización ARIC independiente y otras organizaciones de la sociedad civil. Fueron detenidos delante del Palacio de Gobierno por miembros de la policía judicial cuando se dirigían a asistir a una reunión de negociaciones con el Gobierno de Chiapas. Fueron acusados bajo cargos de motín, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro. El grupo se dirigía a negociar la liberación del representante legal de la comunidad Lacandona, para resolver la situación agraria en el contexto del conflicto en Montes Azules y para obtener el reconocimiento de las autoridades agrarias en las propiedades comunales de la región. Tres horas después, Mario Marcelino Ruíz Mendoza fue liberado. Al día siguiente, los 22 indígenas fueron tambien liberados bajo reserva de ley. En el mismo día se firmó un acuerdo entre la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Justicia de la Selva Lacandona y representante federales y estatales del gobierno con el compromiso por ambas parte de privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos para resolver la problemática Lancandona.

Front Line Defenders muestra su preocupación ante las amenazas, detenciones, allanamiento, vigilancia y actos de estigmatización contra los defensores y defensoras de derechos humanos en Chiapas, las cuales son solamente relacionas a su labor legítima y pacífica por sus actividades en derechos humanos.

Front Line Defenders insta a las autoridades mexicanas a que:

1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas, detención, allanamiento, vigilancia y estigmatización en contra de las personas defensoras en Chiapas, en particular Javier de Jesús Molina Estrada, el padre Marcelo Pérez Pérez, Víctor Hugo López Rodríguez, Mario Marcelino Ruíz Mendoza y sus colegas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

2. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Chiapas y en México, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.

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