Milenio semanal; Activistas y periodistas, en busca de protección 17 de agosto de 2011

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... "Luego, el presidente Felipe Calderón emitió un decreto para crear el mecanismo, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado siete de julio en el marco de la visita a México de Navi Pillay, titular del ACNUDH. Sin embargo, advirtió Alejandro Cerezo, coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acude), en este decreto presidencial no se contempla presupuesto alguno ni la creación de instancias nuevas. En otras palabras, es letra muerta."

Lydiette Carrión

El 15 de julio pasado los voluntarios de la Casa del Migrante en San Luis Potosí dieron de desayunar a las centenas de migrantes bajo su protección por última vez. Les pidieron que recogieran sus maletas y que siguieran su camino; la casa cerraba sus puertas.

La razón de la clausura se reveló durante la audiencia pública “La situación actual en México de los defensores de derechos humanos y periodistas: un llamado para su protección”, realizada en el Senado de la República el pasado 20 de julio. Alberto Xicoténcatl, director de la casa del migrante de Saltillo, explicó llanamente que el crimen organizado ya no dejó trabajar a la institución en San Luis Potosí. Esa casa atendía, alimentaba y protegía a una población que oscilaba entre 200 y 400 migrantes diarios.

Frente a los senadores, Xicoténcatl resumió de forma acelerada una historia de seis años. Debido a la violencia, la Oficina de Derechos Humanos de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (que depende de la Conferencia del Episcopado Mexicano) pasó de hacer un trabajo de ayuda humanitaria a defender derechos humanos de migrantes, y los miembros de la organización pastoral comenzaron a ser objeto de amenazas. En cinco años (de 2004 a 2009) sufrieron 18 incidentes de riesgo, y en el último año y medio el peligro se multiplicó: fueron sujetos a 46 incidentes de riesgo, 29 en 2010 y 17 sólo en lo que va de 2011. Junto a la casa de San Luis Potosí también ha cerrado el Centro de Derechos Humanos de la Frontera Norte. En este mismo plazo fueron ejecutados dos defensores de migrantes. “Nos han amenazado, golpeado, hostigado, acusado penalmente por nuestra labor de denuncia, y un defensor se exilió”, cita Xicoténcatl. Si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 13 medidas cautelares, ninguna ha sido efectuada.

La situación de las organizaciones que protegen a migrantes es una de las más comprometidas del país. El 49 por ciento de las medidas cautelares solicitadas por defensores en México han sido dirigidas a defensores de migrantes, según el reciente informe de la CNDH sobre la situación de los defensores en México. Pero ése no es el único grupo en riesgo: desde enero de 2005 a mayo de 2011, la CNDH ha documentado 523 agresiones a defensores de derechos humanos que realizan sus actividades en todas las regiones del país. En la audiencia, el quinto visitador general de la comisión, Fernando Batista, advirtió que tan sólo el año pasado se presentaron 48 quejas de defensores, lo que implica un incremento del ciento por ciento.

PERIODISTAS EN LA MIRA

Al igual que los defensores, apuntó Batista durante la audiencia pública, los periodistas se encuentran en una situación de vulnerabilidad grave: los agravios contra ese gremio de 1999 a la fecha suman 691, de los cuales 510 ocurrieron en los últimos seis años. En ese lapso se cometieron 70 asesinatos de comunicadores, 13 desapariciones y 22 atentados en contra de medios de comunicación.

El testimonio de Jade Ramírez es sólo uno de los cuatro que fueron expuestos ante los senadores; su trabajo sobre discriminación le valió a Jade el premio Rey de España en 2009. Pero su cobertura del proyecto de la presa El Zapotillo, en Jalisco, que destruiría los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y a la cual se han opuesto diversos sectores de la sociedad, la hizo merecedora de diversas agresiones y amenazas. A pesar de contar con el respaldo de organizaciones como Amnistía Internacional, la vulnerabilidad no disminuyó. Los casos más crudos, los de aquellos periodistas que han sido asesinados o se encuentran desaparecidos, se exponen sólo como una cifra. Brisa Solís, del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), advierte a senadores: “La mayoría de estos comunicadores muertos o desaparecidos fueron amenazados antes. Si hubiera existido un mecanismo de protección, probablemente estarían vivos”.

Tan sólo el pasado 26 de julio, cinco días después de la Audiencia Pública, fue hallado el cuerpo de la reportera de Notiver, Yolanda Ordaz, después de haber estado desaparecida por dos días. Se teme que, como la mayoría de los casos, el de Ordaz quede impune, pues de 2005 a la fecha se han cometido nueve homicidios de periodistas en Veracruz y únicamente en un caso se dictó sentencia.

PERIODISTAS Y DEFENSORES SE ENCUENTRAN

De acuerdo con organizaciones de periodistas y defensores, la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha impulsado que sea un solo mecanismo el que se encargue de la protección de ambos sectores. De este modo su implementación sería más rápida y se contaría con los recursos necesarios. Pero para llegar a esta propuesta ambos sectores llevan ya recorrido un largo camino de gestiones y aún les falta más: en octubre de 2010 diversas organizaciones de derechos humanos presentaron una propuesta de mecanismo de protección a sus defensores, pero hubo interlocución entre gobierno y sociedad civil sólo hasta julio del presente año, ocho meses después. Luego, el presidente Felipe Calderón emitió un decreto para crear el mecanismo, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado siete de julio en el marco de la visita a México de Navi Pillay, titular del ACNUDH. Sin embargo, advirtió Alejandro Cerezo, coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acude), en este decreto presidencial no se contempla presupuesto alguno ni la creación de instancias nuevas. En otras palabras, es letra muerta.

De manera paralela y aislada, los periodistas pugnaban para que el gobierno les brindara algunos mecanismos de protección. Desde el año pasado ha existido la intención de crear un mecanismo sólo para periodistas, recuerda Rogelio Hernández, cofundador de la Casa de los Derechos de Periodistas. Se realizó un acuerdo de colaboración interinstitucional en noviembre de 2010, pero hasta la fecha se encuentra en proceso para definir su forma de operación, la cual contempla la participación de periodistas de forma limitada, ya que tendrían voz y voto diversas instancias gubernamentales, como la Procuraduría General de la República, pero habría únicamente dos representantes de los periodistas que podrían opinar, pero no tendrían la posibilidad de votar.

Fue hasta el 20 de julio cuando periodistas y defensores unieron esfuerzos. La CNDH, la ACNUDH y diversas organizaciones de defensores y de periodistas impulsaron la audiencia pública en el Senado de la República, la cual fue considerada un ejercicio inusual. “Hasta la reunión del Senado (periodistas y defensores) andábamos en polos separados”, relata Hernández. “Los dos estábamos empujando por un mecanismo de protección”. Hasta que la oficina de la Alta Comisionada propuso crear un mecanismo para ambos, para que tenga suficiente fuerza legal y suficientes recursos. Este mecanismo consistiría en una instancia con la representación de organizaciones y de funcionarios, con un presupuesto propio y que coordinara diversas instituciones de gobierno para poder responder de forma oportuna y rápida en caso de peligro.

La audiencia pública duró más de tres horas, y los senadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se comprometieron a revisar las políticas, los recursos económicos y los mecanismos que el gobierno de Felipe Calderón ha destinado para ofrecer protección. Ahí, el representante de ACNUDH, Javier Hernández Valencia, pidió a los senadores que se pronuncien por los defensores de los derechos humanos. Les advirtió que en muchas ocasiones este tipo de casos se ven como un tema político: “No lo es —les insistió—, es un tema ciudadano”.

Lydiette Carrión

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