Grupo Formula; Reformas agravan seguridad de defensores de derechos humanos: ONGs 29 de agosoto de 2014

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De acuerdo con el informe anual de documentación que realizan las organizaciones Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos (ACUDDEH), Comité Cerezo México y de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, las cifras revelan que en el periodo que abarca el documento de junio de 2013 a mayo de 2014, las entidades más peligrosas para los defensores de derechos (sin incluir las detenciones ocurridas en el Distrito Federal) son Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

El representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Piña aseguró que el organismo ve con preocupación la situación de los defensores en México.

"Seguimos observando con preocupación que la labor de los defensores de los derechos humanos en México sigue siendo una actividad que los pone en situación riesgo tanto a ellos, como a sus colegas y a sus familias. Los datos del informe corroboran esto. Los defensores son víctimas de amenazas, hostigamientos, detenciones, tortura, malos tratos, criminalización, procesos judiciales sin las debidas garantías, ataques, amenazas, violencia sexual y asesinatos y todo ello, además, rodeado por un alto índice de impunidad", denunció.

Reformas agravan seguridad de defensores de derechos humanos: ONGs

28 de Agosto, 2014

La aprobación de las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha agravado la situación en que las personas defensoras de derechos humanos desarrollan su labor y pone en evidencia la casi inexistente política del Estado para garantizar el libre ejercicio de sus derechos, coincidieron organizaciones no gubernamentales.

Al dar a conocer el informe anual "La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad" se precisó que durante el sexenio de Felipe Calderón se documentaron 999 detenciones arbitrarias y en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, se han registrado 669 encarcelamientos por motivos políticos en contra de defensores de derechos humanos.

Mientras que en el gobierno de Calderón Hinojosa se documentaron 67 ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos, en menos de dos años del gobierno del priista se registraron 25, de las cuales 23 se cometieron en el último año.

En cuanto a las desapariciones forzadas, en el periodo del expresidente panista se documentaron 55, mientras que de diciembre de 2012 a mayo del 2014 se han cometido 29 y 16 de ellas ocurrieron en el último año.

En cuanto a detenciones arbitrarias por motivos políticos, el Distrito Federal ocupa el primer lugar, con 220, casi todas efectuadas en manifestaciones públicas; seguido de Oaxaca, con 59 detenciones y el tercero es Chihuahua, con 20, mientras que Guerrero ocupa el primer lugar en ejecuciones extrajudiciales, con siete casos; Oaxaca el segundo, con cinco.

De acuerdo con el informe anual de documentación que realizan las organizaciones Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos (ACUDDEH), Comité Cerezo México y de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, las cifras revelan que en el periodo que abarca el documento de junio de 2013 a mayo de 2014, las entidades más peligrosas para los defensores de derechos (sin incluir las detenciones ocurridas en el Distrito Federal) son Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

El representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Piña aseguró que el organismo ve con preocupación la situación de los defensores en México.

"Seguimos observando con preocupación que la labor de los defensores de los derechos humanos en México sigue siendo una actividad que los pone en situación riesgo tanto a ellos, como a sus colegas y a sus familias. Los datos del informe corroboran esto. Los defensores son víctimas de amenazas, hostigamientos, detenciones, tortura, malos tratos, criminalización, procesos judiciales sin las debidas garantías, ataques, amenazas, violencia sexual y asesinatos y todo ello, además, rodeado por un alto índice de impunidad", denunció.

Señaló que no hay mayor aliciente para que un acto de violación a derechos humanos se cometa, del hecho que quede en la impunidad. Por eso el constante llamado a que haya avances claros en las investigaciones de los hechos y las sanciones a los responsables. Además de que es importante avanzar en la protección de los defensores de los derechos humanos.

En su intervención, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, destacó que la puesta en marcha de las llamadas reformas estructurales y el modelo económico al que ha dado continuidad el gobierno priista mantiene una estrategia de control social y represión en contra de los movimientos sociales relacionados con la defensa del territorio y los recursos naturales.

Consideró lamentable el aumento de la criminalización de la protesta social, la cual avanza conforme a las reformas estructurales y en ese sentido insistió en que ante la implementación de políticas injustas y violatorias de los derechos humanos, es urgente mantener una mayor relación entre las organizaciones de defensa de derechos humanos y los movimientos sociales.

En lo anterior coincidió el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien precisó que en Chiapas se vive en un estado de guerra que tiene que ver con el contexto de la puesta en marcha de las reformas económicas y la estrategia de seguridad, bajo las cuales se pretende imponer el llamado Plan Mesoamericano.

Para el secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos, Fernando Ríos Martínez, resulta sorprendente el aumento en las violaciones a los derechos humanos de los defensores y de igual forma lo relacionó con acciones de despojo contra los pueblos y comunidades.

Al presentar las cifras y datos duros del informe, Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo, indicó que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, se han registrado 669 encarcelamientos por motivos políticos en contra de defensores de derechos humanos, lo cual es un indicativo de que los abusos superarán los cometidos en seis años del gobierno de Peña Nieto.

Incluso dijo que todo indica que durante los 12 años que el PRI no estuvo en la Presidencia, afinó estrategias de represión entre las que destacan las amenazas, el hostigamiento, los ataques, las detenciones arbitrarias y violencia sexual, fomentado por la impunidad.

En su turno, el coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh) Alejandro Cerezo, refirió que de junio de 2013 a mayo de 2014 se registraron 204 casos de agresiones a defensores, que constituyen 274 actos violatorios de los derechos humanos, los cuales afectaron a 133 personas, 47 organizaciones y 24 comunidades.

El estado con mayor número de violaciones a los DH es Chiapas que representa 18.62 por ciento, seguido del Distrito Federal con 17.64 por ciento, Oaxaca con 15.19% y el Estado de México con 13.23.
El documento precisó que Chiapas es el estado que encabeza la lista debido a que la represión política desatada en contra de las personas defensoras tiene una mayor integralidad.

Es decir, "en este lugar la represión política no sólo va dirigida a un sector específico de personas defensoras de derechos humanos, sino prácticamente a todo el movimiento social: a las personas defensoras que acompañan procesos de lucha por los derechos humanos, a las organizaciones sociales y políticas, de maestros, organizaciones indígenas y a las personas defensoras de la autodeterminación de los pueblos, defensores de la tierra y de otros derechos".

Indicó que en el Distrito Federal una de las grandes problemáticas son las agresiones a observadores o monitores de derechos humanos que trabajan en las manifestaciones, quienes se han convertido en objetivo de las agresiones de parte de los cuerpos policiacos.

Además el alza de la tarifa del metro y las organizaciones de diferentes sectores que luchan contra ella también ha dejado un saldo importante de agresiones. De la misma manera, las organizaciones luchan por el derecho al agua y por el derecho a vivienda digna se han convertido en objetivo de los ataques y agresiones por parte de autoridades del gobierno del Distrito Federal.

En el caso de Oaxaca las violaciones de Derechos Humanos se han dirigido contra un proyecto de colonias autónomas, las personas y organizaciones defensoras del territorio que se oponen a las empresas eólicas y las personas defensoras de los derechos humanos que acompañan procesos organizativos.

Cabe mencionar que de los 204 documentados en el último año, 62 por ciento o 127 casos ocurrieron por comisión; 29 por ciento o 58 casos por aquiescencia y 9 por ciento, 19 casos por omisión del Estado mexicano.

El año 2011 la comisión se presentó en un 37 por ciento; en el primer trimestre de 2012 en un 53.8 por ciento; de mayo de 2012 a noviembre de 2012 en un 57 por ciento y de diciembre de 2012 a mayo de 2013 en un 45%.

"Creemos –relatan las organizaciones que realizaron este informe- que el aumento en la modalidad de comisión durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se debe a que diferentes actores en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal se sienten fortalecidos con el triunfo del PRI y eso los hace demostrar su poder y su impunidad".

Luego de dar a conocer las cifras, las organizaciones hicieron una serie de recomendaciones generales y particulares de cada violación a los derechos humanos, entre ellas que el Estado mexicano promulgue la legislación federal y estatal pendiente de aprobación para hacer efectiva la reforma constitucional sobre los derechos humanos.

Las propuestas presentadas recientemente al Congreso Federal que debilitarían las cláusulas progresistas de la reforma deberían ser rechazadas. Se debería mantener y proteger el principiopro homine y reforzar la paridad entre el derecho internacional y el derecho nacional.

Que el Estado mexicano respete y promueva los derechos que tienen las víctimas y los familiares de violaciones de ser informados sobre las investigaciones de las violaciones cometidas, principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos.

Que el Estado mexicano adopte todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares.

Que el Estado mexicano enmiende elCódigo de Justicia Militar para que todas las violaciones presuntamente cometidas por militares sean objeto de investigación exhaustiva, procesamiento y juicio por autoridades civiles. Se deberían transferirde inmediato todas esas causas a la jurisdicción civil. Los investigadores militares no deberían iniciar investigaciones sobre violaciones a los DH.

Propusieron que el Estado mexicano adopte protocolos especiales de investigación para los delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos, que exijan un examen exhaustivo de la posibilidad de que el delito haya estado motivado por la profesión de la víctima.

Y que el Estado mexicano aplique la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para ello debe destinar los recursos necesarios para una puesta en marcha efectiva y transparente del Mecanismo, de manera que garantice una estrecha coordinación entre los órganos responsables de las medidas preventivas y de protección, y logre la plena participación de periodistas,los defensores y las defensoras de los derechos humanos, la sociedad civil y los beneficiarios en la puesta en marcha y el funcionamiento del Mecanismo.

Además de que el Estado aplique de manera pronta y efectiva la Ley General de Víctimas y garantice la participación plena y representativa de la sociedad civil y de las víctimas en la aplicación y el funcionamiento de la Ley.

Además que el Estado asegure que las víctimas, los familiares y las personas defensoras de derechos humanos que hacen campaña para que se haga justicia en casos de violaciones perpetradas por funcionarios público reciban protección eficaz contra amenazas y agresiones para que puedan continuar con su actividad legítima de conseguir la verdad y la justicia sin temor a represalias.

Que el Estado mexicano detenga la conformación de grupos paramilitares y desmantele los ya existentes mediante la investigación, el juicio y el castigo a quienes lo inspiran, organizan, comandan, integran, apoyan y financian, y que combata la complicidad y la participación de los funcionarios del Estado y miembros del Ejército, Marina y Policía Federal.

Por Estela Juárez Aguilar

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