Grupo Formula; Llama AI a colocar urgente mecanismo de protección a defensores en México

Llama AI a colocar urgente mecanismo de protección a defensores en México

21 de Febrero, 2012

Lo anterior, a través de una carta dirigida al secretario de Gobernación, luego de las declaraciones que hiciera el funcionario federal, reiterando el compromiso del gobierno por los derechos humanos y por la protección de quienes lo defienden. En el escrito Amnistía Internacional resalta los casos de Norma Esther Andrade, Eva Alarcón y Marcial Bautista.

Amnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno mexicano, a poner en marcha un mecanismo de protección eficaz para los defensores de Derechos Humanos en nuestro país.

Lo anterior, a través de una carta dirigida al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, luego de las declaraciones públicas que hiciera el funcionario federal, reiterando el compromiso de su gobierno por los derechos humanos y por la protección de quienes lo defienden.

Al respecto, el organismo internacional, dijo ver positiva esta postura, sin embargo, externó su profunda preocupación, por la grave situación que atraviesan los defensores de derechos humanos en México.

Y es que, al día de hoy, de acuerdo con AI, los defensores siguen enfrentando abusos graves, frecuentes e impunes, al ser víctimas de asesinatos o intentos de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de criminalización.

Ejemplo de lo anterior, es que el próximo 20 de febrero, se cumplen tres años del día en el que los defensores de los derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron hallados muertos en Tecoanapa, estado de Guerrero.

Estos defensores eran respectivamente, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas Me’phaa (tlapanecos) y Na savi (mixtecos).

Sin embargo, a tres años de este grave incidente, su caso continúa en la impunidad y paralelo a ello se encontran estudiando un nuevo caso de abuso contra otro de los líderes de esta misma organización.

De igual forma, está el caso de Norma Esther Andrade, miembro fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa; una organización creada en 2001 para luchar contra la impunidad y la justicia en los casos de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

La activista fue objeto de dos graves atentados contra su vida en menos de dos meses. El último de ellos ocurrió el 3 de febrero de 2012 en el Distrito Federal, frente al lugar donde se había reubicado para protegerse luego del primer atentado en diciembre.

De acuerdo con la misiva de AI, la protección otorgada a Andrade por las autoridades, fue totalmente inadecuada, mostrando de nuevo la falta de eficacia de las medidas de seguridad brindadas por las autoridades.

Asimismo, destaca el caso de Eva Alarcón y Marcial Bautista, ambientalistas de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), quienes fueron víctimas de desaparición forzada y desde el 7 de diciembre de 2011 se desconoce su paradero.

Hasta el momento, sus hijos continúan en la búsqueda pero a causa de ello también han sido objeto de intimidaciones, indicó Amnistía.

Por otra parte, señaló el asunto del líder indígena Maximino García Catarino, miembro de la OFPM, misma organización de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quien se encuentra detenido en la prisión de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero desde el 20 de enero de 2012.

Según los informes del organismo internacional, García Catarino, permanece allí bajo cargos de homicidio, aunque, AI considera que su caso tiene grandes similitudes con el proceso infundado contra otro defensor de la región, Raúl Hernández quien fue encarcelado durante dos años y adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia.

De igual forma, se encuentran encarcelados los líderes indígenas y defensores comunitarios del agua, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán en el estado de Puebla desde el 13 de enero de 2010.

Ambos han sido sentenciados a casi siete años de prisión y actualmente esta decisión está siendo revisada a través de un recurso de amparo. Al momento de su detención ellos estaban ejerciendo los cargos de Presidente Auxiliar de Atla y Juez Menor de Paz tras haber sido elegidos como tales por su comunidad. Uno de sus principales proyectos era lograr proveer de agua potable a toda la comunidad a través de la instalación de los correspondientes tubos y tomas de agua en cada casa.

Al respecto, Amnistía Internacional, subrayó que continúa analizando los casos de Maximino García Catarino, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en tanto, que han observado en ellos, una coincidencia con el patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, ausencia del principio de presunción de inocencia y de irregularidades procesales que hemos documentado anteriormente en varios otros casos de abusos contra defensoras y defensores de derechos humanos en México.

Los detalles mismos de cada caso, dijo, permiten pensar que el verdadero motivo por el cual estos tres líderes indígenas se encuentran detenidos, es por la defensa de los derechos humanos de sus comunidades indígenas. Por lo tanto, de confirmar esta situación, Amnistía internacional los reconocerá como presos de conciencia y solicitará su liberación inmediata e incondicional.

Y es que, proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado Mexicano establecida en la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte, afirmó el AI.

Agregó, que esto incluye, la obligación de proteger a través de medidas específicas la vida, la integridad y la libertad de quienes defienden los derechos humanos.

Por lo tanto, dijo el organismo internacional a Poiré, si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su gobierno, es imprescindible en primer lugar poner en marcha un mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos que merezca la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que puedan seguir con sus legítimas actividades de defender los derechos humanos.

Asimismo, enfatizó en que es necesario que las autoridades federales y estatales garanticen que se ponga fin al mal uso del sistema de administración de justicia que sigue prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos.