Aumentan desapariciones de activistas, ¿personajes incómodos? 10 de noviembre de 2012

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Alejandra Ancheita, directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) expone que en México las agresiones contra mujeres activistas incrementaron 25% durante los últimos tres años y al menos 11 defensoras fueron asesinadas tras denunciar a ministeriales y empresarios, además revela que en el último año se registraron cerca de 100 ataques contra activistas que aún siguen impunes.

Aumentan desapariciones de activistas, ¿personajes incómodos?

Viernes, 09 de Noviembre de 2012 17:01

Víctor Manuel Gómez Corona

**Las agresiones contra mujeres "luchadoras sociales" se incrementaron 25% durante los últimos tres años y al menos 11 defensoras fueron asesinadas tras denunciar a ministeriales y empresarios **Tras la desaparición de Celedonio Monroy, la CDHEJ cuestiona la actuación de los policías de Colima **Las manifestaciones de jóvenes en el jardín Libertad desaparecieron súbitamente; antes habían denunciado hostigamiento policiaco.

Incómodos o no, el incremento de activistas en México es una realidad. Y aunque apenas han sonado cerca de una decena de casos en los últimos tres años, el problema persiste y tiende a incrementarse. Víctimas de la delincuencia organizada o incluso el Estado, los "luchadores sociales" se han visto amenazados por la labor que realizan.

Cuatro relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgieron en semanas pasadas al gobierno mexicano a aplicar de manera rápida y efectiva la ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. “Los defensores de derechos humanos en México necesitan desesperadamente la protección efectiva del Estado ahora”, señaló Margaret Sekaggya, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, a través de un comunicado.

Alejandra Ancheita, directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) expone que en México las agresiones contra mujeres activistas incrementaron 25% durante los últimos tres años y al menos 11 defensoras fueron asesinadas tras denunciar a ministeriales y empresarios, además revela que en el último año se registraron cerca de 100 ataques contra activistas que aún siguen impunes.

“Amenazas, seguimientos, vigilancia, acoso; ya definitivamente en algunos casos hasta secuestros, desapariciones forzadas, tortura, criminalización, detenciones arbitrarias y, bueno, son parte de la definición de las agresiones contra las defensoras”, acusó. La activista subrayó que México se ha posicionado, después de Colombia, como el país más peligroso de Latinoamérica para ser mujer y activista.

En 2012 dos organizaciones defensoras de derechos humanos cerraron sus puertas para salvaguardar la vida de sus dirigentes: La primera fue el Centro Integral de Atención a Mujeres (CIAM) en Quintana Roo, dirigido por la periodista Lydia Cacho, luego de que la activista se refugió en Estados Unidos al ser amenazada de muerte; mientras, en marzo, el Centro de Apoyo al Trabajador en Puebla también dejó de funcionar cuando Blanca Velázquez, su presidenta, fue amenazada y uno de sus compañeros desaparecido.

MONROY, EN EL OJO DEL HURACÁN

La noche del pasado 23 de octubre desapareció Celedonio Monroy Prudencio. La víctima es un líder indígena y defensor de la Reserva de la Biósfera de Manantlán, quien constantemente ha estado abogando por el derecho de la tierra. Según las versiones que han dado algunos testigos, fueron siete hombres armados los que se introdujeron violentamente a su vivienda en la comunidad de Loma Colorada en Cuautitlán, Jalisco cerca del límite con Colima.

La Comisión de derechos Humanos del Estado de Jalisco expuso enseguida que sospechaba que policías de Colima pudieron ser los responsables, así lo asentó en la investigación 34/2012: “Se le busca en diversas corporaciones federales y estatales, en colaboración con autoridades de Colima, porque se presume que pudieron ser agentes de esa entidad quienes se lo llevaron", según Luis Arturo Jiménez, director de quejas en la CEDHJ.

Sin embargo, las autoridades en Colima se deslindaron del hecho. Monroy tiene 37 años de edad, egresó en 2006 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima , recientemente se ha vuelto un defensor del medio ambiente oponiéndose a la tala clandestina que ocurre en la Sierra de Manantlán.

Q. E. P. D.

En 2010, Marisela Escobedo Ortiz, quien había encabezado una serie de manifestaciones para exigir el esclarecimiento de la muerte de su hija Rubí, fue asesinada a quemarropa en Chihuahua. Según el fiscal de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, la activista fue atacada por un hombre que le disparó en la cabeza en plena protesta poco después de las 20:00 horas, a las afueras del Palacio de Gobierno del estado.

Casi dos años después del crimen de la activista Marisela Escobedo Ortiz —en octubre de este año—, el gobierno de Chihuahua anunció la detención de José Enrique Jiménez, alias “El Wicked”, un joven de 29 años, quien presuntamente recibió la orden de un capo de Los Zetas, Jesús Antonio Rincón, “El Tarzán”, quien ya se encuentra en la cárcel. Sin embargo el acusado dijo que la orden venía de "más arriba". Otro caso similar fue el de Nepomuceno Moreno, asesinado por buscar a su hijo. En su tierra, Sonora, a ’don Nepo’ le quitaron todo: a su hijo de 17 años se lo “llevaron” el 1 de julio de 2010. Y en noviembre de 2011, hace casi un año, le arrancaron la vida con siete balazos y con ello la esperanza de encontrar a su hijo, Jorge Mario Moreno León.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora declaró antes que no sabía que Nepomuceno Moreno había denunciado a policías estatales, así lo comentó el vocero de la dependencia, José Larrinaga. Además, el funcionario dijo que una de las líneas de investigación es que Nepomuceno Moreno tuviera nexos con grupos del crimen organizado, y añadió que es “falso” que el activista haya solicitado protección a las autoridades estatales, “en ningún momento tenemos una solicitud formal”.

MÁS DESAPARECIDOS

El pasado 26 de julio del 2012, Luis Enrique Nava Castañeda, coordinador de las juventudes capitalinas del partido Movimiento Ciudadano, y los psicólogos Diego Antonio Maldonado y Ana Belem Sánchez, fueron reportados como desaparecidos en Paracho, Michoacán, luego de participar el VII Festival Internacional de Globos de Cantoya.

Familiares del dirigente juvenil informaron que los tres jóvenes, todos de 28 años, fueron vistos por última vez durante el encuentro cultural realizado en la Casa para el Arte y la Cultura Purépecha de Paracho, al que acudieron por contratación para impartir cursos y talleres infantiles. Una de las versiones indica que fueron extraídos por la fuerza del hotel Santa Fe, durante la noche del sábado 21 de julio, por un grupo de sujetos cuyas características no pudieron ser establecidas.

Por otro lado, en diciembre del año pasado, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) encabezado por el poeta Javier Sicilia, denunció la desaparición de tres de sus miembros en dos hechos ocurridos en los estados mexicanos de Guerrero y Michoacán. Mientras, también se anunció la desaparición de Aleph Jiménez, vocero de la asamblea de #YoSoy132 en Ensenada, Baja California, quien después apareció para dar a conocer que estaba huyendo luego de haber recibido amenazas.

La asamblea de #YoSoy132 en Ensenada, de la que Aleph Jiménez era vocero, había hecho responsables al presidente municipal Enrique Pelayo Torres y al gobernador José Guadalupe Osuna Millán, por cualquier cosa que les pasara, antes incluso de la desaparición de Aleph. El pasado 23 de julio activistas, artistas e integrantes de movimientos estudiantiles denunciaron en redes sociales la desaparición de por lo menos 31 personas detenidas en las ciudades de Oaxaca y León después de la Marcha Nacional contra la Imposición celebrada en varias ciudades del país y el extranjero.

En Oaxaca, integrantes de colectivos artísticos publicaron en Facebook la foto de David Venegas Reyes, “El Alebrige”, quien fue el orador del mitin en el que culminó la marcha anti Peña Nieto y que fue detenido junto con 24 activistas más por la Policía Municipal. Enseguida, el presidente municipal de Oaxaca, Luis Ugartechea, informó a la prensa que los detenidos fueron liberados al pagar una multa de 30 mil pesos.

COLIMA, VOCES DE ALARMA

Además de las acusaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco ante la posibilidad de que policías de Colima hayan participado en la desaparición del activista Celedonio Monroy, varios jóvenes habían denunciado en meses anteriores el hostigamiento del que eran víctimas por parte de la policía estatal.

Entrevistados por este reportero, los primeros días de septiembre de este año Mónica Barajas y Alejandro Bueno, voceros de los movimientos "2 de julio" y "Colima se suma", respectivamente, revelaron la presión que estaban recibiendo por parte de las autoridades municipales y estatales. El día del ’Grito de Independencia’ desaparecieron del Jardín Libertad en Colima, en donde solían reunirse todas las tardes.

En aquél entonces, los jóvenes evidenciaron que con el corte de luz en la plaza, el bloqueo de internet, hostigamiento policiaco hasta sus hogares y algunas peticiones "ilógicas", los gobiernos estatal y municipal pretendían que los integrantes de los movimientos dejaran de realizar marchas, manifestaciones y otras actividades artísticas, culturales e informativas que habían venido realizando desde hace cerca de dos meses atrás.

Revelaron que los integrantes de los movimientos sí habían tenido la marcación de la policía todo el tiempo, "inclusive cuando estamos en nuestras casas han llegado por ahí patrullas a vigilarnos. Sí hemos tenido esa guerra psicológica, tratan de amedrentarnos de alguna manera teniendo las patrullas cerca de nuestras casas, pero aún así seguimos en la lucha para que la gente vea que hay una Constitución que nos ampara, hay unos derechos humanos que deben respetarse, hay leyes que dicen que nosotros podemos salir a protestar de manera pacífica. Es lo que estamos haciendo".

Mónica Barajas y Alejandro Bueno también se dijeron inconformes con el proceso de las elecciones del primero de julio y con el fallo del TEPJF a favor de Enrique Peña, y manifestaron que Colima es un estado que tiene muy poca actividad de protesta, "le tiene mucho miedo a la protesta, tienen una tradición de servilismo priista" y contra eso estamos trabajando, "pero muchos de ellos, por el miedo y la apatía, han dejado ese lado rebelde, de buscar justicia".

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