Vanguardia; Mala protección a periodistas 25 de noviembre de 2012

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Nada nos asegura que el próximo gobierno acelere la firma de los convenios y la implementación del mecanismo a nivel nacional. Sobre todo si entendemos que los estados en los que más violaciones han sufrido los periodistas y defensores de derechos humanos son gobernados por el PRI y uno de ellos es el Estado de México. Tenemos que empujar la firma de los convenios locales y presionar a los legisladores para que le otorguen la importancia que tiene este asunto incrementando el presupuesto que se asignado para esta causa. Perder tiempo es perder vidas.

Mala protección a periodistas

Voz Invitada

24 noviembre 2012

Maite Azuela

El sexenio del Presidente Felipe Calderón terminó sin que hubiera un avance tangible en términos de la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Los números no dejaron de incrementarse y los mecanismos legales y ejecutivos para garantizar su vida y su integridad se dejaron para el último minuto.

De enero del 2011 a mayo de este año el Comité Cerezo México, organización dedicada a la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos- tenía contabilizadas 353 violaciones contra defensores de derechos humanos. Además durante este mismo periodo detectaron 29 ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales, que hacen parecer como muertes producto del crimen organizado. Este informe arroja también que hasta el primer semestre de este años 970 luchadores sociales han sido detenidos por motivos políticos, 64 han desaparecido y alrededor de 70 han sido ejecutados extrajudicialmente. No está demás aclarar que los datos reflejan únicamente los casos que fueron documentados o publicados por los medios de comunicación, así que habrá que calcular al menos el doble de esta cantidad de casos que han sucedido sin registro. Por lo que se refiere a la seguridad de los periodistas, la “Campaña Internacional por un Emblema de Prensa” CPE calificó a México como el tercer país más peligroso para los periodistas. Tenemos en nuestro triste registro más de 70 periodistas asesinados durante los dos últimos sexenios, de los cuales 45 corresponden a este último.

La llegada de Alejandro Poire a la Secretaría de Gobernación y sus reiterados discursos sobre la importancia de proteger los derechos humanos y valorar el papel de los defensores y periodistas en esta labor, generó cierta expectativa sobre la agilidad que se le daría a la institucionalización de protocolos y compromisos federales para garantizar la protección de luchadores sociales. Pero fue un tema en el que no tuvieron prisa. Una vez aprobada la Ley para protección de defensores de derechos humanos y periodistas, quedó instalada la Junta de Gobierno de Mecanismos de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, a días de la entrega del poder ejecutivo al nuevo gobierno, será imposible responsabilizar a alguien de los resultados que arroje esta figura. Basta echar un ojo al presupuesto que le fue asignado, para entender que su conformación ha sido más un acto improvisado de simulación que una estrategia de largo plazo con suficiente fuerza institucional para funcionar, ya que la junta contará sólo con 40 millones de pesos.

Sumemos a la procrastinación del Ejecutivo el hecho de que para que este mecanismo sea operable, tendrá que contar con la firma de los convenios de cooperación de los mecanismos de los gobiernos de los 32 estados de la República mexicana. Así que el freno sigue puesto y nos tomará al menos un año más escuchar los efectos que este mecanismo generó para evaluar si realmente fungió como ente garante del ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos de acuerdo los estándares internacionales en la materia.

Las acciones de gobierno evidencian las prioridades de los gobernantes. No sólo al elegir las problemáticas de atención urgente, sino al destinar y delegar capital humano y financiero para materializarlas, definir los tiempos para hacerlas efectivas, evaluarlas e incluso reencaminarlas. La entrega que hasta ahora hace Calderón tras seis años de gobierno, muestra que la vida y la integridad de nuestros luchadores sociales y periodistas, no estuvo entre sus prioridades.

Nada nos asegura que el próximo gobierno acelere la firma de los convenios y la implementación del mecanismo a nivel nacional. Sobre todo si entendemos que los estados en los que más violaciones han sufrido los periodistas y defensores de derechos humanos son gobernados por el PRI y uno de ellos es el Estado de México. Tenemos que empujar la firma de los convenios locales y presionar a los legisladores para que le otorguen la importancia que tiene este asunto incrementando el presupuesto que se asignado para esta causa. Perder tiempo es perder vidas.

Comentarios: @maiteazuela

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