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En un año, 120 casos de violaciones de DH a defensores

07 de octubre de 2013

Martes 8 de octubre de 2013

De acuerdo con el informe “Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad”, realizado por el Comité Cerezo México, en conjunto con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos A.C, y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, detallaron que en Zacatecas y Baja California se dieron al menos 19.5 por ciento de las violaciones a sus derechos humanos registradas durante mayo a noviembre del 2012.

Mientras, el Estado de México, Durango, Baja California, Quintana Roo e Hidalgo representaron el 34.7 por ciento de las violaciones a derechos humanos, en ese mismo lapso.
Los legisladores argumentaron que la modalidad en que son cometidas estas tretas, en primer lugar está por comisión, seguida por aquiescencia y por último por omisión.

En tanto, con base en una tipología de las agresiones en el período de mayo a noviembre 2012, el hostigamiento, agresión y amenaza encabezan la lista. Para diciembre 2012 a mayo 2013, la amenaza se ubica en segundo lugar seguida de la agresión.

En un año, 120 casos de violaciones de DH a defensores

Distrito Federal - 2013-10-07

Antonio Rebollo Rendón / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO

En México, de junio del 2012 a mayo del 2013 se documentaron 120 casos de violaciones a los derechos humanos de defensores sociales, informaron los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila.

A través de un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Derechos Humanos, precisaron que de mayo a noviembre del 2012, los estados de Oaxaca, Veracruz y Guerrero concentraron el 50 por ciento de estas agresiones; mientras que de diciembre 2012 a mayo 2013 fueron Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Por ello, plantearon exhortar a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los agravios en contra de estos defensores.

De acuerdo con el informe “Defender los derechos humanos en México: el costo de la dignidad”, realizado por el Comité Cerezo México, en conjunto con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos A.C, y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, detallaron que en Zacatecas y Baja California se dieron al menos 19.5 por ciento de las violaciones a sus derechos humanos registradas durante mayo a noviembre del 2012.

Mientras, el Estado de México, Durango, Baja California, Quintana Roo e Hidalgo representaron el 34.7 por ciento de las violaciones a derechos humanos, en ese mismo lapso.
Los legisladores argumentaron que la modalidad en que son cometidas estas tretas, en primer lugar está por comisión, seguida por aquiescencia y por último por omisión.

En tanto, con base en una tipología de las agresiones en el período de mayo a noviembre 2012, el hostigamiento, agresión y amenaza encabezan la lista. Para diciembre 2012 a mayo 2013, la amenaza se ubica en segundo lugar seguida de la agresión.

Refieren que la “Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013”, de la CNDH documentó 310 expedientes de agravios a defensores en el período comprendido de 2005 a 2012, en los cuales las autoridades mayormente señaladas como presuntas responsables son la Procuraduría General de la República, las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, así como la Policía Federal y la Fiscalía General de Chihuahua.

De igual modo, precisaron que la CNDH reporta que las entidades federativas con más agravios a defensores de derechos humanos son Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal, mientras que los derechos más violentados están relacionados con seguridad jurídica y personal, legalidad, integridad y libertad, así como propiedad y posesión.

Por ello, añadieron, la CNDH presentó tres propuestas sobre educación, protección y atención, las cuales buscan que las autoridades y servidores de los tres ámbitos de gobierno, en especial de aquellos involucrados en funciones de seguridad pública y procuración de justicia, respeten el trabajo de los defensores de derechos humanos.

También buscan establecer lineamientos para una oportuna y eficaz implementación de medidas cautelares e instrumentar acciones coordinadas para la atención integral de los agravios cometidos en contra de los defensores.


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